"Como Iglesia somos respetuosos de las instituciones del Estado, pero con todo respeto, debemos pedir a las instituciones que funcionen", acotó el jerarca católico.
Ayer en la madrugada, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) capturó al abuelo de la víctima, Carlos Miranda, y otras siete personas, quienes enfrentan cargos por secuestro.
Según el Código Procesal Penal, este delito no tiene prescripción, y cualquier investigación puede reactivarse una vez existan pruebas que lo sustenten. Sin embargo, los ilícitos de homicidio y violación sí tienen fecha de expiración, según la ley es de diez años.
El Fiscal General, Félix Garrid Safie, dijo ayer en conferencia de prensa que con esta nueva imputación, se abre un nuevo expediente.
El caso ha acaparado la mirada no sólo de organismos nacionales que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos, sino también a nivel internacional.
Escobar Alas considera que "es un caso ejemplarizante, si se logra hacer justicia como es debido". Al tiempo que clamó para que "estos crímenes no queden impunes".
Los hechos en el tiempoEl crimen ocurrió en la playa Los Blancos, localizada en la Costa del Sol, departamento de La Paz. Información reciente señala que Katya Miranda murió en la madrugada del 4 de abril de 1999.
Un día antes, la víctima y su hermana Gina se encontraban de paseo con su familia paterna.
En el año 2000, el abuelo paterno Carlos Miranda fue capturado y procesado por violar y asesinar a Katya, pero quedó libre por falta de pruebas. En tanto, el padre de la menor, Edwin Miranda, enfrentó acusaciones por abandono y desamparo, pero también fue absuelto.
Información reciente deja nuevas teorías sobre la muerte de la menor y también sobre su presunta violación.
Según la Policía, Carlos Miranda le habría suministrado un somnífero a la niña para sacarla dormida del rancho y entregarla a unos sujetos que se encargarían de simular un secuestro para inculpar al ya fallecido Doroteo Maradiaga, con quien el abuelo de la niña tenía una disputa legal por un terreno.
Tras el crimen y al recibir amenazas de muerte, Hilda Jiménez, la madre de Katya, huyó del país para refugiarse en Estados Unidos. Desde ahí, ha clamado por justicia durante estos casi diez años.
Organismos que luchan en defensa de los Derechos Humanos como el IDHUCA, han cuestionado la retardación de justicia, así como el proceder del entonces fiscal de la República, Belisario Artiga, por errores cometidos en el curso de la investigación.
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