Otra vez la CEL

En varias oportunidades el presidente y otros funcionarios de su gobierno han manifestado publicamente su intención de declarar la nulidad del contrato CEL/ ENEL; no debe extrañar entonces que un abogado, en su carácter personal, haya presentado recientemente un recurso de nulidad del referido contrato ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Es lógico que el recurso no debía interponerlo la CEL o alguna de sus afiliadas, para no violentar la doctrina jurídica denominada "de los actos propios", ya que nadie puede alegar sus propios actos como excusa y en detrimento del cumplimiento de sus obligaciones; era esperable entonces que un tercero --sin aparente vinculación con el gobierno-- se ocupara de ello, doce años después de firmado el referido contrato, y sobre decisiones de la CEL de hace catorce años.

Sobre el fondo del recurso no es posible pronunciarse hasta no ser notificada ENEL como tercero afectado, pero más allá de lo bien o mal planteado del recurso, preocupan varias cosas en este caso:

Primero: el que nos enfrentamos a una acción concebida y ejecutada en la cancha del gobierno, con la pelota del gobierno, con árbitros del gobierno y por supuesto con marcador a favor del gobierno. No será de sorprender que a pocos días de haber iniciado el recurso, este sea velozmente admitido y tramitado.

Segundo: y más importante aún, preocupa la forma de plantear el problema, es decir atacando a los funcionarios de la CEL que tomaron las decisiones sobre el contrato.

Preocupa digo, no sólo por la implicaciones a la seguridad jurídica, pues independiente de cómo se tomó el acuerdo, éste fue firmado por CEL certificando a ENEL que tenían la suficiente potestad legal para firmarlo y que no se violentaba disposición alguna del régimen legal salvadoreño. Todo lo cual consta en el contrato mismo y en los documentos del arbitraje internacional que favoreció a ENEL; es decir, el tercero afectado (ENEL), firmó en absoluta buena fe.

En tercer lugar: CEL cedió posteriormente el contrato a INE S.A. (una sociedad anónima mercantil), la que actualmente es la dueña del contrato; en consecuencia, es difícil pensar que a esta altura dicho contrato pueda ser declarado nulo por lo que hizo la CEL hace 14 años, y resulta más difícil, si ya dejó de ser parte del contrato.

En cuarto lugar y ciertamente lo más preocupante, es que, si por un momento asumimos que la Sala de lo Contencioso fallará accediendo a lo ya anunciado por el gobierno, declarando la nulidad del mencionado contrato, ¿qué significa esto para ENEL?, y, fundamentalmente, ¿qué significa para el país? Pues significa que ENEL habría sido expropiada por vía indirecta, sin que medie culpa o dolo de su parte, con lo cual el gobierno salvadoreño estará obligado a pagarles la indemnización correspondiente, ya que el error, si lo hubo, fue de parte del gobierno y no de ENEL.

Esto se traduce, en términos simples, en una astronómica indemnización del orden superior a los quinientos millones de dólares, según el propio valúo que el gobierno expuso en público más los gastos agregados a daños y perjuicios adicionales, tales como lucro cesante y otros.

Pero lo económico sólo es una parte pequeña del daño que habría de causarse al país: el mensaje a toda la comunidad internacional será que el gobierno salvadoreño actúa según aquel dicho, de que "si no gana, arrebata" y eso es la garantía de no tener asocios públicos privados en actividades no golondrinas y que requieran de inversiones a largo plazo. Si someterse a procesos de arbitraje internacional y perderlos, significa que sólo se van a cumplir si el gobierno gana, es matar antes de nacer las inversiones extranjeras en el país.

Si esto es así, la pregunta que surge es: ¿hace sentido que el beneficio de un pequeño grupo de funcionarios, genere un daño tan grande para el resto de la población?

*Abogado Economista