La magnitud del decreto 743

Manuel Hinds* Jueves, 9 de Junio de 2011

Al promover la derogación del decreto 743 que cambia el quórum en la Sala de lo Constitucional, ARENA ha iniciado un proceso que podría llevar a la solución de la grave crisis institucional que ella misma causó, en extraña alianza con el presidente Mauricio Funes, GANA, el PDC y el PCN. La derogación es la única medida que remueve las graves consecuencias de la aprobación de dicho decreto, que ha dejado desprotegidos a los ciudadanos frente a violaciones a sus derechos constitucionales. Es afortunado que las personas y sectores que reaccionaron en contra de la aprobación del decreto, incluyendo muchos dentro de ARENA misma, hayan logrado que el partido cambiara su posición. Esto era lo único que el partido podía hacer para rectificar el daño enorme que le había causado a la sociedad y para evitar su propia destrucción. Por supuesto, habrá que ver si ARENA logra revertir el daño, ya que el FMLN no parece querer devolver el regalo que ARENA le dio con la potencial paralización de la Sala de lo Constitucional.

ARENA tiene que trabajar dentro de sí misma también. Sus representantes alegan que aprobaron el decreto porque creyeron que la Sala iba a declarar inconstitucional la ley de amnistía, el TLC y la dolarización. Explican que los sorprendieron asegurándoles que ya, ya, iban a pasar esas resoluciones y otras que destruirían el orden social del país. El problema, dicen ahora, es que no era cierto que eso iba a suceder, implicando que el decreto hubiera sido bueno si hubiera sido cierto que la Sala de lo Constitucional estaba a punto de pasar cualquiera de estas resoluciones. Uno de los representantes de ARENA dijo en un reciente programa de televisión que el partido había tenido la misma reacción que cualquiera que escuchara que su casa está en llamas, no esperaría a comprobarlo, sino que correría inmediatamente a su casa. Puesto de esta forma, pareciera que el error de ARENA fue que trató de apagar un fuego que no existía. Pero lo que hizo, en conjunción con el presidente Funes y los otros tres partidos políticos ya mencionados, fue encender un fuego mucho más peligroso que cualquier otro que pudiera haber existido.

En realidad, el símil no es como lo puso el representante de ARENA. Fue como si al recibir la noticia de que su casa se está quemando, esta persona procediera inmediatamente a quemar su carro y otras casas de su propiedad. El decreto 743, que todavía está vigente, no apaga fuegos, no fortalece las defensas de la ciudadanía contra la desestabilización y no contrarresta la amenaza de que le violen sus derechos constitucionales. Al contrario, abre la puerta para que el gobierno pueda violar estos derechos impunemente con sólo que un magistrado en la Sala se niegue a concurrir en una decisión. Como dijo el Dr. Fabio Castillo en una reciente intervención, con un entrampamiento de la Sala el presidente podría reelegirse y no habría manera legal de impedírselo. Podría disolver la Asamblea, podría violar los derechos de todos los ciudadanos, entregar los acusados a España, acabar con cualquier libertad ciudadana y no habría quién declarara oficial y válidamente que esas medidas son inconstitucionales.

Esto, no el haberse equivocado con respecto a la supuesta existencia de ciertos recursos en la Sala, es lo que es terrible en el decreto 743. La esencia del decreto, la paralización de la Sala de lo Constitucional, es mucho peor que lo que podría haber sucedido con cualquier recurso. La medicina es mucho peor que cualquier enfermedad porque erosiona la base de la democracia en el país. Es como suicidarse para derrotar una infección.

Hay procedimientos internos que la Sala puede usar para resolver este problema, la declaración de inaplicabilidad que usó la Sala para admitir unos casos esta semana y el posible llamado de otros jueces hasta llegar a una decisión. Pero estas son medidas extremas que, aunque totalmente legítimas, no pueden convertirse en el modus operandi de la Sala sin erosionar la confianza del público en el funcionamiento del orden judicial del país.

Es decir, ARENA, colaboró con el presidente Funes, con GANA, el PDC y el PCN en emitir un decreto legislativo con el que cualquier dictador sueña, uno que le abría la puerta al presidente Funes para violar impunemente los derechos constitucionales de la población. Es lo que los presidentes Chávez de Venezuela, Ortega de Nicaragua y Correa de Ecuador y todos los dictadores de izquierda del continente conspiraron por tanto tiempo para obtener. Aquí ARENA, GANA, el PCN y el PDC se lo dieron al presidente Funes y al FMLN, sin que el último siquiera tuviera que votar. Ahora el FMLN no quiere perder el instrumento que le permitiría manipular elecciones y perseguir a sus enemigos. La tentación de no derogar el decreto es muy grande para ese partido. Con una Sala de lo Constitucional entrampada, puede convertir a El Salvador en una Venezuela. Va más allá de sus sueños.

Esto es lo que ha pasado. No es una broma, no es un error superficial. Los que aprobaron este decreto nos entregaron atados de pies y manos para que un dictador pueda eliminar nuestras libertades y derechos. Ahora tienen la obligación de hacer todo lo humanamente posible por resolver la crisis en la que nos dejan. Y el partido ARENA, que por dos años había venido diciendo que ya había cambiado y que ahora sí iba a recuperar sus valores, tiene que comprender que con un solo acto puede haber deshecho toda la credibilidad que había ganado, y que para recuperarla tiene que tomar medidas drásticas que convenzan a la población de que no volverá a cometer un error igual. Y la ciudadanía tiene que reflexionar sobre esto y dar señales claras de que no tolerará que estos atropellos se repitan.

*Máster en Economía, Northwestern University. Columnista de El Diario de Hoy.

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