OTROS EDITORIALES

2012: Deterioro institucional en C.A.

Por Luis Mario Rodríguez R.* Sábado, 15 de Diciembre de 2012

El año finaliza con un nuevo golpe al sistema político hondureño. Ahora fue el turno de la Corte Suprema de Justicia. La primera víctima fue el exmandatario Manuel Zelaya, aunque continúa el debate sobre la legalidad o la arbitrariedad de la decisión de separarlo de la presidencia. Si analizamos estos sucesos con "visión integracionista", resulta que Centroamérica presenta señales preocupantes de irrespeto a los más elementales principios democráticos. La concentración del poder político, la penetración del crimen organizado en las entidades del Estado, la ruptura violenta e ilegal del orden constitucional, el transfuguismo y la fragilidad en la separación de poderes, auguran un 2013 sombrío para la región.

El Istmo inició su proceso de integración incluso antes que la Unión Europea. Sin embargo, a lo largo de estos más de cincuenta años, se zanjó una brecha entre ambos esfuerzos muy difícil de cerrar. Mientras los europeos alcanzaron acuerdos en el ámbito político y en el comercial, los centroamericanos retrocedimos y la decisión de ignorar el fortalecimiento de las instituciones regionales está pasando aceleradamente la factura. El Parlamento y la Corte Centroamericana de Justicia han sido objeto de críticas por convertirse en refugio de quienes necesitan fuero para que no les juzguen y últimamente, como instrumento al servicio de aquellos que no aceptan la justicia constitucional en cada uno de los países. Las instituciones regionales no se han preocupado por alentar las transiciones democráticas y su labor ha sido muy escasa en materia de prevención de conflictos al interior de los estados miembros.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional hondureña nos recuerda lo cerca que estuvo nuestro país de padecer un hecho similar. La reacción de la sociedad civil de esa nación ha sido escasa. Probablemente la agilidad con la que actuó el Congreso destituyendo a los funcionarios de un día para otro, sin respetar el debido proceso, dificultó las muestras de oposición y resistencia de los ciudadanos. Es aún más preocupante el caso nicaragüense, en el que la abstención de los votantes aumentó exponencialmente en las últimas elecciones municipales, beneficiando así al oficialismo que ganó en 130 de los 153 municipios del país. El agotamiento del interés popular por el adecuado funcionamiento del sistema político genera una apatía en materia democrática, que refuerza las intenciones de quienes aspiran al poder total.

A diferencia de Honduras, las señales y síntomas previos a la crisis institucional materializadas en el decreto legislativo 743 y aún antes, en la negativa de la Asamblea de cumplir la sentencia que ordenó sustituir las listas cerradas y bloqueadas, permitieron en el caso salvadoreño que diferentes entidades civiles se organizaran para defender la autonomía de los poderes públicos. Existen varios esfuerzos dignos de reconocimiento. El esfuerzo por constituir "redes de organizaciones sociales" en áreas como el acceso a la información pública, la reforma política, la independencia judicial y la sanidad de las finanzas públicas, además de perseguir objetivos concretos en los respectivos ámbitos, ha derribado las "murallas de desconfianza" que impedían acuerdos entre los distintos actores de la sociedad.

No obstante el desempeño de los movimientos ciudadanos durante los dos últimos años, el despertar cívico no es lo suficientemente sólido en relación a las amenazas que se ciernen sobre la democracia en la región. Hay muy poca cultura política y existen escasos esfuerzos en el ámbito educativo orientados a fortalecer los valores patrios. Por lo general ese fervor por la libertad surge cuando las limitaciones han llegado a tal extremo que retornar a la normalidad toma tiempo y lamentablemente cobra víctimas mortales. La "primavera árabe" es un digno ejemplo. Cuando la sociedad reaccionó, los dictadores habían penetrado y secuestrado la institucionalidad por completo. Por esa razón, los límites para quienes nos representan deben trazarse de manera muy clara y las consecuencias de su incumplimiento deben ser severas y ejemplarizantes.

Desde que Centroamérica retornó a los cauces democráticos, han transcurrido aproximadamente veinte años. Sin embargo no hemos hecho bien la tarea. Los procesos de reforma no lograron cimentar instituciones fuertes. Si bien la democracia ha fomentado procesos electorales para sustituir periódicamente a las autoridades, permanecen aún signos de autoritarismo que podrían distorsionar gravemente la estabilidad política de la región. Conviene entonces una conciencia más aguda de los electores y un mayor protagonismo de la comunidad internacional que castigue las conductas dictatoriales y premie a quienes promueven la libertad y el normal funcionamiento institucional.

* Columnista de El Diario de Hoy.

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