Ecos de la tregua...

Cuando las autoridades de seguridad pública afirmaron que reducirían los homicidios en El Salvador en un treinta por ciento, muchos fueron los escépticos y pocos los convencidos. Diez meses después de anunciado el pacto entre las pandillas, el promedio de asesinatos se ha reducido de 14 a 5 diarios.

Siguen vigentes las dudas sobre el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de la iniciativa, las consecuencias de no contar con un ordenamiento legal que nos permita reaccionar si fracasa el esfuerzo y las verdaderas razones por las que las maras accedieron a poner un alto a la guerra que venían protagonizando en los últimos diez años. Aunque esa incertidumbre desdibuja el futuro de la tregua, lo cierto es que la neblina que la encubre no es tan espesa como para impedir que identifiquemos los aspectos positivos de una de las pocas operaciones que ha dinamizado el combate a la delincuencia en los últimos veinte años.

En efecto la tregua no lo es todo. A esta acción atrevida y audaz de los funcionarios, la Iglesia y representantes de la sociedad civil, debe agregársele la necesidad de una política criminal efectiva, la modernización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y el involucramiento del sector privado en las áreas de prevención y rehabilitación. La OEA continúa apostándole al esfuerzo y la comunidad internacional se interesa por la permanencia del acuerdo. El gabinete de seguridad sigue refiriéndose al aplazamiento del conflicto pandilleril como un suceso ajeno a su programa de trabajo. Con la cautela del caso aluden a ella como un logro importante y dicen que el Ejecutivo acompañará el esfuerzo de Mons. Colindres y Raúl Mijango facilitándoles lo que necesiten. En ocasiones extrañamente se atribuyen el éxito y confirman que toda la estrategia surgió de su escritorio y que los mediadores cumplen el papel que ellos les encomendaron.

Lo cierto es que haya sido o no un plan de la administración Funes, la tregua ya tiene un sitial importante en los anaqueles de la historia, tanto para juzgarla como un grave error o alabarla por constituir una mecanismo novedoso que evitó la pérdida de vidas. Su existencia probablemente sea uno de los referentes más claros cuando se necesite identificar el rasgo más importante del actual Gobierno en materia de seguridad pública.

Mientras tanto continúan los ecos de este suceso. Alrededor del convenio de los pandilleros han surgido una serie de iniciativas con diferentes orientaciones y protagonistas. Las iglesias de distintas denominaciones han encontrado en el trato de las maras una oportunidad para rescatar a los jóvenes de un futuro incierto; la cooperación internacional identificó este hecho como una oportunidad excepcional para financiar proyectos que detonen programas de prevención de la delincuencia; la Cruz Roja ha anunciado la mejora de las condiciones de vida de los internos en los diferentes penales, y los empresarios se aprestan a constituir la que se conocerá como Fundación Humanitaria.

La afirmación que la tregua pende de un hilo y que es suficiente una sola orden de los pandilleros líderes para que todo el castillo se desmorone tiene fundamentos muy concretos. Basta recordar que efectivamente fue la instrucción de esa cúpula en las cárceles la que de inmediato produjo un descenso repentino y robusto en los homicidios. De no haber sido así, fuentes oficiales señalan que se necesitaría un presupuesto aproximado de trescientos millones de dólares anuales y triplicar la actual plantilla de policías para conseguir el mismo resultado. Esta única razón es suficiente para insistir en la propuesta que exige revestir de institucionalidad legal al convenio que ha maravillado a moros y cristianos.

Pero los riesgos no deben producir una parálisis de ideas. Por el contrario, el espacio concedido por quienes no encontraron otra acción más que la de delinquir y extorsionar, debe animar una movilización social que prevenga la incorporación de más jóvenes a las pandillas. También es necesario atender el llamado del Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, para no hacer de la tregua un tema de la campaña electoral y comprender que la solución a este grave problema pasa por aceptar que sus efectos continuarán después del 1º de junio de 2014 y con ellos la necesidad de grandes acuerdos entre los partidos políticos, la sociedad y los gobernantes orientados a encontrar una solución definitiva de la que todos debemos ser protagonistas.

* Columnista de El Diario de Hoy.