Sobre el sistema de transparencia y probidad

El sistema de transparencia y probidad está constantemente sometido a prueba por sectores gubernamentales y políticos en nuestro país. Algunos acontecimientos que se resaltan son: la Corte Suprema de Justicia acató el recurso de amparo interpuesto por el Oficial de Información, cuya destitución vulneraba una serie de derechos laborales; la Presidencia de la Republica continúa sin acatar el fallo que declaró inconstitucional el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Corte de Cuentas continúa sin despejar los señalamientos de auditorías que se le hacen.

En este mes de enero se tensionó el ambiente en la Corte Suprema de Justicia al quererse reincorporar a sus labores el Oficial de Información de esa institución. La intención de restringir información del Órgano Judicial era evidente. Dicho funcionario, además, había recibido instrucciones de informar a la Dirección de Comunicaciones sobre los requerimientos de información, generándose una instancia que no está contemplada en la ley. No obstante, se reconoce que el Presidente de la Corte optó por acatar el fallo en que se amparó al Oficial de Información, habiéndolo reinstalado tal como se había dictaminado por la Sala de lo Constitucional. Por ahora la ciudadanía cuenta con una instancia seria e independiente para solicitar información y esperamos que se le permita en el futuro actuar dentro de lo establecido en la LAIP, sin invasiones y restricciones injustificadas.

Pero si bien el Presidente de la Corte Suprema de Justicia acató una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Presidente de la República no ha cumplido aún con el fallo que declaró inconstitucional varios artículos del Reglamento de la LAIP, olvidando así sus compromisos hacia la transparencia. La sentencia señaló que ciertas normas más bien dificultaban la aplicación de la ley. La Sala aclaró que el fallo no alteraba la validez de los listados de personas que resultaron electas por los diferentes sectores proponentes, por lo que no existe impedimento para elegir y nombrar a los Comisionados del Instituto. Además ha trascendido que se ha clasificado como información reservada los gastos de publicidad de la Presidencia de la República. Estas actuaciones dejan entrever que se está haciendo todo lo posible para no elegir a los comisionados del Instituto garante para evitar rendir cuentas, esquivando el principio de máxima publicidad.

Respecto de la Corte de Cuentas, han habido una serie de recomendaciones para modernizarla, sugiriéndose cambios en su diseño institucional, tales como la separación de facultades administrativas y jurisdiccionales, así como reforzar su independencia frente a los poderes políticos. Sin embargo, esta reforma continúa sin avances. Hasta la fecha, su desempeño no ha sido en base a cantidades recuperadas ni a sanciones impuestas. A pesar de lo tardío, vale la pena señalar que la Asamblea Legislativa finalmente ordenó una auditoría en el año 2010, sobre la cual se debe dar seguimiento a los hallazgos, con ese afán de mejora y rectificación de rumbos. La responsabilidad de controlar a esta institución es una práctica común a nivel internacional, ya que siendo de tanta relevancia debe estar asimismo sujeta a la rendición de cuentas. El manejo de fondos públicos y la responsabilidad de auditarlos es una función sumamente delicada que redunda en eficiencia y legitimidad para el sistema democrático.

En un sistema moderno nadie está exento de los frenos y contrapesos. Pese a lo antes señalado, recientemente han habido noticias sobre incumplimientos a requisitos de parte de la empresa que ejecutará la auditoría, conflictos de interés y declarar improcedentes señalamienos sin mayor justificación. Esto preocupa y debe corregirse tanto por la propia Corte de Cuentas así como por la Asamblea Legislativa. La tarea encomendada es de primer orden y el proceso debe ser impecable, no sólo simulando cumplir un trámite.

Desde los tres Órganos del Estado existen resistencias al buen funcionamiento del sistema de transparencia y probidad. El problema son los efectos dañinos que causan en el desarrollo económico y en la consolidación democrática. Se insta a deponer las resistencias y abrazar el cambio hacia un fortalecimiento del sistema.

*Columnista de El Diario de Hoy.