Según proyecto de nueva ley del sida

Niños se harían la prueba del VIH sin el permiso de padres

En la formulación del anteproyecto han participado 15 ONG y la OPS. Al igual que en la Lepina, la nueva ley del sida volvería obligatoria la educación sexual en las escuelas

Una nueva propuesta de legislación se está gestando en torno al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y a la enfermedad que este provoca: el sida. El Ministerio de Salud pretende que la nueva ley obligue a incluir la educación sexual dentro del currículo de las instituciones educativas públicas y privadas, permita a los jóvenes realizarse la prueba del VIH sin el consentimiento de sus padres o representantes legales e impulse el trabajo de diferentes sectores para garantizar el cumplimiento de los derechos civiles de quienes son portadores de la enfermedad sin que para ello sea obstáculo su preferencia sexual.

Desde mayo, unas 15 organizaciones civiles y el Ministerio de Salud trabajan en la propuesta, la cual ya fue presentado ante la Comisión Nacional contra el Sida (Conasida). El proyecto podría sustituir a la actual legislación, vigente desde 2001, que según quienes impulsan el proyecto "es anticuada".

"En el tema del VIH/Sida hay demasiado dinamismo y hay cosas que en la actualidad quedan un poco atrasadas con respecto al trabajo que se está haciendo. Por eso es necesario cambiar la ley y el reglamento", argumenta Isabel Nieto, jefa del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/Sida.

Para la formulación de esta nueva ley el Minisal ha contado con el apoyo y asesoría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la Red Legal de Derechos Humanos. "Había dos alternativas, o se hacían modificaciones o mejor se hacía una nueva ley. La decisión que se ha tomado es hacer una nueva ley", explica Nieto.

La funcionaria comentó que si bien la actual legislación tiene "algunos temas de derechos humanos", aún tiene un abordaje "bastante conservador del tema" y una perspectiva "centrada en el sector salud".

Dora Estela Rivera, de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, coincide con Nieto. Ella considera que la actual ley "está desfasada hasta en la terminología" y que su enfoque "es en extremo salubrista". Por este último punto, la nueva legislación incluirá nuevos actores; según quienes la han formulado, estos contribuirán a responder de manera integral a las necesidades de los ciudadanos con VIH o con sida dejando atrás el modelo actual donde la responsabilidad recae solo en el Minsal.

Entre ellos están el Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Trabajo (Mitrab) y el Viceministerio de Vivienda.

El Mined sería el encargado de introducir la educación sexual obligatoria en las escuelas y colegios. Con lo que se pretende evitar el aumento de la población con VIH o sida en el país.

El Diario de Hoy pidió la semana pasada al departamento de comunicación del Mined una entrevista con un representante de la institución para que diera detalles sobre este proyecto, pero nunca se obtuvo respuesta.

Hace 11 años se retiraron de circulación 800 manuales sobre educación sexual y reproductiva con el título "De Adolescentes para adolescentes". El material había sido una iniciativa del Ministerio de Salud y su aparición levantó una gran polémica por incluir explicaciones sobre homosexualidad, masturbación y anticonceptivos.

La Fundación Sí a la Vida considera que la sociedad debe reconocer la potestad que tienen los padres de familia de educar a sus hijos "como consideren más correcto", pero tampoco se debe ver la sexualidad como un tabú.

"Vale más la pena educar a los padres de familia a asumir sus responsabilidades respecto a estos temas, ir concientizando la necesidad que los jóvenes tienen de hablar abiertamente de estos temas con sus padres", señala Georgina de Rivas, directora ejecutiva de la institución.

Nieto está consciente de que esta nueva iniciativa "volverá a levantar cierta polémica", pero asegura que es "absolutamente necesario para reducir el contagio del VIH, sobre todo en la población adolescente". Además, indica que se educará a los jóvenes de manera progresiva y acorde a su edad. No de forma desproporcionada.

"Algunos se niegan a creerlo, pero con el internet los jóvenes saben más de sexo, que las personas adultas. Por eso, hay que educarlos", señala la representante del Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/Sida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la educación sexual como: "La educación acerca del sexo, la sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro (uso de preservativo), la reproducción -y más específicamente la reproducción humana-, los derechos sexuales (el aborto) y otros aspectos de la sexualidad humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual". Pero en el cristianismo, católico o evangélico, la educación sexual tiene otro matiz.

Por ello, podría levantar bastante polvo la iniciativa del Minsal y de varias ONG en el sentido de eliminar el artículo 18 de la actual Ley de VIH/Sida: "Las pruebas serológicas para el diagnóstico de VIH/Sida que estén indicadas a menores de edad requieren que los padres o representantes legales de estos lo permitan".

Rolando Cedillos, jefe del Servicio de Infectología y del Programa de Atención Integral ITS/VIH/Sida del Hospital Nacional Rosales, señala que "toda persona que sospeche que ha sido contagiada con la enfermedad tiene derecho a realizarse la prueba, pues no sólo está en riesgo su salud, sino la de su pareja "o parejas sexuales".

Por ello, en su opinión, sería importante que hubiera "mayores facilidades" para la toma de las pruebas de VIH a las personas y, sobre todo, a los menores. Pues aunque la actual legislación no pide el consentimiento escrito de los padre o tutores legales, como en otros países de Centroamérica, en ocasiones retrasa el proceso.

"Tenemos que normalizar la detección (del VIH). Las personas tienen que saber que existe tratamiento efectivo y las personas que creen o están infectadas tienen derecho a averiguarlo", comenta Cedillos. A lo cual agrega: "Esto nos permitirá prevenir la transmisión de la enfermedad y cualquier modificación de la ley que permita ofertar la prueba a más personas en el país sólo es de beneficio para la población".

Sin embargo, Cedillos indica que en la actualidad las personas que tiene VIH "sufren mucho estigma y discriminación de parte de la familia, de la comunidad y hasta de las instituciones gubernamentales, incluyendo Salud".

Aún cuando el artículo 4 de la actual legislación estipula que: "Las personas viviendo con VIH/Sida, sus familiares y allegados tienen derecho a ser trasladados de manera digna, sin discriminación ni estigmatización, en razón de su enfermedad".

En el Hospital Rosales, en un día normal, puede haber un promedio de 25 pacientes con VIH ingresados. Además, en consulta externa se atiende un promedio de 40 personas con dicho diagnóstico. A pesar de ello, este año el número de médicos para la atención de las personas con VIH se redujo. "Actualmente, somos cuatro médicos agregados, en donde dos están contratados a tiempo parcial y uno es médico residente. El año pasado éramos cinco médicos especialistas", comenta Cedillos.

El Ministerio de Trabajo garantizará que a las personas con VIH o con sida que están en edad productiva (entre los 25 y 34 años) se les respete el derecho a un trabajo digno y a no ser discriminados en el campo laboral. "Tanto la PGR como la PDDH y la Fiscalía tienen mucho que ver con las respuestas que se dan a las diferentes situaciones que viven las personas con VIH, eso por el lado público", indica Nieto.

Para elaborar el nuevo material se tomó como referencia varios elementos de la actual ley y reglamento de prevención del VIH/Sida. "Yo creo que es elogiable el esfuerzo que el país ha emprendido en términos de cuidar a su población y garantizar equidad en el acceso a servicios de salud, es decir, asegurar que las personas víctimas de estigma, de discriminación sexual, de maltrato y de trato desigual", comenta Rafael Mazin, representante de la OPS.

Mazin destaca que el Minsal debe definir los estándares de atención para las personas en riesgo y, en el caso de quienes ya están infectados, los niveles de atención médica a los que tendrán derecho: medicamentos, tratamientos retrovirales o grupos de apoyo.

Los padres de familia están preocupados porque, al permitir que los menores se hagan la prueba del VIH sin su consentimiento, podría estarse anulando la autoridad parental y, en algunos casos, "confiriendo un derecho que muchos niños y adolescentes no están preparados para asumir". Por ley, La autoridad parental, corresponde a los padres o tutores hasta los 18 años. "Yo estaría de acuerdo con que se la realizaran adolescentes que ya han tenido un contacto sexual y quieren saber si padecen la enfermedad, pero aún así podría ser complicado, pues no están preparados psicológicamente", indica Jorge García, padre de una niña de cuatro años a quien no puede imaginar sometiéndose a un examen médico si su permiso.