La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece que las entidades responsables de facilitar la movilización vial a esta parte de la población son las alcaldías, el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS); pero la realidad da cuenta de que estas instituciones han prestado poco interés en cumplir con la ley.
En las principales calles de la ciudad los obstáculos saltan a la vista; entre éstos, tragantes sin tapaderas, tensores de los postes de cables de energía eléctrica o telefonía colocados en diagonal sobre las aceras, plazas cercadas con barrotes y cadenas, vehículos estacionados y ventas obstruyendo el paso en áreas peatonales son algunas de las tantas barreras que las personas con discapacidad tienen que librar a diario para desarrollarse de forma productiva.
Este segmento de la población pasa tan desapercibido por la sociedad que ni las estadísticas nacionales, en cuanto al número total de personas con algún tipo de deficiencia física o mental elaboradas por diferentes instituciones, concuerdan.
Lourdes Barrera, directora del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (Conaipd), maneja que en el país existen 257 mil personas mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad. Esta entidad es alimentada de información que recopila constantemente el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); sin embargo, esta cifra no contabiliza a los menores de edad.
Este subregistro es el que no compagina con el informe final del censo de población y vivienda realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) en 2007. Esta entidad reveló que de los más de 5.7 millones de habitantes que arrojó el estudio, el 4.1 por ciento padece de algún problema físico o mental; es decir, 235,032 personas.
El dato del censo incluye a los menores de 18 años y sólo tiene una diferencia de 22 mil personas discapacitadas menos que los registrados por el RNPN, y hay que tomar en cuenta que éste sólo contabiliza a los mayores de edad.
La situación para este sector se complica más al considerar que, según el censo, más del 60 por ciento de las 235,032 personas discapacitadas que hay en el país residen en San Salvador.
Tanto Barrera como Jesús Martínez, director ejecutivo de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad El Salvador, aducen que es el área urbana la zona de mayor dificultad para las personas con cierto grado de deficiencia física, pese a que la Ley de Equiparación de Oportunidades estipula que tienen derecho a condiciones favorables en infraestructura vial para poder desplazarse.
Estas entidades están preparando propuestas de reformas a la normativa para presentarlas ante la Asamblea Legislativa.
Existe otro factor que incide en el aumento de las personas que sufren discapacidad y que no ha sido estudiado a fondo por las instituciones pertinentes como Salud Pública.
Barrera, del Conaipd, explicó que desde hace 10 años la primera causa de reducción de la movilidad física o deterioro mental tiene que ver con los accidentes de tránsito.
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