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No hay créditos para el plan “Casa para Todos”

El gobierno prometió la construcción de 25 mil viviendas para familias pobres. Pero los constructores no tienen crédito para comenzar a edificar

Guadalupe Hernández El proyecto “Casa para Todos” prácticamente ha quedado estancado, pues de 2,500 viviendas que se pretendía construir sólo se han edificado 134, debido principalmente a que los constructores no consiguen el debido financiamiento, y por los tortuosos trámites burocráticos a que se ve sometido el sector. El programa estatal fue anunciado con bombo y platillo desde mediados de 2009, cuando se dijo que la meta era construir 2,500 viviendas en un periodo de 18 meses, para lo cual se necesitaría obtener créditos por unos 46 millones de dólares, estimó la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco). Pero la falta de crédito, dice la Cámara, y las condiciones rigurosas para obtenerlo, representa el principal obstáculo para edificar hogares a las familias de escasos recursos. Mientras los empresarios se quejan de que no pueden arrancar por falta de financiamiento, la banca sostiene que están en toda la disposición de apoyar a los constructores, pero que son préstamos que se deben analizar con más detalle. “No podemos decir que no haya crédito o que les hemos dicho que no, lo que pasa es que los estamos analizando. Son 12 ó 15 proyectos los que están en ese proceso”, aclaró Armando Arias, presidente la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa). Como parte del interés de apoyar el plan, algunos ejecutivos bancarios especializados en vivienda y en riesgo se han estado reuniendo con el Viceministerio de Vivienda y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), para evaluar las necesidades de crédito. Pero la banca sólo presta un 70 por ciento y el resto lo debe poner la empresa como capital inicial. Eso significa mucha restricción para el flujo de caja, refuta la gremial. “Hacer proyectos de 200, 300 ó 400 casas en este momento es muy difícil porque hay que tener un gran capital”, dijo Ismael Nolasco, director ejecutivo de Casalco. “El constructor diseña, hace los trámites, pide el financiamiento en el banco, construye las casas y luego las vende, ya sea a través del Fondo o la banca comercial. El financiamiento para la familia dependerá de donde ésta califique”, explicó Nolasco. La gremial aclaró que en la fase de financiamiento interviene el Gobierno, gracias a un Fideicomiso, creado el año pasado por un monto de 10 millones de dólares, administrado por el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI). El fideicomiso aplicará cuando el banco lo requiera como garantía adicional para los préstamos; pero la banca considera que el fideicomiso, “no es un cheque en blanco” que garantice cien por ciento el proyecto. “Facilita el análisis, pero no evita el riesgo, éste siempre hay que hacerlo”, dijo Arias. Y además, la burocracia Sobre la burocracia institucional, Casalco detalló que de los 34 proyectos viviendistas que pretende ejecutar, la mayoría ya cuenta con la precalificación del FSV, un documento que garantiza que el proyecto cumple los requisitos para participar en el programa. Una vez que el constructor consigue la precalificación, procede al diseño de los planos y los somete a permiso ante la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y las distribuidoras de energía eléctrica. Con los permisos en regla, las empresas regresan al FSV para solicitar la factibilidad, lo cual quiere decir que dicha la institución acepta financiar la compra de casas de un proyecto determinado. Del total de proyectos de Casalco, 16 ya cuentan con la factibilidad, lo que equivale a unas 1,200 viviendas, pero el resto se encuentra en ese proceso. De las urbanizaciones con factibilidad sólo dos se están construyendo: La primera es Residencial Lomas de San Antonio, en Sonsonate, que consta de 74 viviendas y tiene un costo 1.3 millones de dólares; y la segunda es la Urbanización Villa Dorada, en El Congo, Santa Ana, consta de 63 casas y la inversión es de 1.6 millones de dólares. El costo de cada una de las viviendas oscilará entre $17 mil y $26 mil. Con estos proyectos se puede decir que el programa ya arrancó, pero para los constructores este número de casas aún es muy bajo comparado con las expectativas trazadas, en cuanto a la reactivación de la industria y la generación de empleo. Esa dificultad también la experimentó el mismo Gobierno en los permisos para la urbanización del terreno par el proyecto Nuevo Belén, en San Miguel. El proyecto, ejecutado por el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo), arrancó con 60 días de retraso, cuando se adjudicó la urbanización del terreno, por dificultades de permiso en el MARN. “Lo que siempre ha sufrido la industria de la construcción hoy lo está sufriendo el Estado en estos proyectos públicos”, dijo Nolasco. Ante la falta de oportunidades de financiamiento, los constructores ven con buenos ojos el hecho de que los proyectos del sector público estén siendo ejecutados por Fonavipo. “Como medida emergente esta bueno, pero si se deja de forma permanente causaría un grave deterioro a la empresa privada”, dijo. Uno de los proyectos públicos más avanzado es Nuevo Belén, pues ya se encuentra en proceso la licitación para la construcción de 499 unidades habitacionales, las cuales se van a construir por grupos o módulos de 40 a 50 unidades. La recepción de ofertas se realizará este 22 de marzo, después vendrá la fase de adjudicación y construcción. La institución dispone de $113 millones, de los cuales $83 millones son para construcción de 4,725 viviendas, y el resto para microcréditos, informó Marco Antonio Fortín, presidente de Fonavipo. Otro proyecto es La Bretaña, en San Martín, que comprende casi dos mil unidades habitacionales, de las cuales 1,056 serán apartamentos y 853 viviendas unifamiliares, y podría comenzar en dos meses. Miércoles, 10 de Marzo de 2010