OTROS EDITORIALES

Ley de Ética Gubernamental

Homero Armando Sánchez Cerna* Domingo, 13 de Mayo de 2007

A un año de haber sido publicada en el Diario Oficial la Ley de Ética Gubernamental, cuyo objetivo principal es que el servidor público desempeñe su función con estricto apego a principios éticos, como son la probidad, transparencia, confidencialidad, imparcialidad, disciplina, legalidad, decoro, justicia, etc., y cuando ya funciona su estructura administrativa, integrada por el Tribunal de Ética Gubernamental y se están formando las Comisiones de Ética Gubernamental en las distintas instituciones públicas y municipales, sin que se haya promovido reformas a dicha normativa, no obstante la poca técnica legislativa con la que fue aprobada, me permito hacerle algunas observaciones, a efecto de que sean subsanadas y pueda eficazmente con su objetivo.

a).- Las definiciones de funcionario, empleado y servidor público no son precisas y no contienen una de sus principales diferencias, de acuerdo al Derecho Administrativo, basada en las funciones de dirección y administración en las instituciones de que están investidos los primeros.

b).- El Art. 6, letra "g", no es claro en cuanto a que si lo que se prohíbe es que el servidor público nombre como empleados en la entidad que se desempeña a sus parientes, dentro de los grados consignados o si los nombrados, sin ser parientes con el servidor, sean parientes entre sí.

c).- El Art. 13 dispone que el Presidente del Tribunal dará informe anual a la Asamblea Legislativa de las labores efectuadas y el incumplimiento de esta obligación no sólo da lugar a remoción de dicho funcionario sino de todos los miembros del Tribunal, haciéndolos a estos responsables de una obligación que no les corresponde legalmente, lo que puede dar lugar a una inconstitucionalidad.

d). Entre las Comisiones de Ética Gubernamental a que se refiere el Art. 14 está la de la Corte Suprema de Justicia, por lo que debe entenderse que no es del Órgano Judicial, como se ha interpretado, sino de uno de los tribunales que lo integran, de acuerdo al Art. 172 de la Constitución.

e) Si es la Corte de Cuentas de la República la llamada a establecer responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, no hay explicación de su participación en la elección de un miembro de la Comisión de Ética Gubernamental de las municipalidades del país, como lo dispone el Art. 15, inciso 3o.

f).- En el procedimiento ante el Tribunal de Ética Gubernamental, existen términos y etapas innecesarios y contradictorios, tal es el caso de que después de admitida la denuncia y transcurrido el término probatorio, el Tribunal dentro de ocho días calificará si existen suficientes motivos para continuar el proceso, cuando lo lógico es, que con el mérito de las pruebas se pronuncie la respectiva sentencia.

g).- Es importante señalar que el procedimiento no hace referencia a una de sus partes principales, la sentencia, que sería la decisión del Tribunal sobre el caso que ante él se controvierte, sino que se refiere a que, comprobadas las infracciones a la ley, el Tribunal deberá comunicar una resolución para su cumplimiento a la institución a la cual pertenece el servidor denunciado, si determinar el término en que se pronuncia, la clase de resolución de que se trata y su contenido y no está previsto la notificación de la misma al denunciado para que pueda hacer uso de sus derechos.

h).- Las atribuciones de las Comisiones de Ética Gubernamental de las distintas dependencias, no obstante su representatividad y lo complejo que resulta la elección del representante de los trabajadores, su competencia está limitada a recibir la denuncia y remitirla, cuando fuere procedente al Tribunal de Ética Gubernamental, cuando se les debió conceder atribuciones similares a las desempeñadas por las comisiones a que se refiere la Ley del Servicio Civil, con el objeto de descargar de trabajo al Tribunal, que conocería en segunda instancia, cuando la denuncia se iniciare ante dichas comisiones.

i).- No existe disposición que regule el procedimiento a seguir, en el caso de que las respectivas comisiones decidan que no es procedente la denuncia.

j).- El Capítulo VII, contiene las "sanciones éticas", que se materializan en la amonestación, el despido sin responsabilidad y la suspensión del cargo, las que en ningún caso pueden ser consideradas de naturaleza ética, ya que estas están constituidas por principios morales dirigidos únicamente a la conciencia de los servidores públicos.

A las anteriores observaciones debe agregarse, de manera especial, que la Ley de Ética Gubernamental entra en contradicción con la Ley del Servicio Civil en relación a causales y sanciones a imponerse, con la ventaja de que, para efectos de especialidad, esta última tiene su origen en el Art. 219 de la Cn., por lo tanto, es de aplicación prioritaria, además de contener faltas de puntuación, repetición de términos y contradicciones, que la hacen de difícil comprensión y que pueden restar eficacia a sus objetivos.

* Dr. en Derecho.

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