Breve
análisis
1992-Acuerdos de
Paz-2002
Edgar Hernán
Varela*
edgar-hernan-varela@hotmail.com
El 16 de enero de 2002 se cumplirán 10
años de la firma de los Acuerdos de Paz,
sin que se hayan realizado en su totalidad,
constituyéndose en un desafío a
superar por el gobierno y la sociedad, que
aspiran a consolidar las estructuras
democráticas.
Es innegable que el cumplimiento de una
significativa cantidad de compromisos
propició que organizaciones nacionales e
internacionales asumieran, injustificadamente,
que los propósitos de los Acuerdos de Paz
se habían logrado, y por lo tanto, no
existían razones para continuar
insistiendo en la satisfacción del resto
de obligaciones pendientes. En ese contexto, se
disminuyeron los ritmos de trabajo de los
mecanismos de exigibilidad y rediseñaron
las estrategias de cooperación hacia la
consolidación de la paz, la democracia y
el desarrollo humano.
Al recordar la Proclama de la Fuerza Armada
de 1979, el golpe de Estado se justificó
por la violación de los derechos humanos,
la corrupción en la administración
pública y de la justicia y de un desastre
económico y social. Durante el conflicto
armado, las causas estructurales que dieron
origen al conflicto se agudizaron, pretendiendo
los Acuerdos de Paz de 1992 sentar las bases
para remontarlos. Sin embargo, el Foro de
Concertación Económica y Social se
suspendió, el proyecto general de
reformas al sistema electoral no se
perfeccionó y la modernización del
sistema judicial no se profundizó.
Como es de nuestro conocimiento, los Acuerdos
de Paz incluyen el documento suscrito en enero
de 1992, así como el Informe de la
Comisión de la Verdad (1993) y el Informe
del Grupo Conjunto (1994). Todos ellos contienen
recomendaciones específicas para superar
los desafíos derivados de la inseguridad
humana, de la falta de credibilidad ciudadana en
sus instituciones y de la construcción de
una democracia participativa. Merecen particular
atención los señalamientos al
sistema judicial.
Todavía no se ha realizado un
inventario nacional de los compromisos cumplidos
y de los pendientes de ejecución, por lo
que los Acuerdos de Paz aún no son una
historia de éxito total que contar. En
julio 1997, el Secretario General de las
Naciones Unidas hizo una evaluación final
del proceso de paz (A/51/917), dando por
terminadas las funciones de su unidad de apoyo
específica, dejando la sensación
de que, en lo sucesivo, la organización
no se mantendría políticamente
vigilante con el resto de acuerdos pendientes de
ejecución, sino por un período de
seis meses adicionales.
En ese contexto, habiendo las Naciones Unidas
finiquitado su trabajo con los Acuerdos de Paz y
elaborado nuevas estrategias para la asistencia,
movilización de recursos,
ejecución y supervisión de
proyectos, es responsabilidad exclusiva de la
sociedad salvadoreña pasar revista a los
logros alcanzados y a los desafíos
pendientes de superar, para que sean las
instituciones locales y los ciudadanos
salvadoreños los que hagamos un balance
objetivo de todo lo acontecido en los
últimos diez años de vida de los
Acuerdos de Paz. El 16 de enero de 2002 se
convierte en una excelente ocasión para
analizar la historia reciente de El Salvador y
comprometernos, como sociedad, a continuar
haciendo esfuerzos vernáculos para que
dichos acuerdos se cumplan totalmente.
Soy de la opinión que el mundo
académico universitario, liderado por la
UTEC, UCA y UES, convoque a un magno congreso
nacional con la participación de todos
los sectores nacionales, para celebrar los 10
años de la firma de los Acuerdos de Paz,
combinando las ponencias magistrales con la
integración de mesas de trabajo, para
analizar temas específicos de los tres
documentos antes mencionados. Se
elaboraría el inventario de los logros
alcanzados, de las recomendaciones pendientes de
cumplimiento y se señalarían
nuevos caminos a recorrer para el cumplimiento
integral de ese importante documento que
sentó las bases de una nueva
República.
Finalmente, estimo apropiado que en ese magno
congreso se contemple la participación
sumamente activa de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos, la
institución predilecta de los Acuerdos de
Paz, a la cual, independientemente de sus
condiciones actuales, debemos darle la
oportunidad de abrir nuevos espacios para
propiciar una mejor convivencia y armonía
social. Sin duda alguna, son las instituciones
nacionales las obligadas políticamente a
facilitar estos encuentros, así como
también los diversos procesos de
construcción de concertación
social que se impulsen al amparo de los Acuerdos
de Paz.
* Dr. en
Derecho.
