Verdaderas intenciones

Los ciudadanos han debido descifrar con lupa los mensajes que han surgido de la mesa de negociación instalada entre los partidos políticos y el Presidente de la República, para resolver el conflicto entre los Órganos del Estado. Lamentablemente se intuye que uno de los principales objetivos es neutralizar a la Sala de lo Constitucional. En otras palabras, las discusiones en Casa Presidencial parecen encaminadas a generar acuerdos que limitarían las facultades de la Sala o lo que es peor, están sentando las bases para apartar de su cargo a uno de los magistrados que junto al resto de colegas en dicha instancia, han demostrado capacidad, independencia y conocimiento técnico del derecho constitucional. El acta de compromiso suscrita el pasado 24 de julio, extrañamente avalada por el CD y ARENA, posibilita la imputación de cargos a la Sala como violatoria de la Constitución por haber, según los partidos, reformado la Constitución a través de sentencias y obligado a la Asamblea a legislar, interfiriendo en sus atribuciones.

La reserva impuesta por los participantes en CAPRES no debería ser un obstáculo para que la sociedad civil se pronuncie por lo que probablemente se está fraguando en su interior. Las declaraciones del Presidente Funes explicando que además de discutir la elección de los magistrados de 2006 y los de 2012, uno de los partidos ha solicitado se analice el proceso por el que fueron designados los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2009, es muestra irrefutable que la posibilidad de su destitución está sobre la mesa. También se encuentra en el tintero la reforma que impondría restricciones importantes a la facultad de la Sala que le identifica como la máxime intérprete de la Constitución de la República.

La mesa de negociación, al momento de escribir este artículo, no ha ejecutado acciones que permitan comprobar a los ciudadanos la voluntad política de resolver el problema. No se han publicado las sentencias de la Sala de lo Constitucional en el Diario Oficial ni se ha procedido a retirar la demanda interpuesta por la Asamblea legislativa ante la Corte Centroamericana de Justicia. Si los partidos están dispuestos a cumplir los fallos de la Sala y el presidente a servir como mediador del conflicto, como mínimo deberían proceder a realizar esas dos acciones.

Otro gesto político que demostraría la seriedad de la negociación es el cierre de la Comisión Especial que investiga la elección de "la generación" 2009. Hacer lo contrario, esto es, decirle a la población que tienen la intención de restablecer el orden democrático y al mismo tiempo negarse a realizar estas acciones, simplemente representa un engaño que probablemente está orientado a evitar las presiones de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que creyeron en la mediación del presidente y en la capacidad de los partidos para lograr un acuerdo.

Siempre ha estado claro que las sentencias de la actual Sala de lo Constitucional no han sido del agrado de los partidos. Intentaron en 2011 sustituir el quórum de decisión en dicha Sala exigiendo que las resoluciones se tomaran por unanimidad y ya no por mayoría de sus miembros. Con ello lograban que con un magistrado en desacuerdo, las sentencias de inconstitucionalidad quedaran "engavetadas". Esa acción, traducida en el Decreto Legislativo 743, quiere replicarse, aumentándose exponencialmente con la expulsión de alguno de los miembros de la Sala, conociendo que la reacción de los otros tres magistrados sería la de renunciar en solidaridad con su compañero. Todo el problema se reduce a eso. No se acepta que por primera vez existe en El Salvador una justicia constitucional independiente.

Tras la instalación de la mesa de negociación, la sociedad civil ha sido cautelosa de no interferir en las discusiones, con la esperanza que los participantes logren acuerdos que permitan el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ante las primeras señales, es necesario recuperar el protagonismo para exigir a los partidos el respeto a la institucionalidad. De lo contrario, los resultados podrían complicar el futuro de la administración de justicia en El Salvador y la independencia entre los poderes del Estado.

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