Tomando
la palabra
Liberales de
mentiras
Salvador
Samayoa
Estaba
a punto de escribir acerca de la importancia
sociológica y política de
incorporar al mal llamado sector informal de la
economía al sistema tributario, pero he
cambiado de opinión. Estaba a punto de
argumentar en torno a la diferencia entre
"informalidad" y "marginalidad", como
categorías económicas y sociales,
para concluir que no es la señora
paupérrima y humilde que mal vive de su
canasto la que debe ser agregada a la base
tributaria, sino los miles de comerciantes que
viven mejor que la mayoría de ciudadanos
y no declaran sus rentas ni se someten al Estado
de Derecho.
He cambiado de opinión al analizar
más despacio el significado profundo de
la iniciativa de un grupo de diputados,
tendiente a dejar sin efecto práctico la
regulación de la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas. He cambiado de
opinión porque lo que esta
posición significa en el fondo es el
más absoluto desprecio al concepto de
ciudadanía, a los principios
constitucionales en los que se asienta el Estado
de Derecho y a cualquier noción de
prevalencia del interés social sobre los
intereses particulares.
El mensaje que estaría enviando la
Asamblea Legislativa es que cada individuo,
sobre todo si es "empresario" y si tiene
algún poder, puede hacer lo que le venga
en gana, sin tomar en consideración las
implicaciones sociales de su conducta. El
mensaje es que las normas de convivencia no se
deben respetar, porque seguramente
cambiarán en pocas semanas. El mensaje es
que los intereses particulares siempre
prevalecen sobre los intereses sociales. El
mensaje es que la opinión, las
necesidades, las aspiraciones y los derechos de
la mayoría son, simplemente,
irrelevantes.
Parece que en nuestro país los
ciudadanos decentes no tienen derechos.
¿Qué importa que una cantina o un
bar le arruine la vida a miles de vecinos? El
sujeto de derecho es el propietario, no la
población. ¿Qué importa la
seguridad ciudadana? ¿Qué
importancia tienen los esfuerzos por reducir los
niveles de violencia? Lo único que se
debe respetar es la sacrosanta libertad
económica de los dueños de los
negocios.
La Policía Nacional Civil ha
establecido, de manera contundente, la
incidencia positiva de las ordenanzas
municipales en la reducción de la
violencia, particularmente en la
reducción de los homicidios y de los
accidentes de tránsito, pero eso no
importa. El mismo día en que se
conoció la posición de los
diputados de ARENA, se publicó la
encuesta CID-Gallup mostrando que el 70% de la
población respalda la prohibición
de vender y consumir bebidas alcohólicas
después de la medianoche, pero eso
tampoco importa. Adicionalmente, el 13% respalda
de manera más general las ordenanzas, sin
pronunciarse sobre la hora, pero eso tampoco
importa. Sólo un 5% de la
población respaldó el horario que
quieren imponer los diputados de derecha, pero
eso tampoco importa. ¿Quién ha dicho
que las leyes deben responder a las aspiraciones
de la mayoría?
La Constitución de la República
establece de manera clara y expresa que "se
garantiza la libertad económica en lo que
no se oponga al interés social", pero eso
tampoco importa. Siempre hay disposición
a permitir al Estado que suprima derechos y
libertades fundamentales ante situaciones que
pueden salirse de control, pero es impensable
regular de manera efectiva la más
importante y fundamental libertad de
emborracharse.
Los argumentos de los diputados partidarios
del desenfreno son ignorantes y provincianos, en
el mejor de los casos. En el peor de los casos
son argumentos hipócritas, interesados y
serviles. No nos cansaremos de repetirlo: la
mayor parte de ciudades del mundo que albergan
multimillonarios negocios en el ramo de la
hotelería, la gastronomía y el
turismo tiene regulaciones mucho más
severas que las estipuladas en las ordenanzas
municipales en lo relativo a la venta y consumo
de bebidas alcohólicas. La razón
es bien simple: son muchos más los
ciudadanos y los turistas que prefieren la
seguridad y la tranquilidad, que los que buscan
el jolgorio desenfrenado.
Las cúpulas gremiales de la empresa
privada salvadoreña lo han dicho en
repetidas ocasiones: la seguridad es uno de los
factores más importantes para la
inversión y para el clima de negocios.
Los que ganan con las borracheras de madrugada
son muy pocos; los que pierden son muchos, tanto
empresarios como ciudadanos. Los restaurantes
están ahora más vacíos por
la situación económica general, no
por las ordenanzas municipales.
La defensa de la regulación no es una
cuestión de mojigatería. Al
contrario, respaldamos como criterio de salud
mental de la población la mayor cantidad
y variedad posible de diversión y
esparcimiento, pero se debe entender que el
concepto de ciudadanía implica siempre
una transacción, en la que al final se
busca, de una u otra manera, un aumento de
seguridad a cambio de una disminución en
la libertad de acción de los ciudadanos.
Este es el "abc" de la teoría del
derecho. Esta es la definición más
elemental de la visión sociológica
liberal de la seguridad ciudadana.
En una sociedad democrática son los
ciudadanos los que imponen la definición
de la seguridad pública, así como
sus prioridades y los mecanismos que
están dispuestos a aceptar. En El
Salvador, la gente se ha pronunciado de manera
muy clara y en muchas oportunidades. La gente es
mucho más inteligente y decente que
algunos diputados. La gente sabe bien que la
Policía no puede garantizar la seguridad,
si las normas de convivencia social avalan el
caos, la anarquía y la inseguridad.
El problema no es sólo el efecto
directo del consumo incontrolado de bebidas
alcohólicas. El problema es la gran
cantidad de actitudes y conductas individuales y
sociales asociadas a este patrón,
comenzando por el incremento en el consumo de
drogas, la irracionalidad, la agresividad y el
desvanecimiento de los límites que impone
la convivencia civilizada. Si sólo se
tratara de bebedores inofensivos, el problema no
sería tan grave, pero todos conocemos
bien los efectos que produce el exceso de
alcohol.
La ciudadanía como norma de conducta
es siempre una construcción social. El
vendedor ambulante se toma la acera o la calle,
sin importar el perjuicio que causa a los
demás ciudadanos por la misma
razón por la que el comerciante informal
no paga sus impuestos. La razón es que
vive en un país en el que muchos otros
hacen sus ganancias ignorando la responsabilidad
social que les corresponde.
Esta es la esencia del pensamiento
político liberal. Es la esencia de
cualquier teoría del contrato social. Es
la esencia del régimen jurídico
establecido en nuestra Constitución.
Algunos diputados no lo entienden porque son
liberales de pacotilla; porque son liberales de
mentiras, tanto en el sentido de no ser
consecuentes con su propia ideología,
como en el sentido de mentirle a la
población.
