NUEVA YORK. Funcionarios estadounidenses dijeron ayer que se esforzarán en garantizar la seguridad de los menores centroamericanos que viven en Honduras, Guatemala y El Salvador y que sean candidatos a acogerse a un programa para otorgarles la condición de refugiados en Estados Unidos.
Las entrevistas a las que se someterán, por ejemplo, no se llevarán a cabo en oficinas del gobierno estadounidense en esos tres países, dijo Francisco Palmieri, subsecretario adjunto para Asuntos de Centro América y el Caribe en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental.
“La seguridad de los niños y de cualquier persona que está bajo una amenaza de violencia nos preocupa, por supuesto”, dijo el funcionario durante una conferencia con periodistas. “El punto (objetivo) del programa es identificar a niños que realmente tienen un riesgo, una amenaza, y el punto del programa es ofrecerles, lo más rápido que podamos, una salida de la amenaza”.
Palmieri se refería a un programa que ya ha entrado en vigor para otorgar refugio o admitir condicionalmente a menores de 21 años de Guatemala, Honduras y El Salvador que vivan en sus países y cuyos padres residan legalmente en Estados Unidos.
Los padres residentes de manera legal con visado, residencia permanente, con permiso temporal para residir y trabajar (TPS) o beneficiados con la suspensión temporal de deportaciones podrán solicitar de manera gratuita a las autoridades estadounidenses que su hijo reciba el estatus de refugiado.
El beneficio no aplica a aquellos menores que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular.
Padres interesados en tener hijos acogidos al programa deben llenar el formulario DS-7699 con la asistencia de una agencia de repoblación. El formulario sirve para solicitar que empleados de la Organización Internacional para las Migraciones, conocida como OIM, entrevisten al menor en su país de origen.
“En el momento de la entrevista, utilizando a OIM, estamos bajando el perfil de la entrevista y el vínculo, el nexo, con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo Palmieri.
El programa es fruto de una nueva etapa de cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica después de que más de 66,000 niños que cruzaron la frontera e ingresaron ilegalmente en Estados Unidos fueran detenidos por las autoridades estadounidenses entre octubre de 2013 y agosto de 2014, según datos oficiales. La mayoría provenía de Honduras, El Salvador y Guatemala y huía de situaciones de pobreza y violencia.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden anunció el programa en noviembre en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde los mandatarios de las tres naciones centroamericanas le presentaron un plan para reducir el flujo de niños que emigran de manera irregular al norte.
Aquellos niños considerados refugiados podrán trabajar legalmente de inmediato, optar al año siguiente a una residencia permanente y cinco años después a la naturalización.
Los funcionarios dijeron que empleados del Departamento de Seguridad Interna llevarán a cabo una segunda entrevista con el menor. Simón Henshaw, subsecretario adjunto en el Buró de Poblaciones, Refugiados y Migraciones, no dijo cuántos funcionarios estadounidenses se trasladarán a los países centroamericanos para llevar a cabo el programa ni cuánto costará al gobierno estadounidense.
Desde la solicitud hasta la aprobación del estatus de refugiado podrían pasar no más de seis o siete meses, dijo Henshaw. También será necesaria una prueba de ADN que costará unos 300 o 400 dólares por persona.—AGENCIAS.