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San Salvador Facilitaría convenios

Ley de convivencia ayudaría a que se cumplan sanciones

» El 60% de esquelas por contravenciones en la capital queda en la impunidad

Begoña Barberá Domingo, 10 de Abril de 2011

Aunque los diputados aprobaron recientemente la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, ya hay municipios como San Salvador que cuentan con ordenanzas municipales que regulan las relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de su sociedad.

El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, se mostró satisfecho con la creación de esta nueva norma porque, según explicó, una ley tiene más poder persuasivo que una ordenanza, algo que dijo echar en falta en la actual normativa municipal.

En este sentido, señaló que "la ley tiene que tener colmillos, porque parte del problema que tenemos los gobiernos locales es que, cuando aplicamos las sanciones, no tienen fuerza vinculante".

La responsable de la Unidad de Convivencia y Mediación de la comuna, Regina Meléndez, coincidió con el edil en que la ordenanza municipal no les da suficientes herramientas para obligar a quienes infrinjan las normas de convivencia a pagar una multa o realizar trabajos de utilidad pública.

De hecho, de las 5,352 esquelas impuestas en el 2010 en San Salvador por contravenciones, sólo fueron pagadas 1,195 y 136 fueron saldadas mediante servicios sociales.

Es decir, que más de cuatro mil esquelas (el 75%) quedaron sin ser sancionadas.

Meléndez expuso que, cuando una persona se niega a pagar la esquela con dinero o trabajos a la comunidad, la alcaldía puede optar por imponerle un fallo condenatorio certificado.

A la persona que cuenta con un fallo condenatorio no se le concederá una solvencia municipal.

Estas solvencias son necesarias, según explicó la trabajadora municipal, para abrir negocios, adquirir viviendas o para pedir créditos en entidades bancarias.

El año pasado se impusieron 641 fallos condenatorios. Pero esta cifra deja a más de tres mil trescientas personas en la impunidad, es decir, que ni pagaron ni fueron castigadas por no hacerlo.

La explicación dada por la responsable de la unidad de contravenciones es que no cuentan con herramientas para que las personas que residen en otros municipios paguen por la infracción cometida. Esto se debe a que, una vez que no han pagado ni solicitado audiencia, no se les notifica a su residencia que se les ha abierto un procedimiento de rebeldía.

Eso, pese a que Meléndez impulsó una reforma a esta ordenanza -nacida en el 2000- en octubre del 2009 para que, al menos, sí se notificase el procedimiento de rebeldía a aquellos que viviesen en lugares cercanos como Soyapango o Mejicanos.

El problema es, según la responsable de la Unidad de Contravenciones, que no poder contar con una solvencia municipal sólo afecta a quienes viven en esa ciudad.

Ley facilitaría convenios

Es por esto que Meléndez aplaudió que la ley aumente las entidades que intervienen en hacer cumplir estas normas de convivencia. Por un lado, porque implica a empresas privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones como la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.

"Al hacer convenios entre empresas e instituciones, en un momento dado podría solicitar que no entreguen la licencia de conducir porque tiene una sanción en la alcaldía", explicó.

Además, al obligar a todos los municipios a aplicar esta nueva ley se abre la posibilidad de crear convenios entre las alcaldías para, por ejemplo, "no darle la solvencia municipal en el municipio de donde es".

Puntos flojos

No todo fueron halagos para la nueva ley. Meléndez también criticó ciertos aspectos, como que la normativa deje muchas competencias al delegado contravencional en cuanto a la persecución de los infractores. "Como que yo voy a ir a buscar al contraventor cuando el procedimiento es que el agente municipal es el que encuentra infringiendo y el que impone la sanción", expuso.

Asimismo, la responsable de la Unidad de Convivencia y Mediación de la comuna expuso sus reservas respecto al artículo 29, que establece que las sanciones, cuando se establecen por primera vez, pueden consistir únicamente en una amonestación verbal o por escrito. En opinión de Meléndez, sería mejor recurrir a la sanción de una vez.

También el alcalde Quijano señaló que la ley obliga a que cada municipio cuente con su propio delegado contravencional, pero no contempla con qué recursos se creará esta figura.

Aunque Quijano afirmó que en su alcaldía no tendrán este problema puesto que, de hecho, ya cuentan con una unidad encargada, opinó que aplicar la ley puede ser un problema para municipios pequeños, que no cuentan con los recursos económicos ni humanos y que no contaban hasta la fecha con una ordenanza municipal que regulase las normas de convivencia ciudadana.

"Yo no puedo hablar por todos los municipios. Yo ya tengo la unidad. Lo único que tengo que hacer es adecuarme al marco regulatorio", manifestó. De hecho, la alcaldía tiene previsto realizar un estudio comparado entre la ordenanza vigente y la recién nacida ley, con un equipo jurídico.