El superficial abordaje oficial de las armas ilegales

Este mes, durante la inauguración de un curso sobre control de armas de fuego, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública enfatizaron el importante hallazgo que arrojó una investigación académica: en Centroamérica circulan aproximadamente dos millones y medio de armas ilegales. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, además aseguró que en El Salvador dicha cifra ronda las quinientas mil armas y que la mayoría de éstas están en manos de pandilleros y otras estructuras criminales.

Estas declaraciones sobre la situación salvadoreña, no obstante, entran en contradicción con las de otros funcionarios del ramo. El año pasado, por ejemplo, Carlos Ascencio, exdirector de la Policía Nacional Civil, explicó que existían alrededor de doscientas sesenta mil armas de fuego legalmente registradas en el país y que la cantidad de armas ilegales triplicaba esa cifra, según los análisis de la corporación policial. El dato de Ascencio supera en más de doscientos mil el citado por Martínez. Independientemente de cuál estadística se aproxima más a la realidad, ambas proyectan un problema grave, pero una más que la otra.

Ambos funcionarios coinciden, por otro lado, en que la mayoría de las armas ilegales está en manos de pandilleros y delincuentes organizados. Este punto contradice a lo expuesto por David Munguía Payés, Ministro de Justicia, quien afirmó en julio de este año, según una nota publicada por un periódico digital, que las pandillas no están tan fuertemente armadas como se creía. El titular de seguridad utilizó este argumento para restar importancia a las críticas vertidas en torno a la reducida cantidad de armas presuntamente entregadas por pandilleros en el marco de la negociación con el Gobierno (setenta y siente en total).

Munguía, según la misma nota, explicó que estima que existen alrededor de setenta mil pandilleros y que una clica promedio, compuesta por quince miembros, tiene en su poder tres o cuatro armas. Tomando estos datos, las pandillas tendrían un modesto arsenal que oscilaría entre catorce y dieciocho mil armas ilegales. Bajo esta lógica, aún se tendría que explicar en manos de quién están las restantes cientos de miles de armas ilícitas (cuatrocientas mil según la cifra de Martínez o setecientas mil de acuerdo a la de Ascencio).

Resulta ilógico pensar que las organizaciones criminales más numerosas y peligrosas que operan en el país, tengan una participación tan reducida del total de armas ilegales que circulan a nivel nacional. Estas discrepancias revelan que la dinámica de los mercados negros en los que trafica y comercializan las armas ilícitas, sus accesorios y municiones es un tema que no se ha analizado ni atacado sistemáticamente a profundidad. Otros países han demostrado que éste ha sido un componente vital en las estrategias antidelincuenciales exitosas. Hasta el momento el abordaje salvadoreño de las armas ilícitas ha sido superficial.

Según datos recopilados por organismos internacionales, Honduras y El Salvador registran las tasas más elevadas del mundo de homicidios cometidos con arma de fuego por cada cien mil habitantes, con 68.43 y 39.9, respectivamente, pero ostentan la posición ochenta y ocho y noventa y dos al considerar el promedio de propiedad de armas de fuego por cada cien habitantes. Suiza y Finlandia, por otro lado, en donde la tasa de homicidios es de 0.77 y 0.45, correspondientemente, ocupan la posición tres y cuatro en el mundo al considerar la cantidad promedio de propiedad de armas de fuego.

Estas cifras demuestran que el alto nivel de violencia en nuestros países está asociado con el comercio y tráfico de armas ilícitas y, por lo tanto, las autoridades deben de estudiar a fondo la dinámica detrás de la situación para orientar correctamente sus esfuerzos y lograr así impactar de forma significativa la incidencia criminal.

* Máster en Criminología y Ciencias Policíacas.

Twitter:@cponce_sv

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