Las concesiones y la actitud de la administración pública

Recientemente se ha sabido que en varias instituciones estatales responsables de administrar concesiones u otorgarlas, se está viviendo una especie de síndrome al inmovilismo, o peor a la negación, por lo que aun cuando no es un tema de gran luminosidad mediática me parece relevante de tratar.

De parte de importantes funcionarios se escuchan comentarios como el que negociar con empresas grandes, de nivel mundial, es siempre un problema por cuanto suelen ser tan grandes, y de un nivel tan global, que tienen la capacidad de "imponer" las contratas o de manejar los tribunales cuando hay litigios.

Estos funcionarios logran, queriéndolo o no, provocar efectos negativos al país; el más grave es que inversiones nacionales ya realizadas, que deberían estar produciendo riqueza y empleos a salvadoreños, están paralizadas y a punto de quebrar a sus administradores; el caso de CEPA-Cutuco es bastante obvio, o si ya son bienes u obras concesionados, su crecimiento y modernización son nulos, como en LaGeo, o resultan en unos costos absolutamente irracionales como la frustrada y posiblemente reiniciada represa del Chaparral.

Esta conducta puede tener varias explicaciones, desde la incapacidad de los funcionarios hasta conductas ideológicamente determinadas, pasando por supuesto por la cada vez más extendida teoría, de que hay intereses ocultos en que estas concesiones se paralicen o se deterioren, para que otros las tomen a precio de me lo llevo.

Sea cual sea la razón que explique el inmovilismo, lo cierto es que el resultado es una nueva contradicción entre lo planteado por el Ejecutivo y lo que hacen sus funcionarios. Es bastante cuesta arriba pensar en un Asocio para el Desarrollo exitoso, o una ley de Asocios Públicos Privados, que realmente funcione, si resulta que para los funcionarios la inversión extranjera siempre está tachada de corrupta o imperialista.

Sin embargo no todo es obscuro en el horizonte, la Asamblea Legislativa al tratar el tema de la desafortunada sentencia sobre las concesiones del subsuelo que emitiera recientemente la Sala de lo Constitucional, lo está haciendo con mucha seriedad y sin precipitarse, tratando según entiendo, de preservar los valores de seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y evitando burocracias excesivas en el marco de darle cumplimiento a la referida sentencia.

Conviene recordar que no por grandes las empresas internacionales están fuera de la ley, tenemos casos recientes de sentencias judiciales y de arbitrajes internacionales en sentido negativo a los intereses de las empresas extranjeras y en igual sentido hemos visto laudos en favor de las compañías extranjeras. Las resoluciones sobre minería y en relación a una cadena internacional de comida están en el primer caso, el laudo a favor de ENEL GREEN POWER contra CEL/INE es ejemplo de lo segundo, este último inclusive sujeto a árbitros internacionales pero en base a la legislación salvadoreña; no se puede pensar que en el primer caso se ganaron por capacidad de los demandantes y en el segundo se perdió por malignidad de la empresa. Las reglas locales y las reglas de los arbitrajes internacionales son claras y no es simplemente que las empresas extranjeras juegan sucio cuando ganan y juegan limpio cuando pierden. Esto no es ni sostenible ni adecuado a los intereses del país, puestas las reglas del juego deben ser parejas para todos los jugadores.

El país necesita enfrentar el reto del crecimiento con inteligencia y valentía, esto implica dejar de escudarse en la mitología demoníaca de las grandes empresas mundiales y enfrentar los retos de tratar con el mundo de cara a la modernización. Si toca negociar una contrata, hacerlo sin miedo, y si toca cumplir un contrato, respetarlo, y si hay diferencias que se someten a resolución judicial o arbitral, aceptar las resoluciones. No es empañando los tratos con las empresas concesionarias o inversionistas que debemos justificar nuestras limitaciones, es corrigiendo éstas.

*Abogado y Economista.

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