Tierra de sombras

El ambiente nacional de las últimas semanas habría desmotivado hasta a un profesional del optimismo. Y no por casualidad, pues se dieron en sucesión, sin darle tregua ni respiro a la sociedad salvadoreña, una serie de eventos desdichados que de verlos alguien ajeno a la situación, habría acusado a Edgar Allan Poe de plagiar sus obras de terror.

Enumerando los desafortunados acontecimientos, cabe mencionar: el madrugón con el que la Asamblea saliente decidió elegir extemporáneamente magistrados y fiscal, como regalo de despedida; la solemne piñata organizada por movimientos antes desconocidos para la sociedad salvadoreña, pero que demostraron experticia en logística y capacidades de financiamiento envidiables, en la que el Presidente Funes soplara las velitas del pastel del tercer cumpleaños de su administración con un discurso que dejó como saldo un superávit de excusas y reproches y un déficit de planes concretos y propuestas.

No pueden obviarse en este recuento de plagas: la degustación de caviares con la que el noble pueblo salvadoreño dio (con el mismo placer con que se paga una multa) la bienvenida a la nueva Asamblea Legislativa, y el número de asesinatos que aunque reducido, sigue dejando el sabor amargo de la impunidad y la impotencia. También sería imposible excluir de la lista la novela de bajísima calidad y mal gusto con la que un diputado recién reelecto (por obra y gracia del sistema de cocientes y residuos), decidió deleitar a la sociedad salvadoreña a través de lo que pareció un infinito ciclo noticioso sobre sus hábitos domésticos neandertales.

A pesar de que todo lo anterior habría justificado un baño colectivo de ruda y que los terrenos parecían infértiles para la esperanza, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue capaz de devolver a muchos el optimismo cuando esta semana, a través de las cuarenta páginas que conforman una resolución que probablemente seguirá dando de qué hablar en los círculos de la academia jurídica por su altísima calidad técnica, declaró la inconstitucionalidad de las actuaciones que, sin estar facultada expresamente por la Constitución, realizara la Asamblea Legislativa con mezquinos fines partidistas.

La importancia de la anterior sentencia no sólo radica en que puede ser la herramienta que vuelva a encaminar a nuestro país y sus instituciones hacia la normalidad democrática, para que continuemos enfocándonos en otros problemas prioritarios, sino también en que ha servido para devolver a muchos ciudadanos la esperanza y el optimismo de la posibilidad que en el país se respete el Estado de Derecho y que la ley prime sobre el capricho político.

Que la sociedad evalúe con criterio objetivo las reacciones nefastas y argumentaciones carentes de fundamento que la sentencia ha provocado en muchos políticos es también positivo, pues será información valiosa cuando llegue la hora de volver a las urnas. Por el momento, no queda más que celebrar que en lo que parecía una tierra de sombras, ha comenzado a asomarse de nuevo el sol.

*Lic. en Derecho.

Columnista de El Diario de Hoy.

Twitter: @crislopezg

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