Volver a las tinieblas

Imposible no traer a cuento la más reciente truculencia fraguada por el bloque FMLN-GANA-PCN en la Asamblea Legislativa. Aunque la noticia haya acaparado tantos titulares, revolviendo estómagos a diestro y siniestro, en verdad cuesta imaginar un golpe más artero a los esfuerzos que la sociedad civil organizada ha venido haciendo para apuntalar nuestra democracia y combatir la corrupción.

Para decirlo suave, los diputados de los mencionados partidos políticos han vuelto a exhibir la escasísima devoción que le tienen a la transparencia, la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas. Estos temas les calzan perfectos a la hora de rellenar discursos electoreros, pero nunca para llevarlos a la práctica.

Si alguna vez hubiera sido cierto lo que el Frente pregonaba cuando era oposición, los parlamentarios oficialistas serían los promotores más audaces de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero hoy, en el gobierno, se han convertido en sus principales obstaculizadores.

El actual presidente de la Asamblea, el mismo que prometió acabar con los madrugones legislativos, sigue rehusándose a explicar el dispendio con que agasajó a sus colegas diputados durante las últimas fiestas navideñas. Ahora sabemos por qué. A juicio del FMLN y sus adláteres, la potestad de clasificar como reservada una información debería estar en manos de los funcionarios de turno, por muy cuestionadas que sean sus acciones, y no por el Instituto que la LAIP creaba. De esta manera, en lugar de estar sometidas al criterio de personas independientes, elegidas por su idoneidad, las controversias sobre la información pública quedan de un plumazo circunscritas al interés que tenga un funcionario en dejarse contar las costillas. ¡Qué bonito!

Como era de esperarse, el escandaloso golpe legislativo que pretende tumbarle los incisivos a la Ley de Acceso ha acumulado críticas a todos los niveles. Desde expresiones de sorpresa y frustración hasta aquellas en que asoma la rabia, la ciudadanía va enterándose de la desvergüenza con que un grupo de partidos ha buscado consolidar el secretismo y la penumbra, justo en momentos en que las exigencias por la transparencia han ido creciendo en volumen y calidad.

Ninguna prisa ha tenido el Presidente de la República en nombrar a los comisionados propuestos por la sociedad para integrar el Instituto de Acceso a la Información, y es lógico que ahora surjan dudas respecto del grado de entendimiento que la fracción oficialista pudo tener con el Ejecutivo para desbaratar la LAIP. Mauricio Funes ha salido al paso de los cuestionamientos negando que tal confabulación existiera, pidiendo a la prensa que exija las respuestas pertinentes al FMLN. Esta vez, sin embargo, no serán las palabras del mandatario las que nos convenzan de su compromiso con la transparencia, sino la premura con que vete las reformas aprobadas en la madrugada del pasado 8 de febrero. La sanción del nefasto decreto, o su devolución con tibias observaciones, harían del Presidente un cómplice real de esta cachetada que los diputados le han propinado a la sociedad salvadoreña.

Ya se dice que estamos delante de un nuevo atentado contra la democracia que podría llevarnos a una tensión similar a la que vivimos el año pasado, cuando estalló la crisis institucional producto de la desobediencia de un bloque de partidos a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Pero el repudio de la gente, si llegara a crecer, no estaría sino articulándose alrededor del derecho que tenemos los ciudadanos a saber cómo nos gobiernan, hacia dónde nos dirigen y en qué se usa el dinero que pagamos a través de los impuestos.

Para atragantarse con los huesos de las instituciones, la corrupción necesita de muy espesas tinieblas. Los funcionarios carroñeros sólo pueden medrar amparados en las sombras. La Ley de Acceso a la Información Pública busca hacer luz allí donde los ojos ciudadanos tienen derecho a ver y escudriñar. ¡Es hora de defenderla!

* Escritor y columnista de El Diario de Hoy.

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