La motivación para escribir estas líneas, es leer día a día sobre el tema, y me parece injusto con la sociedad y desleal con la Fuerza Armada de mi parte, no opinar sobre algo que es nuestra especialidad: la defensa y la seguridad nacional. La tremenda inseguridad de que adolecemos los salvadoreños es profunda, y de carácter estructural, es decir, no contamos con un sistema de seguridad, ya que el que teníamos lo destruimos durante la guerra en la década de los ochenta.
Las guerras son fenómenos sociales que han acompañado al hombre desde siempre, por eso es importantísimo el estudio científico de los conflictos para evitarlos. Los estudiosos de polemología, belicología, estrategia o historia militar, saben que la guerra usualmente destruye las estructuras sociales, económicas y políticas que sustentan el sistema de seguridad y desarrollo de un país, y eso fue precisamente lo que sucedió en El Salvador en la década de los ochenta, destruimos nuestro sistema, y específicamente hablando de seguridad, destruimos nuestro sistema de seguridad, subsistiendo solamente la Fuerza Armada, que es sólo una parte del sistema de seguridad; sin embargo, la seguridad a nivel local quedó reducida a nada al desaparecer el servicio territorial, las defensas civiles y las personas valientes y honestas que auto protegían los caseríos, cantones y pequeñas ciudades del interior del país, sin haber creado entes locales sustitutos para dicha función de seguridad.
Si a lo anterior agregamos que nos arrebatamos en 1992 y 1993 en desaparecer la Policía de Hacienda, Guardia Nacional y Policía Nacional antes de tener lista la nueva PNC que las reemplazaría, queda claro que lo provocado fue un vacío estructural en el sistema de seguridad, que poco a poco está minando la sociedad salvadoreña, y que a esta altura, la delincuencia (maras) es una presión dominante de carácter interno que impide la gobernabilidad y si se quiere ver mas claro, distorsiona la paz interna y el bienestar de la sociedad, que es un mandato constitucional a defender.
Por eso nos atrevemos a afirmar que lo que hay que explicarle a la sociedad, no es que se pretenda utilizar la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, porque eso es sólo una parte de la solución, sino que debe dejársele claro a nuestro pueblo, que para resolver el problema de inseguridad estructural en que vivimos, se debe construir nuevamente un sistema de seguridad local y comunal, que enlace con el nivel macro de seguridad con que ya contamos, para lo cual el primer paso obligado es organizar y controlar a toda la población del país, comenzando por los lugares mas conflictivos, requiriendo no sólo del uso de la Fuerza Armada, sino de toda la sociedad que conducida por su Fuerza Armada pueda tabularse y organizarse en barrios, colonias, cantones, de tal manera que no haya espacios o vacíos para cometer un ilícito. La función o tarea es compleja pero la Fuerza Armada puede hacerlo con la colaboración del Gobierno y la sociedad salvadoreña.
Recordemos que durante la guerra recién pasada en nuestro país murieron 46 mil personas en 12 años aproximadamente, casi 4 mil anuales, 317 al mes; cifras menores que el numero de muertes mensuales en la actualidad provocados por la delincuencia, cuya cifra se eleva a más de 375 mensuales… estamos peor que en la guerra. Las anteriores cifras son un indicador de fracaso clarísimo en el área de seguridad que nos debe motivar de inmediato a actuar. No esperemos que le pidan renta al Presidente Funes o a los miembros de su Gabinete, para tomar decisiones estratégicas importantes. Aprendamos de nuestro pasado reciente, recordemos que la población de Morazán y otros departamentos, desde 1980 estuvieron en medio de la guerra día a día y sufrieron mucho en la primera ofensiva final de 1981, sin embargo los capitalinos sentimos de verdad los efectos directos de la guerra hasta que en la última ofensiva final de 1989 atacaron nuestras casas y nos motivamos a resolver el conflicto lo más pronto posible, porque la sentimos en carne propia.
Es ingrato de nuestra parte permitir que mueran personas inocentes y trabajadoras, ciudadanos que están obligados al contacto con delincuentes, condenados a vivir en un ambiente de zozobra, con temores por la seguridad de la familia, obligados a pagar rentas o a sufrir amenazas.
Es momento de actuar, no esperemos ver un futuro gobierno teniendo que negociar con las maras para que dejen de asesinar o extorsionar al pueblo o tener a un jefe de maras de diputado. Organicemos y controlemos la sociedad y si es necesario, también sus recursos antes que sea demasiado tarde. Es dificil, es sacrificado, tomará años resolverlo, pero debemos comenzar AHORA.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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