"Los pobres no son rentables"

El título del presente artículo suena ofensivo: está tomado del extenso reportaje de Sigfredo Ramírez, publicado en Séptimo Sentido, sobre los tropiezos del programa Casa para Todos, del presidente Funes. La frase es de Edín Martínez, ex viceministro de Vivienda, coordinador de la mesa de vivienda de Diálogo de País, que elabora el plan de gobierno del FMLN.

Casa para Todos nació en las reuniones de los Amigos de Mauricio, entre los que se contaba Marcos Fortín, actual titular de ANDA, y primer presidente de FONAVIPO y Edín Martínez, viceministro de Vivienda. A los 45 días lanzaron el Programa Casa para Todos, para edificar 25,000 viviendas de interés social: cinco mil construidas por el gobierno y las 20,000 restantes por la empresa privada.

A escasos nueve meses de entregar la presidencia, los resultados del tan publicitado proyecto no pueden ser más desconsoladores. Nuevo Belén en San Miguel, tiene 495 viviendas, la mayoría deshabitadas, con paredes resquebrajadas, cuyos propietarios no alcanzan a pagar la cuota asignada de $100. En Santa Lucía, en Santa Ana, se construyeron 1,020 apartamentos y 416 en el Proyecto Procavia, en terrenos propiedad del Estado. Pero al no realizarse los estudios previos, los pilotajes elevaron los precios de venta hasta $27,000 por apartamento, más caros que los de urbanizaciones privadas.

Son testigos del fracasado proyecto, varios terrenos comprados por FONAVIPO, hoy desiertos y abandonaos: una casona vieja y seis casas convertidas en bodegas, en Ciudad Delgado, por las que FONAVIPO pagó casi $300,000; el proyecto Los Manantiales, a construirse en Sonsonate, en terreno comprado al fallecido propietario del Canal 12, en $554,804. Y tres terrenos más, comprados a constructores privados, por $2,53 millones.

Tan rotundo fracaso, y su costo millonario, se atribuyen a falta de experiencia en trámites de construcción, compra de terrenos sobrevaluados hasta el doble de su precio, ignorar las observaciones del sector privado de la construcción, exceso de tramitología burocrática, creación de una gerencia de comercialización en FONAVIPO, cuya gerente disfrutaba del increíble sueldo de $3,500 mensuales, etc.

La insostenible situación financiera demandó un préstamo de $50 millones al BCIE, que fue firmado por Marco Fortín, presidente de FONAVIPO, y Guillermo Funes Cartagena, hermano del presidente Funes, y representante del BCIE en El Salvador. En 2013, el impago de la cuota de $10.4 millones al BCIE, hizo que la calificadora Fitch Ratings bajara la nota crediticia de la autónoma de A+ hasta D. La solución del ministro de Hacienda, y de Roberto Góchez, entonces presidente de FONAVIPO, fue la emisión de $40 millones en certificados de inversión, el 30% de los cuales fueron adquiridos por las AFP, comprometiéndose FONAVIPO a vender el 70 % de las casas en dos años: 2,074 viviendas para 2015.

Tomás Chévez, actual presidente de FONAVIPO, dice no haber investigado actos de corrupción o irregularidades en los proyectos, porque el presidente Funes lo nombró para solucionar el problema financiero. Marcos Rodríguez, exsubsecretario de Transparencia, manifiesta que FONAVIPO le informó sobre "preocupación sobre las decisiones tomadas", documento que no se ha encontrado, y la actual titular, Aurora Cubías, asegura que no mantiene investigación alguna relacionada con FONAVIPO.

¿Los funcionarios nombrados tenían la idoneidad necesaria o fue un premio del presidente a sus amigos? ¿La compra de terrenos sobrevaluados, por clientelismo o amistad, no es corrupción? ¿Firmar un contrato que atenta contra los intereses del Estado, no amerita investigación? ¿Qué importancia tendrá para el FMLN el problema habitacional, cuando el coordinador de la mesa de vivienda, Edín Martínez, considera que "los pobres no son rentables"?

*Columnista de El Diario de Hoy.