Tenía razón David J. Guzmán

Parece cuento de terror publicado por entregas, en que cada semana los protagonistas intentan superar sus anteriores actos con otros mucho más indignantes: esta semana, el generoso contribuyente salvadoreño le regaló un paseo a Nicaragua a distinguidos miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa. El paseo tenía como propósito recurrir de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, emitidas el 5 de junio del presente año ante la Corte Centroamericana de Justicia, hasta hace unas semanas un organismo de poquísima relevancia en la vida democrática de nuestro país, pero que la audaz ignorancia (por no decir cinismo descarado) de algunos diputados, ha pintado falsamente como el bastión sobre el que descansa el Estado de Derecho de los países centroamericanos.

Ha sido irrelevante para los diputados (y para sus asesores jurídicos de cuestionables intenciones, cuya interpretación de la Constitución llevaría a cualquier estudiante de derecho con honestidad intelectual a preguntarse si están leyendo el mismo texto constitucional que el resto de nosotros) que el estatuto que justifica la existencia de la Corte misma le dé competencia ÚNICAMENTE en los casos en que exista un conflicto de órganos, o cuando se caiga en el irrespeto de fallos judiciales. No ha tenido importancia para los demandantes el hecho de que no hay un enfrentamiento de órganos sino un berrinche orientado a desacatar los fallos que simplemente los instan a elegir magistrados, esta vez respetando el principio de representatividad popular que busca que cada legislatura elija una magistratura.

La Constitución en su artículo 183 reconoce que la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar inconstitucionalidad, es decir, una interpretación sensata de lo anterior lleva a concluir que es la Sala de lo Constitucional, y no otra entidad nacional o regional, quien tiene la última palabra. Por lo anterior puede concluirse que a los diputados del FMLN, GANA, CN y PS les importa muy poco el hecho de que velar por el cumplimiento de la Constitución que juraron respetar en el mandato que les fue conferido por la ciudadanía, implica también acatar y reconocer la inapelabilidad de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sean o no favorables a sus intereses políticos particulares.

Quizás no les ha caído en gracia a los diputados mencionados que esta Sala de lo Constitucional se encuentre velando efectivamente por que las actuaciones legislativas se apeguen en forma y fondo a la Constitución, y no por la estabilidad laboral de quienes han hecho de la política y el ejercicio del poder su modus vivendi.

La crisis institucional en la que se encuentra nuestra democracia debe ser un llamado para que la ciudadanía haga un examen de conciencia, y reconozca que todos los años anteriores de pasividad y apatía ciudadana han mal acostumbrado a nuestra élite política a que ejerzan el poder como si los límites que imponen nuestras leyes fueran opcionales. Este es por lo tanto un buen momento para demostrarle a la clase política, con una participación que debe trascender del día de las elecciones y traducirse en expresiones constantes de la sociedad civil organizada, que esta ciudadanía no se siente representada por gobernantes que no respetan el Estado de Derecho.

No le faltó razón al doctor David J. Guzmán cuando en la Oración a la Bandera plasmó: "Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la Providencia que te ampare", porque lo que son "los Padres de la Patria", la han desamparado.

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

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