Tomando
la palabra
Excelente
iniciativa
Francisco
Díaz Rodríguez*
Ocho
días atrás, el colega Edgard
Hernán Varela recordaba, en estas
páginas, la proximidad del décimo
aniversario de los Acuerdos de Paz, en enero de
2002.
Señalaba, con acierto, que los
numerosos éxitos en su cumplimiento,
injustificadamente llevó a algunos a
asumir que "los propósitos de los
Acuerdos de Paz se habían logrado", y
agregó, con mayor acierto, que una vez
alejados los mecanismos internacionales creados
para la verificación de su cumplimiento
"es responsabilidad exclusiva de la sociedad
salvadoreña pasar revista a los logros
alcanzados y a los desafíos pendientes de
superar, para que sean las instituciones locales
y los ciudadanos salvadoreños los que
hagamos un balance objetivo de todo lo
acontecido en los últimos diez
años de vida" de dichos Acuerdos.
Incluyó, además, el Informe de la
Comisión de la Verdad y el del Grupo
Conjunto. Para ello, y para otras tareas,
propone la convocatoria a "un magno congreso
nacional con la participación de todos
los sectores nacionales".
¡Excelente iniciativa! ante la cual,
dado que estos temas y textos no están al
alcance de todos, quiero contribuir trayendo
aquí algunas de las principales
recomendaciones de la Comisión de la
Verdad, de modo que los interesados tengamos una
idea exacta de lo que se trata.
En materia de administración de
justicia, entre otras cosas, la Comisión
señaló:
"Una de las necesidades más
apremiantes de la democracia salvadoreña
para consolidarse en un verdadero Estado de
Derecho es la transformación de un
sistema judicial.
"Una de (sus) deficiencias más
notorias (...) que es esencial superar es la
alta concentración de funciones en manos
de la Corte Suprema de Justicia y, en
particular, de su Presidente como rector del
Órgano Judicial. Esta
concentración de funciones menoscaba
seriamente la independencia de los jueces de
instancias inferiores y de los abogados, en
perjuicio del sistema en su conjunto.
"Los jueces no deberían ser nombrados
y removidos por la Corte Suprema de Justicia
sino por un Consejo Nacional de la Judicatura
independiente.
"Cada juez debería responsabilizarse
de la administración de los recursos del
juzgado a su cargo, rindiendo cuentas al Consejo
Nacional de la Judicatura.
"La autorización para el ejercicio de
la profesión de abogado o notario y la
suspensión o sanción a dichos
profesionales deberían ser funciones
atribuidas a un ente especial independiente y no
a la Corte Suprema de Justicia".
Las cuatro recomendaciones
están pendientes.
En lo que se refiere a la Ley de la Carrera
Judicial, hace diez años, la
Comisión recomendó que ella:
"debería establecer que sólo
podrán permanecer en la carrera aquellos
jueces que, según una rigurosa
evaluación realizada por el Consejo
Nacional de la Judicatura, hayan demostrado
vocación judicial, eficiencia,
preocupación por los derechos humanos y
estén rodeados de las garantías de
independencia, criterio judicial, honestidad e
imparcialidad en sus actuaciones". Este es un
mensaje que debería inspirar a la
Comisión actualmente en funciones,
nombrada por la Corte para analizar la
situación de numerosos casos de
licenciados con irregularidades en sus
procedimientos de graduación.
En cuanto a amparo y exhibición
personal, la Comisión propuso que "todos
los jueces de primera instancia deberían
ser competentes", y que "la Corte Suprema de
Justicia debería quedar reservada
sólo como última instancia de
dichos procedimientos".
Actualmente, del amparo conoce sólo la
Sala de lo Constitucional, aunque algunos jueces
de primera instancia pueden recibir demandas
para trasladarlas. De la exhibición
personal, en cambio, conocen la Sala y las
Cámaras de Segunda Instancia con
residencia fuera de la capital. ¿Por
qué no equiparar al menos en este aspecto
los procedimientos?
En busca de la reconciliación
nacional, la Comisión propuso, para la
reparación material, la creación
de un fondo especial a fin de proporcionar "una
compensación material adecuada a las
víctimas de la violencia", y para la
reparación moral: "La construcción
de un monumento nacional en San Salvador con los
nombres de todas las víctimas del
conflicto, identificadas; el reconocimiento de
la honorabilidad de las víctimas y de los
graves delitos de los que fueron
víctimas; el establecimiento de un
feriado nacional recordatorio de la
víctimas del conflicto y de
afirmación de la reconciliación
nacional".
Para el primero, seguro dirán "no hay
dinero", pero, ¿para un monumento tampoco?
¿Por qué no aprovechar el
décimo aniversario aunque sea para
rebautizar, solemnemente, alguno? El
reconocimiento de la honorabilidad de las
víctimas no cuesta nada, es apenas un
gesto. ¿Sería posible en enero 2002
tenerlo? Y el feriado que duró
sólo dos años, ¿por
qué no restituirlo o sustituirlo por otro
menos importante? Por lo menos quedan las
propuestas.
