Presidentes que administran y estadistas que reforman

Algunas de las causas que la potencial crisis institucional presenta por la lucha de poder entre dos de las cuatro salas que integran al máximo tribunal de justicia tienen relación con el inmovilismo político. La transición democrática salvadoreña ha seguido el cauce de la fortuna. No ha sido producto del debate ni del consenso de reformas estructurales al sistema político orientadas a fortalecer las instituciones y la relación entre representantes y representados.

Suscrito el acuerdo de paz y concluido el conflicto no nos preocupamos por auditar el desempeño del aparato estatal y creímos que la tinta en Chapultepec lo solucionaría todo. Con excepción del quinquenio del presidente Calderón Sol, durante el cual se aprobaron un conjunto de reformas constitucionales relacionadas con el sistema electoral que luego no fueron ratificadas por la siguiente Asamblea, ninguna de las administraciones ni las seis legislaturas a partir de 1994 se han preocupado por realizar una discusión seria, responsable, técnica y transparente acerca de las modificaciones que necesitan las entidades del Estado para mejorar su funcionamiento.

Lo mismo se puede señalar en las otras áreas del desarrollo nacional. Los aspectos económicos y sociales ni siquiera fueron objeto del más importante pacto político nacional. Es hartamente conocido el hecho que del acuerdo de paz surgió el Foro de Concertación Económica y Social cuyo fracaso se lo imputan recíprocamente los líderes empresariales y la dirigencia e intelectuales del FMLN. Esta situación era premonitora de la falta de diálogo que sobrevendría en esas áreas en los siguientes años. La controversia entre quienes prefieren el estatismo frente a un poder más amplio del mercado; la visión encontrada y en discordia acerca de cómo distribuir mejor la riqueza; y una conflictiva realidad acerca de cuáles son los programas sociales más necesarios, sostenibles financieramente y alejados del populismo, ocupa en pleno Siglo XXI gran parte de la agenda nacional.

Quienes han gobernado al país se han dedicado únicamente a administrar el legado de 1992. Esto no significa que su labor ha sido menor y que su tarea, merecedora de reconocimiento, no requirió de un enorme esfuerzo. Sin embargo las iniciativas de reforma han sido escasas y las que podrían calificarse como importantes y de gran calado fueron inconsultas. La apertura comercial, la dolarización y la privatización de los servicios públicos continúan siendo cuestionadas por los políticos y por varios segmentos de la población. Y aunque esas tres políticas públicas seguramente han representado beneficios para el país, implementarlas a espaldas de la población les genera un pecado de origen difícilmente expiable.

Por esa razón es tan importante observar las experiencias en otras latitudes. México por ejemplo, se encuentra inmerso en un momento de mucha convulsión social. Su presidente, Enrique Peña Nieto, priista que recuperó el poder montado en el que se consideró como "partido hegemónico" durante setenta años, prefiere el rechazo y el debate ciudadano de sus iniciativas a la crítica de todo un pueblo y de sus mismos correligionarios cuando, llegado el final de su sexenio, se le acuse de pasar sin pena ni gloria administrando un país en crisis sin proponer solución alguna.

Dos de las más importantes reformas de Peña Nieto tienen relación con la educación y el campo energético. Por razones de espacio nos referiremos únicamente a la primera de ellas. Esta discusión logró ya un consenso mayoritario para modificar la Constitución. Pretende en pocas palabras un servicio profesional docente que reconoce la formación y los logros de los maestros, motivando a los mejores para que asciendan por méritos profesionales; la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la constitución de las escuelas a tiempo completo. Los opositores afirman que la reforma se encamina a desaparecer al sindicato, que es una reforma laboral disfrazada impuesta por organismos internacionales además que carece de sentido social, que no beneficia a las escuelas públicas y no presenta cambios significativos.

Miles de maestros se han tomado las calles de distintos estados, acampado en el Zócalo de la ciudad de México e impedido el ingreso de los diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro. El debate ocupa las notas principales en los medios de comunicación. El gobierno sigue adelante y el énfasis que más destaca es que el aspecto de la calidad y evaluación de los profesores es innegociable. Es impredecible el final de esta historia, pero de lo que sí se hablará cuando Peña Nieto se vaya es de su firme intención de reformar el sistema, de fomentar la discusión y legarle a sus compatriotas una educación de calidad. Ese es el tipo de liderazgo que finalmente transforma a los países y no aquel que durante todo su mandato pasó recordando lo que sus antecesores no hicieron.

*Columnista de El Diario de Hoy.