Juez Antimafia con más de 400 casos sin sentencia

Se trata del mismo juzgador que envió a un convicto por secuestrador y a otro por homicidio a cumplir las penas en sus casas de habitación

Uno de los procesos del juez Antimafia es el del homicida que cumplía su condena de 45 años en su casa, y quien luego fue regresado a prisión.

Una auditoría del Departamento de Disminución de Reos sin Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los cuatro tribunales antimafia de sentencia, reveló que de las 525 causas judiciales en las que no se les ha redactado la sentencia definitiva a los condenados, 401 corresponden al Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, a cargo del juez Godofredo Salazar Torres.

El informe final, que comprende los años 2010, 2011 y 2012, fue conocido el 20 de junio pasado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno.

En estos procesos judiciales no les han redactado las sentencias, pese a que los procesados ya fueron a juicio y resultaron condenados por delitos graves.

Del informe se desprende que de los 401 expedientes pendientes de redactar las sentencias por el referido tribunal, 109 corresponden al año 2010; otros 164 procesos al 2011, y 128 causas, al 2012.

Detalla que 354 causas cuentan con el acta de la vista pública (juicio) elaborada, en 47 todavía no ha sido elaborada y cuatro causas penales están con revisión de las medidas impuestas.

Entre estos últimos procesos se encuentran los arrestos domiciliarios que el juez Salazar Torres les otorgó a Erick Fabricio González Juárez, quien purga una pena de 30 años de cárcel por un secuestro en la colonia Escalón. González Juárez cumplía su pena en arresto domiciliario en la casa de sus padres, en la colonia Autopista de San Marcos.

El informe señala que González Juárez es el único de los que participaron en el secuestro que gozaba de ese beneficio.

También destacan el caso de Raúl Mauricio Peña Martínez, quien ha sido sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de una mujer y dejar parapléjico a su esposo en un ataque registrado en febrero de 2009.

La auditoría destaca que el tribunal decidió realizar una audiencia especial para revisar la detención el 11 de abril de 2013 y se le dio el arresto en su casa de habitación en la colonia Río Blanco, en Zacatecoluca, La Paz.

Además, el tribunal no realizó la lectura completa de la sentencia hasta el 23 de abril de este año, 17 meses después de haberse realizado el juicio en el que resultó ser condenado.

Se destaca que Peña Martínez pasó en detención provisional más del máximo de tiempo permitido por la ley, según el argumento del tribunal, y por esa razón se le dio el arresto domiciliar. Además de que no se encuentra firme la sentencia y por no haberse culminado la redacción de la sentencia.

Sin embargo, días después de haberse conocido los casos a través de El Diario de Hoy, el juez Salazar Torres decidió sorpresivamente revocar los arrestos domiciliarios y devolver a los dos condenados a seguir cumpliendo sus penas en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Se gestionó una entrevista con el juez Salazar Torres, a través de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial "Isidro Menéndez", para conocer su versión sobre los resultados de la auditoría.

Sin embargo, el juez Salazar mandó a decir que no le habían notificado oficialmente de los resultados de la auditoría en su tribunal.

Agregó que se excusaba de dar una opinión al respecto, porque no podía adelantar criterio ni podía hacer comentarios sobre algo que aún desconoce oficialmente.

El informe contempla que ha habido múltiples factores, según los colaboradores judiciales, que han impedido el atraso de la redacción de las sentencias.

Uno de ellos está ligada a la complejidad de los expedientes judiciales, al elevado número de imputados y víctimas, diversidad de delitos, y la elevada cantidad de piezas que conforman los expedientes, por lo que los plazos de cinco y 10 días hábiles que señala la ley resultan insuficientes y sobrepasan la capacidad de los cuatro colaboradores judiciales con los que el referido tribunal. A eso se le suma que este tribunal conoce de los delitos ejecutados en siete de los 14 departamentos del país.

Contrario a la carga laboral en ese tribunal, el Juzgado Antimafia de Sentencia de San Salvador B sólo tiene cinco procesos del año pasado sin la sentencia redactada, mientras que en el tribunal de Santa Ana la mora alcanzó a 115 expedientes sin la lectura de la sentencia. En el tribunal antimafia de San Miguel se encontraron cuatro causas sin la correspondiente redacción del fallo condenatorio.

CSJ discute medidas

Desde mayo pasado, los magistrados de la CSJ vienen buscando alternativas de solución al problema de los condenados que no han recibido una sentencia definitiva por distintos motivos.

El 14 de mayo pasado, el pleno de la Corte conoció el segundo avance de la auditoría en el que reflejaba los atrasos en Juzgado Antimafia de Sentencia A de San Salvador y la falta de colaboración de la entrega de libros de control del juzgado Antimafia de Sentencia B.

La magistrada Rosa María Fortín Huezo, de la Sala de lo Penal, planteó en esa ocasión la necesidad de crear la figura de jueces itinerantes o temporales como una alternativa a la mora creada en los tribunales antimafia.

Los jueces antimafia de Sentencia han pedido una reunión con los magistrados de la Sala de lo Penal y luego en Corte Plena para discutir las posibles salidas a esta problemática.

En la última Corte Plena, los magistrados acordaron nombrar a un nuevo juez Antimafia de Sentencia de San Salvador para que ayude a aliviar la carga judicial que tienen esos tribunales.Uno de los procesos del juez Antimafia es el del homicida que cumplía su condena de 45 años en su casa, y quien luego fue regresado a prisión.

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