Preliminarmente informados

Era evidente que si venía a El Salvador la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, doña Gabriela Knaul, sus declaraciones se apegarían a lo que toda la comunidad internacional entiende como independencia judicial. Y así fue. Para ella, que es experta en el tema y está encargada de promoverlo alrededor del planeta, un juez independiente es aquel que no debe pleitesía a ningún poder público o privado para desarrollar su tarea en forma eficaz.

Para decirlo de otra manera, cuando un sistema judicial se ve obstaculizado en su labor de proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por verse sometido a presiones, amenazas o intromisiones de cualquier tipo, ese sistema deja de estar al servicio de la Constitución y las leyes, a las que se debe en exclusividad, y se convierte en instrumento de intereses que operan fuera del Estado de Derecho. La independencia judicial, por eso, viene a ser uno de los puntales sobre los que descansa la democracia, porque garantiza que los poderes estatales no van a responder a propósitos distintos de los que expresamente les señala la ley.

Cuando los magistrados o jueces de un país se ven obstaculizados en su misión esencial de emitir fallos imparciales y apegados a derecho, la vulneración del sistema produce una grieta enorme, a tal punto que la sobrevivencia de las libertades fundamentales deja de estar en manos de los funcionarios obligados a garantizarlas. Las vidas y los sueños de las personas, entonces, pasan a depender de los caprichos autoritarios de aquellos que han socavado y desnaturalizado el sistema.

El asunto es tan importante para el normal desarrollo de las sociedades modernas, que consultores expertos de la talla de Gabriela Knaul son contratados por organismos internacionales para verificar que la independencia judicial siga siendo un escudo que defienda la integridad de la democracia frente a las tiranías corruptas o el avance del crimen organizado. De allí que la reciente visita de la Relatora tuviera tanta repercusión y dejara tan definidas las conclusiones que como país deberíamos extraer de la grave crisis institucional que sufrimos este año.

La reacción que el informe preliminar de la señora Knaul cosechó en la sociedad civil organizada fue, y sigue siendo, unánimemente positivo. Como era de esperarse, las personas e instituciones que nos pronunciamos contra el inédito atropello que en su momento enfrentó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no podemos menos que celebrar el contundente respaldo con que una experta internacional reivindica la lucha que libramos. En todos los frentes argumentativos, la Relatora confirmó que la actuación de los partidos conjuntados en el llamado "bloque nefasto" constituyó un atentado flagrante a la independencia judicial.

Queda hoy debidamente asentado que las sentencias del máximo intérprete de nuestra Constitución, la Sala de lo Constitucional, no están sujetas al gusto de nadie, y menos de los actores políticos. Ningún órgano del Estado, bajo pretexto alguno, puede arrogarse autoridad para decidir si cumple o no con sus fallos. Las sentencias de la Sala no se emiten para ser discutidas, sino para ser acatadas.

La Asamblea Legislativa, además, ha irrespetado la independencia judicial cuando ha creado comisiones destinadas a promover acusaciones contra magistrados, o cuando los diputados han armado delegaciones oficiales para poner a los pies de un tribunal extranjero la forma en que los salvadoreños debemos aplicar nuestra Carta Magna.

Pero el que semejantes abusos reciban hoy su justa reprimenda no significa que los partidos que los cometieron estén arrepentidos. Las asombrosas reacciones de algunos diputados tras el informe preliminar de Gabriela Knaul demuestran que su terquedad es insultante, incluso a prueba de ridículos internacionales. El Estado de Derecho les sigue estorbando. Quieren ser ellos los que definan a qué llamamos democracia en El Salvador.

*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.