Por la sociedad democrática

Importante respiro frente a la cargada atmósfera en que vivimos fue lo que tuvo la gente durante la vacación de agosto, sólo para continuar, al regresar, con la crisis institucional que tanta mella le viene haciendo al país; porque la inseguridad jurídica que causa afecta a todos y aleja la inversión. La crisis se desató tras negarse la Asamblea Legislativa a acatar dos fallos de la Sala de lo Constitucional, cuando claro está en el artículo 183 de la Constitución que la Sala es "el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano".

Para evitar cumplir con lo que dice la ley primaria del país, la Carta Magna, se recurrió a la Corte de Managua cuando resulta evidente que no tiene jurisdicción esta instancia sobre el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y un eventual fallo suyo, se sabe a favor de quién, sólo complicará más nuestro ya complejo escenario; formaron, además, una comisión legislativa para tratar de desarticular dicha Sala. Debo decir que no conozco al magistrado Rodolfo González, pero lo que le están haciendo por un lamentable capítulo en su vida que culminó en divorcio, tiene rasgos de vil hipocresía, pues el caso ha estado cerrado desde hace años. Dicho sea de paso, tampoco conozco a los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco.

Y es esto lo que diferencia el presente con el pasado: el decidido apoyo de diversos grupos de la sociedad con el que cuentan los magistrados de 2009, le guste o no a cada quien en lo particular, es porque han venido demostrando independencia en sus resoluciones, convirtiéndose en estos momentos de crisis generalizada y de gran confusión en garantía para la sociedad de que permanecerá al final del camino un árbitro que no se va a ir por comodidad con los vaivenes de la clase política. Estando bastante desgastada no sólo en El Salvador sino en el mundo la figura de la clase política, estos señores no lo están por estar cumpliendo con lo que les toca cumplir.

Más importante aún y a pesar de que hay quienes quisieran hacer ver la crisis institucional que sufrimos como un tema entre derechas e izquierdas, el tema no es ideológico y tiene en realidad que ver con las convicciones democráticas que cada quien tiene; con el importante avance, incipiente si se quiere, y el compromiso de cada quien con la construcción de nuestra institucionalidad democrática. Esto es lo que ha salido a defender, y a fortalecer, la sociedad civil en su conjunto y por lo que se ha expresado la comunidad internacional: los valores democráticos. Habiendo elegido, como sociedad, las reglas del juego que la democracia da para vivir en armonía, se aboga por que se cumpla con nuestro ordenamiento jurídico.

La instancia establecida en Casa Presidencial tiene su prueba de fuego. Se logra acuerdo sobre propietarios y suplentes de los abogados electos en abril de este año por la legislatura anterior, y sobre el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema y se procede así a acatar los fallos, o podría llegar a caerse esa instancia. Por el bien del país ojalá se logren acuerdos, iniciando por quien presidirá la Corte y la Sala; se cumplan los fallos, esto es juramentación a los magistrados electos en 2012 y 2006 y, por supuesto, queden los cuatro magistrados electos en 2009 en la Sala de lo Constitucional. El Salvador requiere salir ya de este prolongado impasse.

¡Ojalá sea así!

*Director Editorial de El Diario de Hoy.

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