¿Malas relaciones o malas decisiones?

El desempleo, la pobreza, la delincuencia, el bajo crecimiento económico, los desequilibrios fiscales y otros problemas nacionales son el resultado directo de medidas económicas erráticas, políticas de seguridad ineficaces y la administración inadecuada de los recursos públicos. No son producto de los desacuerdos entre el Gobierno y el sector productivo. Son consecuencia de malas decisiones, no de malas relaciones.

Por supuesto que para remover los obstáculos que impiden el crecimiento económico y el desarrollo humano en nuestro país es necesario que todos unamos esfuerzos por un mismo objetivo, siempre que lo hagamos en la dirección correcta. Para el país sería igual de inconveniente que el Gobierno tire en sentido contrario al sector productivo, a que ambos tiren juntos en el sentido equivocado. No basta, pues, con estar de acuerdo; lo que el país necesita son acciones acertadas, prácticas y en el rumbo apropiado. Unirnos a los errores sólo nos llevaría más rápidamente al fracaso.

Por eso, cuando los empresarios, organismos multilaterales, tanques de pensamiento y otros sectores sociales señalamos los puntos débiles de la gestión gubernamental, no lo hacemos con la intención de crear un ambiente de conflicto con el Gobierno en turno, sino de evitar las consecuencias previsibles de políticas públicas desacertadas, y proponer mejores alternativas de solución.

Cuando el Gobierno ha propuesto medidas beneficiosas para la sociedad, el sector productivo las ha acompañado, como en los casos del apoyo de la Fuerza Armada a la seguridad pública, las reformas a la Ley de Zonas Francas y, actualmente, en la Ley de Asocios Público-Privados. Y seguimos dispuestos a apoyar las iniciativas gubernamentales que soporten el análisis técnico de costo-beneficio para el país.

Ahora bien si, por congraciarnos con la autoridad, apoyásemos, sin discutir, las políticas públicas ¿crecerían por eso el empleo y el PIB nacional? Si en aras de la armonía calláramos ante los abusos del poder político ¿recuperaría El Salvador la seguridad jurídica perdida? Si por no incomodar a las autoridades dejamos de señalar las deficiencias de su gestión ¿bajaría por eso la deuda pública y el déficit fiscal?, ¿cesarían los delincuentes de extorsionar?, ¿recobraría El Salvador el grado de inversión? Si las políticas públicas no han resuelto estos y otros problemas es porque no van en la dirección acertada.

Debemos ser conscientes que los males sociales y económicos que sufrimos los salvadoreños no se resolverán alcanzando acuerdos en torno a políticas equivocadas, sino diseñando políticas correctas, ejecutando medidas acertadas, aprobando leyes justas, administrando con eficiencia y siendo transparentes ante la población.

Y es en el afán por buscar lo mejor para el país, que los empresarios y otros sectores ciudadanos opinamos y hacemos propuestas para fortalecer la gestión pública.

Sin embargo, cada vez que algún sector de la sociedad civil trata de hacer ver al Gobierno las debilidades de una política pública y de señalar sus áreas de mejora, éste, en lugar de dialogar, toma ocasión para atacar, descalificar y acusar a los proponentes de hacer causa común con sus adversarios políticos. Con tales reacciones es muy difícil entablar un diálogo serio que ataque los problemas y no a quienes los identifican y proponen soluciones para los mismos. Esta estrategia le genera al Gobierno popularidad política, pero impide la comunicación fluida y eficaz, al mismo tiempo que estanca el desarrollo económico del país.

Además, la estrategia del conflicto permanente, muchas veces personalizado, socava el estado anímico y la buena voluntad de algunos sectores. Muchos, justificadamente, se hastían de ser protagonistas de una polémica estéril y sin sentido, y terminan renunciando al debate o aceptando las decisiones gubernamentales, aun sabiendo que estas son perjudiciales. Así, en apariencia, se acallan las voces críticas, y se establecen la paz y la concordia. El Gobierno gana la polémica, pero el país pierde.

Los empresarios somos los primeros en desear que exista siempre una estrecha relación entre el sector público y privado, y por eso la procuramos, pero nunca a costa de empeñar el futuro del país, traicionar principios, ignorar abusos o negociar la democracia.

En países donde los sectores intercambiaron el silencio por el negocio de corto plazo, los empresarios terminaron sin negocios y los ciudadanos sin país. La historia no puede cambiarse; es decisión nuestra aprender de ella o resignarnos a repetirla.

*Presidente de ANEP.