Transitando del pragmatismo de la tregua hacia la institucionalidad

La reducción de los homicidios en El Salvador ha sido significativa, pero se mantiene la incógnita sobre cómo se tiende el puente entre el pragmatismo de la tregua y un pleno funcionamiento del sistema judicial dentro del respeto al Estado de Derecho. No nos dejemos adormecer por el éxito en índices de homicidios, debemos seguir exigiendo transparencia en la política de seguridad ciudadana.

La delincuencia en nuestro país es un fenómeno complejo y multicausal al cual no se la ha dado una respuesta integral que incluya los componentes de prevención, combate de la delincuencia, cumplimiento de la pena y reinserción. La disfuncionalidad en el sistema de justica ha sido evidente y en el último informe de "Índice de Estado de Derecho 2012", baja nuestra calificación particularmente en la efectividad de la justicia penal. Se puede argumentar que si los tribunales tienen menos carga, su efectividad puede ser mayor y a la vez, que evitar muertes ha producido el efecto de desaturar los procesos judiciales, promoviéndose de igual manera la eficiencia. Justo allí se crea el espacio para el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia.

Dentro de poco tiempo contaremos con un año desde que se inició la mediación que resultó en el pacto entre las principales pandillas y el compromiso asumido de reducir los homicidios que ha dado frutos inesperados. De 4,366 homicidios se han reducido a 2,641, es decir hemos regresado a los números del año 2000. Se podría decir que son 12 años de mejora en cifras, pero pensemos en los costos.

Ha sido un salto al vacío y las instituciones aún no logran articularse para presentar una estrategia compartida, integral que la vuelva sostenible. Por lo anterior, me parece altamente dudoso que nuestro modelo pueda ser replicable en otro país, a pesar de los señalamientos que sea un éxito a emular en otros países. A mi parecer, es un proceso amorfo que tiene mucho de improvisación y al que se le debe revestir de legalidad y procesos predecibles. Es un mecanismo de prueba y error con poca planificación de las autoridades pero claridad de ideas de las pandillas.

El rol del Estado no se puede reducir a ser un mero facilitador, sino que cada institución debe actuar dentro de sus funciones. No se puede dejar la legalidad de lado y pensar que como el fenómeno ha rebasado todos los límites se puede dejar zonas de extralegalidad. La segunda fase de la tregua pretende dejar áreas o territorios de paz con tratamiento especial, se debe medir lo que está pasando en estas zonas y debe haber rendición de cuentas de las diferentes entidades encargadas de su operatividad. Se trata de contar con mayor claridad sobre políticas, implementar medidas, monitorear, crear observatorios, involucrar a la población, promover la participación del sector privado (incluyendo alianzas del USAID y demás cooperantes), y utilizar los resultados para enriquecer los diagnósticos. Es decir, queda claro que las pandillas tienen el compromiso de no agredirse mutuamente, pero el rol del Estado es menos claro. Este tema es demasiado delicado para limitarnos a saber que es un mero facilitador.

El reciente repunte en homicidios denota la fragilidad de la tregua, por eso se debe trabajar en su sostenibilidad con políticas claras, pero esto es igualmente necesario si se quiebra del todo la tregua. Es decir, el fortalecimiento institucional que implica: mejorar el sistema de justicia; depender menos de la prueba testimonial e incluir más recursos en la investigación científica del delito; trabajar en políticas de prevención del delito y reconocer que hay una gran deuda con el sistema penitenciario. Todos estos temas deben estar en la agenda pública, pues de ello depende no sólo la sostenibilidad de la tregua sino también la viabilidad del país, ya que la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los mayores problemas de la población, a pesar de la reducción de los homicidios.

*Columnista de El Diario de Hoy.

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