Un seguro a turistas para que no los desvalijen

Las gremiales del sector productivo (los que nos visten, alimentan, proveen de techo, dan trabajo, sostienen los servicios públicos y financian el consumo patriótico de la burocracia) señalan la serie de fallas e incongruencias de la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, una ley que de aprobarse tendría el efecto contrario: acentuar la inseguridad, poner sobre aviso a los inversionistas de la incertidumbre que prevalece.

La ley equivale a que en el aeropuerto de Comalapa, para fomentar el turismo, se instale un quiosco donde los extranjeros que nos visitan puedan comprar un seguro contra saqueos y asaltos en las playas.

Es claro que los autores de la gran pensada no terminan de comprender que la función primordial de un Gobierno es asegurar, en la medida de sus posibilidades, la seguridad física y jurídica para todos, no solamente para los que paguen por ese privilegio. El hecho mismo de proponer semejante ley envía una señal muy negativa a los inversores, tanto locales como foráneos.

Es claro que los autores de la ley tienen escasa experiencia en el trabajo del mundo real, donde no se reciben en forma puntual cheques de un presupuesto, sino que el dinero se gana, bíblicamente, con sudor, responsabilidad y disciplina. Y la señal más clara son los plazos que se establecen en la ley para llevar una inversión al punto en que inicia operaciones.

La ley habla de noventa días para iniciar el negocio después de firmado el contrato. Pasada la prórroga única que se concede, por otros noventa días, los beneficios caducan.

Pero sólo construir un edificio y una bodega toma mucho más tiempo, comenzando por los retrasos para obtener permisos, solvencias, estudios de factibilidad, análisis de suelos, calcular estructuras… como ejemplo, entre la firma de la compra de la principal máquina impresora de EL DIARIO DE HOY y su puesta en marcha pasaron más de tres años, plazos muy "normales" para instalar grandes equipos fabriles.

No es normal que el inversionista pague protección

A esto se agrega que cada una de las Repúblicas Populares Socialistas y Bolivarianas del territorio, como digamos fue el territorio libre de Mejicanos, tiene sus propias exigencias y normas, como asimismo su visión respecto a las inversiones: en este caso los antiguos ediles de Mejicanos vieron el establecimiento de un centro comercial como una afrenta "al pueblo" y al socialismo.

Por similares causas se vinieron abajo los proyectos para establecer generadoras de energía en La Unión, el lugar donde languidece un gran puerto ya terminado pero no usado. La última promesa es que antes de finalizar este episodio de gloria nacional, el puerto estará concesionado.

Lo normal no es que los inversionistas paguen por protección como en Chicago en los Años Treinta, o que se les garantice que algunas de las regulaciones y tributos vigentes no van a endurecerse, sino que un gobierno se las rebusque para ofrecer incentivos de diversa naturaleza incluyendo ceder terrenos, para que grandes fábricas se instalen.

Ese fue el caso de Intel, en Costa Rica, y lo que algunos estados norteamericanos ofrecieron a empresas automotrices japonesas y alemanas para montar sus fábricas. Lo que se da en incentivos se recupera con creces con los empleos y la nueva riqueza generada.

Por ahora hay inversión en el país, pero es de mantenimiento, para seguir operando. Y todos en vilo a la espera de las próximas elecciones…

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