El fracaso de un desquiciado experimento

Ahora, casi dos meses después de que las autoridades de seguridad trasladaran a los máximos cabecillas pandilleros a presidios con medidas de seguridad menos rigurosas, como parte de las concesiones otorgadas por el Gobierno en el marco de una negociación, el panorama es un poco diferente al que se logró fabricar después de la inesperada revelación mediática que puso al descubierto la medida, hasta entonces, más secreta del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Las alarmantes notas periodísticas publicadas al inicio, en las que se estableció que el Estado había pactado encubiertamente con las pandillas una reducción en la cantidad de homicidios reportados a nivel nacional a cambio de ciertos beneficios, provocó indignación entre los salvadoreños. En un esfuerzo por controlar el daño causado en la percepción ciudadana por estas revelaciones, se incorporaron dos protagonistas a la situación: Monseñor Fabio Colindres, Obispo Castrense y Policial, y Raúl Mijango, exdiputado del FMLN, asesor y amigo personal de David Victoriano Munguía Payés, Ministro de Justicia.

Ambos personajes argumentaron que, sin intervención gubernamental, iniciaron las "pláticas" con las estructuras de mando de las dos pandillas más influyentes que operan en el país, pero que las autoridades correspondientes les dieron espacio para realizar su trabajo. Bajo esa misma línea, Munguía y su séquito confirmaron lo planteado y, en sus declaraciones públicas, visiblemente nerviosos, negaron cualquier participación oficial. El Ejecutivo se logró desmarcar así de una participación directa. El elemento clave que permitió que ésta fuera una versión creíble fue el componente religioso que se le impregnó a la situación. Sin este elemento, las encontradas y angustiosas intervenciones de los funcionarios de seguridad no hubieran sido suficientes para negar el pacto o proyectarlo de forma positiva.

Explotando la religiosidad de la ciudadanía, el tema se logró matizar con pincelazos de esperanza, paralelamente legitimando el intercambio de "buenas intenciones" entre el Estado y las pandillas. El discurso de los negociadores se basó, en un primer momento, en la conversión masiva de pandilleros al cristianismo. Esto pretendió condenar de tajo cualquier opinión disidente o crítica sobre el tópico o sus principales protagonistas. No obstante, algunos procedimos a continuar analizando la situación desde una perspectiva técnica y objetiva, arriesgándonos a ser marginados por presunta falta de fe. Advertimos sobre la poca probabilidad de la supuesta conversión colectiva, el encubrimiento de un rol gubernamental más activo en la negociación de lo aceptado públicamente, la fragilidad del pacto con pandillas y las nefastas consecuencias que éste implicará.

El tiempo ha confirmado estas valoraciones. El Ministro Munguía ha aceptado que la negociación era parte de su "gran estrategia" y que, en efecto, ha habido intercambios de buenas intenciones entre las pandillas y el Estado. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, alta autoridad eclesiástica, dijo el pasado domingo que la iglesia debe de distanciarse del pacto. Incidentes recientes, como la desaparición de una atleta adolescente en San Vicente, la perpetración de homicidios múltiples en diferentes departamentos, la calcinación de un joven en Tonacatepeque y el ataque a un investigador policial, indican que las pandillas no han abandonado su enfoque criminal, descartando así cualquier posibilidad de conversión masiva. Munguía y Mijango han cambiado su discurso, ya no aseguran incansablemente que el diálogo es una solución de vanguardia efectiva, ahora advierten que es una alternativa frágil.

Las graves consecuencias de la negociación aún no se experimentan, están por venir. El fracaso del descabellado experimento del Ministro de Justicia dejó claro a la ciudadanía que la actual conducción del aparato de seguridad gubernamental es irresponsable, antojadiza y peligrosa. Las graves consecuencias que esto implica deben de servir como motor que impulse a la sociedad a rechazar el actual abordaje y exigir medidas inteligentes que no dañen más a El Salvador.

*Máster en Criminología

y Ciencias Policíacas.

Twitter:@cponce_sv

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