OTROS EDITORIALES

Los impuestos y el gasto

Por Manuel Hinds* Jueves, 15 de Noviembre de 2012

El Gobierno nuevamente está hablando de introducir nuevos impuestos, en este caso uno tasado sobre las transacciones financieras, y otro tasado sobre los saldos de los depósitos. Otra vez, presenta argumentos que no vienen al caso, tales como que impuestos como estos existen en otros países y que la relación entre los impuestos cobrados y el Producto Interno Bruto (PIB) del país es más baja que en el promedio de la América Latina.

El primer argumento no tiene ningún peso. El hecho de que se use en otras partes no quiere decir que sea bueno. Usándolo podría justificarse hasta el suicidio, que, después de todo, se practica en otros países, incluyendo los muy desarrollados.

El segundo argumento también es falaz, porque lo que debería compararse no es lo que se cobra en impuestos sino el volumen y la calidad de los servicios públicos que los gobiernos brindan en cada país. Una sociedad no se vuelve más rica porque cobra impuestos sino porque educa bien a sus ciudadanos y les brinda mejores servicios de salud, seguridad y similares.

El comparar lo que los países cobran en impuestos o gastan en dar estos servicios se hace suponiendo que lo que los gobiernos gastan en ellos se traduce en más y mejores servicios. Esta suposición, sin embargo, no está justificada, ni en otros países de la América Latina, ni en El Salvador, en donde los niveles de malgasto y desperdicio son impresionantes.

Así, por ejemplo, el deseo del Gobierno actual de El Salvador de obtener más recursos va en proporción inversa con la provisión de servicios públicos.

Estos servicios nunca han estado peores a pesar de que el Gobierno nunca ha gastado tanto dinero como ahora. El gasto del Gobierno central en 2011 fue 85 por ciento superior al de 2003, es decir, el gasto del Gobierno casi se ha duplicado. Y, sin embargo, la falta de medicinas y materiales de salud ha alcanzado niveles críticos. La seguridad sigue siendo un problema terrible para la población.

La educación está estancada, las carreteras y calles están llenas de hoyos, y, con la excepción de unos cuantos cientos de metros de la Diego de Holguín, no se está construyendo nada nuevo que valga la pena mencionar en términos de carreteras o de cualquier otra obra de infraestructura (la carretera del milenio es realmente un proyecto del Gobierno de Estados Unidos, no de El Salvador).

El transporte público es una desgracia para la ciudadanía que lo tiene que usar y para la que no lo usa, porque todos tienen que soportar la terrible contaminación causada por los buses, los abusos que éstos cometen en el tráfico, los sangrientos accidentes que causan por las imprudencias de los choferes y la falta de mantenimiento de las unidades, además de tener que pagar impuestos para transferirles enormes subsidios a los buseros.

Nadie en su sano juicio daría más dinero a este Gobierno, que ha demostrado que mientras más dinero tiene, más lo malgasta. Es por esto que el Gobierno quiere desviar la atención del despilfarro escondiéndolo detrás del argumento falaz de que el ciudadano salvadoreño paga menos que en el país promedio de Latinoamérica, como si el Gobierno tuviera el derecho de cobrar impuestos para despilfarrarlos sin devolverlos en servicios más extensos y eficientes.

La ciudadanía no debe caer en esta trampa. Lo que se debe discutir es por qué los servicios públicos están cada vez peores cuando el Gobierno no ha gastado nunca tanto como está gastando ahora. Las preguntas son, ¿a dónde se han ido esos recursos? ¿En qué se están gastando realmente esos dineros?

Hablar de entrada sobre propuestas de nuevos tributos es hacerle el juego al desaforado malgasto del Gobierno. Tirar más dinero a un barril sin fondo no es la solución para los problemas fiscales del país.

*Máster en Economía,

Northwestern University.

Columnista de El Diario de Hoy.

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