Golpe a la democracia y al Estado de Derecho

Es lógico que los diputados del FMLN, aliándose temporalmente con GANA, PES y CN, y con el apoyo del Presidente Funes, se nieguen a aceptar que han participado en un golpe de Estado técnico de un poder del Estado a otro. Que están repartiéndose cuotas de poder para sus propios intereses políticos y no están trabajando por el bienestar del país.

No hay duda de que los diputados de estos partidos han caído en el delito de desacato al violar la Constitución de la República y posteriormente negarse a cumplir una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las advertencias y críticas de la población, faltando a la ética eligieron ilícitamente dos veces en el mismo periodo Legislativo a magistrados de la CSJ y al ser declarada dicha elección como inconstitucional, recurrieron a un organismo de integración regional, para que avalara como legal su intención de consolidar un plan bien orquestado, para tomarse el país a través del control del órgano Legislativo sobre el Judicial.

Además, han irrespetado la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico, para lo cual reformaron la Ley Orgánica de la CSJ para que pueda haber Corte plena sin todos los magistrados electos presentes y que se puedan reunir sin haber sido convocados por su presidente.

El Presidente Funes, a pesar que dijo que no podía intervenir, dio un espaldarazo a los partidos políticos que controlan la Asamblea, apoyando la injerencia de la Corte Centroamericana de Justicia (organismo cuestionado en los últimos años y esta semana recibió la carta de renuncia de Silvia Guillén, magistrada suplente, por no estar de acuerdo con la manera que se ha manejado el caso salvadoreño), cuya jurisprudencia está por debajo de la Constitución, en un fallo que no le corresponde y mandó a la PNC el domingo a proteger el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional.

Este tipo de imposiciones, manipulaciones y violaciones a la legislación, manda señales negativas a inversionistas de que en El Salvador no se respeta el Estado de Derecho ni sus instituciones, generando incertidumbre y causando tremendos daños a nuestra economía.

Es absurdo cuando no tienen argumentos válidos para defender estos actos ilegales, insisten en repetir falsedades tratando de descalificar y desprestigiar a los que critican justificada y constructivamente sus acciones. Les molestan las opiniones de Aliados por la Democracia, cuyos integrantes son variadas y diversas organizaciones empresariales de jóvenes, sindicatos, feministas, juristas, centros de estudio, universidades y otros grupos cívicos que dejan a un lado la ideología y sus diferencias para defender la democracia.

Igualmente, se han unido en tratar de hacerlos entrar en razón la UCA, la Conferencia Episcopal, juristas de destacada trayectoria, todos pidiéndoles que acaten el fallo de la Sala de los Constitucional de la CSJ, por lo que los argumentos esgrimidos por el diputado Reyes en un programa de televisión son un insulto a nuestra inteligencia.

La solución en este momento sólo puede ser política. Los partidos mayoritarios deben sentarse a negociar y ponerse de acuerdo sobre cómo cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional, que manda a hacer una nueva elección de magistrados de las generaciones 2006 y 2012. Los ciudadanos esperamos que recapaciten ante el daño que le hacen a nuestro país violando la Constitución, doblando leyes para imponer su voluntad, entregando nuestra soberanía a una instancia extranjera y que respeten el Estado de Derecho.

Agradecemos a los cuatro magistrados que han actuado correctamente defendiendo la Constitución, el orden jurídico y están dando un ejemplo de lo que es la honradez y de actuar correctamente, a pesar de todas las presiones que puedan padecer.

* Columnista de El Diario de Hoy.

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