APES pide se
garantice la libertad de prensa
La Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES) pidió, el martes pasado,
a la Asamblea Legislativa, la derogación
del artículo 324 del Código Penal,
el cual atenta contra la libertad de
prensa
Wilfredo
Moreno
El Diario de Hoy
El Artículo 324 del Código
Penal tipifica como delito y castiga con
prisión de seis a tres años a los
funcionarios y empleados públicos que
revelen o divulguen hechos actuaciones o
documentos que debieran permanecer secretos.
La Asociación de Periodistas de El
Salvador (APES) hace su petición tras la
condena que hiciera la Asociación
Interamericana de Prensa (SIP) contra el Fiscal
General, Belisario Artiga, "al impedir el libre
flujo de información a medios de las
entidades gubernamentales sobre asuntos de
interés público, y le invita a
cesar de inmediato la persecución contra
fuentes informativas".
Artiga fue cuestionado por exigir la renuncia
al funcionario que divulgó un informe
confidencial relacionado al listado de abogados
que supuestamente obtuvieron su título de
manera fraudulenta.
David Rivas, presidente de APES, asegura que
tal disposición viola el Artículo
13 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y atenta contra el libre flujo
de información establecido en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos.
"El artículo, tal como está
planteado en el Código Penal, es una
verdadera 'tranca' para la libertad de prensa.
Además, es un instrumento intimidatorio
para aquellas que pudieran estar como fuentes de
información", sostuvo Rivas.
El Presidente de APES dijo estar de acuerdo
en que alguna información pueda merecer
"cuidado especial" e incluso tenga manejo
restrictivo, pero únicamente cuando se
relacione con la seguridad nacional.
Sin embargo, el problema se da, porque, tal
como lo estipula el Código, se impide a
los periodistas que obtengan información
valiosa que no sólo debe ser accesible a
ellos, sino también a los ciudadanos.
De no lograrse la derogación del
Artículo 324, la APES considera que se
debe aplicar una nueva redacción.
La APES pidió también a los
diputados tratar una pieza de correspondencia
introducida el 29 de septiembre de 1998, en la
que se solicitaba la reforma del Artículo
272 del Código Procesal Penal.
El Artículo 272 establece que "el
proceso penal será público, pero
el juez podrá ordenar, por
resolución fundamental, la reserva
parcial o total de un caso, cuando la moral o el
interés público o la seguridad lo
exijan".
Consideró que, ante esa
situación, la Asamblea debería
sostener un encuentro con periodistas para
revisar la normativa penal, para velar por el
libre ejercicio de la prensa, manifestó
el presidente de APES.
