Lunes 22 de octubre 2001



Debacle moral en el Seguro Social

La institución es rehén de verdaderas mafias que son capaces de hacer cualquier cosa: desde vender información sobre pacientes fallecidos a empresas funerarias, hasta inventarle una operación de hernia a un amigo para que viajara a Nueva York y cobrara el subsidio.

Primera parte
EL Diario de Hoy

Tantas anomalías juntas ocurren en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que lo menos que se puede pensar es que esa institución se encuentra en el fondo de un barranco del que sólo un milagro o un verdadero esfuerzo nacional la puede sacar.

Allí ocurre de todo: desde cobros de dinero que hacen funcionarios a empresas funerarias a cambio de darles información sobre pacientes fallecidos, hasta las más insólitas irregularidades con incapacidades en las que se certifican enfermedades inexistentes.

Un médico se dio el lujo que inventarle una operación de hernia a un amigo, tras simular hasta el expediente clínico para que se fuera 15 días de vacaciones a Nueva York. A su disfrute personal, le agregó el cobro del subsidio.

Hace pocos días, el representante de una casa farmacéutica de renombre mundial llamó a los más importantes funcionarios del ISSS para advertirles que las ventas que hace esa compañía de adalat oros, un medicamento que consumen los hipertensos, se les derrumbaron en las farmacias privadas hasta en un sesenta por ciento.

Cuando el funcionario preguntó el porqué, le respondieron: "Porque todo el lote de ese medicamento que le vendí a la institución, posiblemente ya no está en las bodegas del Seguro Social, sino que le cambiaron el empaque y lo están vendiendo hasta en los mercados".

En otra ocasión, los auditores pillaron una verdadera red de mafiosos que, asociados con empleados del ISSS, le compraban los "quedan" o compromisos de pago a proveedores de bienes y servicios que estaban desesperados por los atrasos en los pagos.

A ellos se les acercaban antiguos funcionarios y les compraban los "quedan" con un buen descuento. Lo que no sabían los proveedores es que las demoras en los pagos estaban pactadas con funcionarios del Instituto y que, una vez en sus manos, los redimían en menos tiempo de lo que cualquiera podría pensar.

Cuando se conocen los detalles de todo cuanto ocurre dentro del ISSS, a cualquiera se le puede parar el corazón. Es tal la magnitud de las cosas que pasan ahí, que, no hace mucho tiempo, unas jovencitas acusaron de acoso sexual al presidente de la cooperativa de ahorro y préstamo y a otro dirigente de esa organización.

Los cargos los plantearon, formalmente, ante un juzgado. Los dos funcionarios del ISSS las convencieron de que conciliaran y las dieron cinco mil colones a cada una. ¿Saben quién pagó ese dinero? ¡La cooperativa, por decisión de su junta directiva! ¿Quieren saber qué se alegó para utilizar el dinero de todos los asociados de esa forma? Que las acciones penales dañaban la imagen de la cooperativa, a pesar de que se les acusó de cometer un delito de entera responsabilidad privada.

El ISSS tiene, ahora, una cara que nadie la puede ocultar: es una institución rehén de sus empleados, dentro de los que se mezclan verdaderas mafias que piensan -no cómo atender a asegurados- sino sobre la manera de hacer dinero, cómo pasarla sin esforzarse mucho, aunque eso desplome una entidad que pertenece a todos los trabajadores del país.

Reto y sinvergüenzadas

El Instituto Salvadoreño de Seguro Social es una entidad gigantesca que, cada año, atiende casi a un millón de salvadoreños. Para hacerlo, posee 11 mil 345 empleados y maneja, anualmente, un presupuesto de $370 millones.

De cada colón que ingresa a esa institución, 63 céntimos se dedican a remunerar trabajadores y a mantener otros costos, como el manejo de la infraestructura hospitalaria. Es poco lo que se puede dedicar a mejorar lo que se tiene o a darle una mayor y mejor cobertura médica a los asegurados.

Pero, si eso es un problema, la debacle moral en la que el ISSS se encuentra envuelta es tan profunda que casi se ha vuelto normal, para mencionar solo un ejemplo, el descubrimiento de un empleado de la cocina de un hospital mientras llevaba, amarrado en su estómago, dos lomos que se compraron para alimentar a los pacientes hospitalizados.

Muchos empleados del Seguro Social son realmente atrevidos. No hace mucho tiempo, unos ex empleados montaron un negocio asociados con amigos suyos que laboraban dentro de la institución en tareas financieras contables.

El truco consistió en ahogar a un número de proveedores del ISSS, sobre todo algunos que realizan obras de mantenimiento o reparaciones en la infraestructura hospitalaria. Pasaban tres y cuatro meses, y los "quedan" de los proveedores no eran redimidos. Cuando llegaban a cobrar, se les acercaba uno de esos ex empleados y les ofrecía comprar esos documentos con un 10 por ciento, o más, de descuento. El empresario, ahogado por las deudas y los atrasos, aceptaba vendérselos.

Cuando tenían los "quedan" en sus manos, alertaban a sus compinches que tenían dentro de la institución y era entonces cuando, en muy poco tiempo, las pagaban los documentos. Así obtuvieron fuertes ganancias sin mover un dedo ni prestar ningún servicio al ISSS.

En ese negocio participaron cajeros y encargados del fondo circulante del ISSS, que eran los miembros internos de la red de compradores de "quedan".

Dos casos insólitos

Pagaron acosos

Hace algún tiempo, dos empleadas del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) acusaron por acoso sexual, ante un juzgado penal, a dos directivos de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo de afiliados al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.

Las denuncias fueron puestas en el Juzgado 11o. de Paz de San Salvador contra Carlos Alberto Joya Dávila, presidente de la cooperativa, y Manuel Antonio López, director del consejo de educación, por dos ex empleadas de la propia cooperativa.

Incluso, ambas mujeres también denunciaron el hostigamiento sexual ante la División para la Defensa de los Intereses de la Sociedad y Delitos contra Menores de Edad y la Mujer, de la Fiscalía General de la República.

Agobiados por el aprieto legal en que se encontraban, ambos dirigentes de la cooperativa llegaron a un acuerdo con las ofendidas de pagarle, cada uno, a sus víctimas, la suma de cinco mil colones.

A pesar de que todo representaba cargos personales contra Joya Dávila y López, los directores de la cooperativa acordaron que esa organización pagara los diez mil colones como si pudiesen usar, privadamente, los dineros de los asociados.

El pago de esa suma de dinero lo cargaron a la cuenta de gastos de "organismos de administración y vigilancia". ¿Por qué lo hicieron? Justificaron ese pago alegándose que ambas acusaciones dañarían la imagen de la cooperativa, a pesar de que se trataba de conductas privadas.

El acuerdo que tomaron el 9 de octubre del año 2000 dice: "Se acuerda que la cooperativa asuma el gasto total en el caso del acoso sexual y que están involucrados los compañeros Carlos Alberto Joya Dávila y Manuel Antonio López, lo anterior obedece a que afecta la imagen de la cooperativa".

Oleo de créditos

Si de algo se han aprovechado los directivos de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social es de los préstamos que se autoconceden desde hace mucho tiempo.

Los números son reveladores: de los 20 directivos, 18 se han concedido préstamos. Los créditos de 15 de esos directores muestran, a la vez, serios problemas de mora. Como si eso fuese poco, los saldos en mora al 15 de diciembre de 2000 ascienden a más de un millón y medio de colones.

Para repartirse ese dinero, los directores de la cooperativa utilizaron un camino muy peculiar: entre ellos se sirven de fiadores, a pesar de que el reglamento menciona que nadie puede asumir ese papel si está moroso. Tampoco pueden ser codeudores quienes no muestren un buen récord crediticio.

En otros créditos que se concedieron, ni siquiera llenaron la solicitud de préstamo por tratarse de "dirigentes de la cooperativa".

Además de eso, el reglamento menciona que los créditos de emergencia no podrán superar los tres mil colones aunque, en la práctica, se han recetado préstamos hasta por 110 mil colones.

Y, para rellenar la mora (porque no pagan los créditos durante mucho tiempo), piden otros créditos para refinanciar esas obligaciones. Así evitan pagar intereses en mora.

Eso ocurre a pesar de que el reglamento menciona que los préstamos para refinanciamiento sólo se pueden otorgar cuando, al menos, se ha pagado el 50 por ciento del capital prestado.

Además, los préstamos que se concedieron los directores no poseen garantías reales. Tampoco se analizan en el comité de créditos. Los otorgan con una rapidez más que pasmosa.


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