Prácticas anticompetitivas: ¿multas o cárcel?

El martes 14 de agosto entrevistaron al Superintendente de Competencia en el programa 8 en punto. El superintendente se refirió al anteproyecto de reformas a la legislación de competencia. Al respecto dijo que se propondría castigar con prisión la comisión de ciertas prácticas anticompetitivas.

Antes de 2006 existía en el Código Penal el delito de monopolio. Aunque nunca se condenó a nadie, en el papel se criminalizaban algunas conductas que hoy la Ley de Competencia tipifica como prácticas anticompetitivas. Pero al entrar en vigencia la Ley de Competencia se derogó la disposición que contenía ese delito.

Con el decreto de la Ley de Competencia se tomó la decisión de impulsar la persecución de prácticas anticompetitivas. Pero se decidió hacerlo desde el Derecho Administrativo, no del Penal. De manera que las sanciones pasaron a ser multas en lugar de años de prisión.

La iniciativa citada por el superintendente plantea un giro significativo en la política de competencia. Esta se someterá eventualmente al debate de los políticos en la Asamblea Legislativa. Pero es necesario que también la academia, empresarios y consumidores participen en esta deliberación.

La discusión ya inició en algunos foros, conversaciones de pasillo y redes sociales.

A continuación se plantean algunos argumentos en contra y a favor de la criminalización de prácticas anticompetitivas que han comenzado a surgir.

Argumentos en contra.

1. Cuando las leyes de competencia describen prácticas anticompetitivas, muchas veces utilizan conceptos indeterminados. Privar de libertad a alguien por una conducta que no aparece claramente descrita en la ley atenta contra el principio de legalidad (art. 8 Cn).

2. Criminalizar a los empresarios por temas comerciales ahuyenta a los inversionistas.

3. La frágil institucionalidad del sistema judicial y las insuficientes capacidades de jueces y fiscales en temas económicos potencian el riesgo de condenas injustas.

4. Las pruebas que recaba la autoridad suelen incriminar a los empleados que, siguiendo las instrucciones de sus superiores, simplemente ejecutan las políticas comerciales anticompetitivas. En prisión pueden terminar inocentes, mientras sus jefes continúan haciendo negocios en libertad.

5. El sistema sancionador del Estado sólo castiga con prisión aquellas conductas que la sociedad considera más lesivas y reprochables, el resto son objeto de sanciones administrativas (ej.: multas). Entonces, si bien las prácticas anticompetitivas son dañinas, se trata de infracciones de carácter comercial que no pueden equipararse al homicidio, secuestro y violación.

Argumentos a favor.

1. Criminalizar las prácticas anticompetitivas refleja el compromiso del Estado en garantizar a los empresarios un mercado con reglas claras y condiciones de libre competencia. Esto atraería a los inversionistas.

2. Castigar con prisión las prácticas anticompetitivas disuadirá a los empresarios de cometer ese tipo de ilícitos.

3. Mediante el programa de clemencia se da un beneficio especial a quien, habiendo cometido una práctica anticompetitiva, reconoce la infracción y delata a sus cómplices. El programa no ha funcionado porque actualmente ofrece un beneficio poco atractivo (al delator le queda abierta la posibilidad de que le impongan una multa de hasta $1.1 millones). Si ante la posibilidad de ir a prisión se ofrece la libertad, el programa será mas atractivo y las investigaciones más eficaces.

4. Otros países más desarrollados y con economías de mercado (Estados Unidos y Brasil) sancionan con prisión la participación en carteles.

5. Obtener ganancias ilegítimas por prácticas anticompetitivas equivale a robar a los consumidores. Es justificado que esa conducta se sancione con privación de libertad.

Estos argumentos y otros que surgirán en los próximos meses habrán de servir para que cada quien los analice, evalúe la iniciativa y ejerza ciudadanía participando en el debate.

* Especialista en Competencia.

dolmedo@advise.com.sv

Twitter:@dolmedosanchez

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