OTROS EDITORIALES

Divagaciones sobre una política de competencia

Por Daniel Olmedo* Miércoles, 13 de Febrero de 2013

En el artículo anterior manifesté que la visión que debe tener el Estado frente a la economía es el libre mercado. Sobre esa premisa ahora corresponde esbozar algunos aspectos que debería contener una política de competencia.

Debe incluir el desarrollo de una Evaluación de Impacto Competitivo.

En 1993 el primer ministro australiano conformó el Comité Nacional para la Revisión de la Política de Competencia. Era un grupo de notables liderado por el profesor Fred Hilmer.

Su misión era identificar los mercados concentrados o con mayores problemas de competencia y las regulaciones que contenían límites injustificados a la competencia. Luego propusieron reformas para dinamizar la competencia.

El informe Hilmer llegó a identificar 1700 leyes que debían reformarse. Australia intensificó la promoción de la libertad económica de sus ciudadanos y, tal como reconocería después la Comisión de Industria de la isla, con la reforma se impulsó significativamente el crecimiento económico del país (algo que buena falta nos hace en El Salvador).

Los australianos hicieron una exitosa Evaluación de Impacto Competitivo.

La OCDE define a estas evaluaciones como "un proceso orientado al estudio de regulaciones, reglas o leyes que promulga un gobierno a fin de: 1) identificar las que impidan innecesariamente la competencia; y 2) contribuir a rediseñar de forma a que no se obstaculice la competencia indebidamente".

Es hacer un alto en el camino. Identificar de manera integral en dónde están los obstáculos a la competencia. Sanear el mercado. Y luego dejar que la economía fluya supervisando que los agentes compitan y dejen competir.

Desde el 2006 la Superintendencia de Competencia ha hecho encomiables esfuerzos por hacer este tipo de evaluaciones mediante los estudios sectoriales. Ha sido un buen trabajo pero, por causas ajenas a la institución, insuficiente. Los estudios han tenido escaso eco y apoyo gubernamental.

Por ello, así como lo hicieron los australianos, es necesario que el tema pase a ser una prioridad presidencial.

Emulando la experiencia australiana sería oportuno que en junio de 2014 el presidente conforme un comité con los más prestigiosos economistas nacionales y con reconocidas figuras internacionales. Estos deberían, en un plazo predeterminado, presentar un mapa de las condiciones de competencia de los sectores estratégicos, los obstáculos que enfrentan y las recomendaciones puntuales que sirvan para eliminarlos.

La metodología a seguir puede formularse con base en la Guía para Evaluar la Competencia elaborada por la OCDE. Es un valioso instrumento que compila la experiencia acumulada por muchos países en este tipo de ejercicios.

Es indispensable que el Gobierno se comprometa de antemano a respetar la independencia del comité de notables y a apoyarlo administrativa y financieramente. De lo contrario el esfuerzo es inútil.

Para garantizar que las recomendaciones que formule el comité se ejecuten, el informe final debería divulgarse íntegramente en el mismo momento en que se entregue al Gobierno. De ese modo se reduce el margen de maniobra de políticos y lobistas que pretendan mantener un Estado que favorece a sus empresas, patrocinadores, clientes o amigos. Publicando las conclusiones del comité seremos nosotros, los ciudadanos, quienes exigiremos que se ejecuten las propuestas que promueven nuestro derecho humano a la libertad económica.

Una Evaluación de Impacto Competitivo creo que es el principal aspecto que debe sostener una política de competencia. Pero además de eso debe contener acciones dirigidas a: 1) fortalecer la independencia de la Superintendencia de Competencia; 2) focalizar la parte investigativa de la institución en la lucha contra los carteles, y 3) garantizar la predictibilidad y seguridad jurídica de los empresarios. Pero sobre esos tres puntos divagaré en la próxima ocasión.

*Especialista en Competencia.

Email:dolmedo@advise.com.sv

Twitter:@dolmedosanchez

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