Competencia e independencia

Recientemente la Superintendencia de Competencia (SC) inició una investigación contra una empresa vinculada a políticos del partido de gobierno. La decisión de la SC es una manifestación de independencia institucional.

Las agencias de competencia deben ser independientes del sector empresarial, pero también del poder político.

Quienes más distorsionan el mercado son los políticos. Las barreras legales, los proteccionismos y las regulaciones de precios injustificadas se cocinan en los despachos de funcionarios y en curules legislativos. De manera que a la institución que custodia el libre mercado hay que protegerla de indebidas influencias políticas.

La Ley de Competencia establece que tanto el superintendente como el resto de miembros del Consejo Directivo de la SC son elegidos y removidos por el presidente. Sólo por él. Eso podría provocar que los lazos entre la SC y Casa Presidencial se vuelvan peligrosamente estrechos.

El poder presidencial sobre el nombramiento de los funcionarios podría facilitar presiones sobre la SC para que sea más condescendiente con las compañías cercanas al presidente y a su partido. También podría provocar que se utilice a la SC para allanar el camino de esas empresas amigas, por ejemplo usando a la institución para que abogue por la apertura de mercados únicamente en esos sectores en los que pretenden invertir los amigos del político de turno.

Si se instrumentalizara a la agencia de competencia de esa forma sería peligroso y paradójico. En lugar de garantizar el libre mercado, la institución se deformaría en un medio para favorecer a determinadas empresas.

Para evitar ese riesgo sería prudente controlar el amplio poder que actualmente tiene el presidente para elegir y remover a los titulares de la SC.

Una buena fórmula es la que se diseñó en la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Si bien a esos funcionarios también los nombra el presidente, este debe escogerlos de entre ternas que le proponen distintos sectores sociales: universidades, periodistas, profesionales, empresas y sindicatos.

Esa fórmula, además de ser más democrática, crea un sistema de balances para designar a las autoridades. Sería bueno reformar la Ley de Competencia para incorporar un procedimiento de elección similar.

En México tenemos otro ejemplo que nos puede ayudar. Ahí se está desarrollando una profunda reforma al sistema de defensa de la competencia; y precisamente uno de los principales cambios es la forma de elegir a los siete comisionados que dirigirán la agencia de competencia.

Se hizo una convocatoria pública, y los aspirantes que cumplían los requisitos pasaron por un examen elaborado por un Comité de Evaluación. Recientemente se publicaron los nombres de quienes obtuvieron mejores resultados. De entre ellos el presidente Peña Nieto hará una propuesta, y será el Senado quien, finalmente, designe a los comisionados de la agencia de competencia.

Para los mexicanos la defensa de la competencia es una prioridad nacional. Y para ello han visto la necesidad de garantizarse una autoridad de competencia técnica e independiente.

El balance respecto a la independencia de la SC en estos siete años de operaciones es positivo. La reciente decisión de la institución lo confirma.

Pero la independencia institucional es frágil. Debemos proteger y fortalecer a la autoridad de competencia. La posibilidad de que seamos nosotros --los consumidores y empresarios-- quienes asumamos nuestro destino económico depende de gozar de una defensa de la competencia independiente.

*Especialista en Defensa

de la Competencia

Twitter: @dolmedosanchez