Reglamento viola Ley de Servicio Civil

El Tribunal determinó que el reglamento tiene más atribuciones de las que la ley otorga

El Tribunal del Servicio Civil concluyó que el Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud contiene disposiciones que violentan la Ley de Servicio Civil, que contradicen los convenios internacionales relacionados a la libre sindicalización y que está revestido de más atribuciones de los que la ley otorga a un reglamento.

La normativa laboral, que fue aprobada el 15 de junio de 2010, contiene 79 artículos para regular las relaciones laborales en la cartera. Pero desde esa fecha se han escuchado diversas voces en contra de las disposiciones.

Parte de su contenido se dio a conocer el 9 de julio. La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, en el marco del cierre de las áreas administrativas de cuatro hospitales, declaró entonces que las huelgas, la suspensión de labores y los cierres de edificios estaban prohibidos. A partir de aquí, y en la medida que se conoció en detalle el reglamento, inició la polémica entre los sindicatos y el ministerio.

Los representantes sindicales han dicho hasta el cansancio que la normativa es inconstitucional, que violenta la Ley de Servicio Civil, la Constitución de la República y los Convenios Internacionales. El dictamen del Tribunal de Servicio Civil, cuya función es regular las relaciones del Estado con sus servidores públicos, les viene a dar parte de la razón.

El tribunal aclara que el análisis se realizó sobre los puntos que hacen referencia a cualquier contradicción relacionada con La Ley de Servicio Civil y los Convenios de la OIT, no así las referentes a la Constitución.

Sobre el capítulo II del reglamento que hace referencia al reclutamiento y selección del servidor público se determina que existen disposiciones que pretenden reglamentar lo regulado en la Ley del Servicio Civil porque no se menciona a las comisiones de servicio civil, quienes son las encargadas del proceso de selección del personal como lo dicta la ley.

"Consideramos atentatorio de derecho que un reglamento administrativo interno venga a limitar cualquier derecho que regulen las leyes especiales o sus respectivos reglamentos, ya que no hay que perder de vista que un reglamento sólo puede facilitar y asegurar la aplicación de la ley, pero no puede limitar o restringir la facultad que deviene de la misma por mandato de ley", reza el informe.

El análisis se realizó por solicitud del diputado de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública de la Asamblea legislativa, Enrique Valdez, al considerar que la normativa viola lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley de Servicio Civil.

El tribunal concluye en que la atribución de ir más allá de las facultades que tiene un reglamento pone en un estado de inseguridad jurídica a los afectados por cualquier acto administrativo que se fundamente en ese documento y que los reglamentos de las instituciones deben estar acordes con los de la Ley de Servicio Civil.

El documento aprobado por Salud contempla como faltas leves no usar debidamente el uniforme proporcionado por la institución, dar uso indebido al equipo, dañar sin intención la infraestructura del ministerio, no portar el carnet de identificación, recibir visitas prolongadas de familiares y amigos en horas laborales, dedicarse a vender o comprar productos en el trabajo, desayunar o almorzar en horas laborales, entre otros.

Como faltas graves se contempla dañar intencionalmente la infraestructura del ente, evitar el registro de parte de la vigilancia, impedir o restringir por cualquier medio el acceso a dependencias o establecimientos del ministerio para que desarrollen sus actividades, declararse en huelga, en suspensión de labores, la toma de locales, prohibir el ingreso de trabajadores a sus lugares de trabajo, revelar información de pacientes...

Ministra defiende normativa

La ministra de Salud ha defendido la normativa en reiteradas ocasiones asegurando que no contraviene las leyes ni los convenios internacionales. "No nos estamos inventando sanciones. Esas ya están consideradas; por ejemplo, la prohibición del cierre de los establecimientos de salud y las huelgas, todos están regulados, no es una propuesta nueva", expresó la funcionaria en agosto.

Dos sindicatos han presentado un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional el documento.

Rodolfo Canizález, presidente de Colegio Médico, manifestó que el dictamen del tribunal "es lo que hemos estado diciendo, que la normativa es ilegal porque viola los tratados internacionales, la Constitución y la Ley del Servicio Civil. Se toman atribuciones que no les corresponden. Estamos en contra de la normativa. Nosotros hemos pedido su revocatoria". (Ver entrevista aparte).

Incluso, el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales ha enviado una carta a los directores de los 30 hospitales pidiéndoles que no apliquen el reglamento. "Les hacemos ver que ellos han sido parte de la dirigencia gremial en otras épocas y ahora están atropellando a los compañeros", expresó Canizález, también miembro del sindicato.

Marielos Pleitez, del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom (Sitbloom), indicó que ellos también han pedido su derogatoria porque el documento violenta los derechos de los trabajadores tanto de los sindicalizados como los que no pertenecen a esos gremios.

Silvia Navarrete, del Sindicato Gremial de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud), es de la consideración que desde el artículo uno se violenta la Constitución.

"La regulación de las relaciones laborales es competencia de la ley del servicio Civil. La normativa no nos afecta únicamente a los trabajadores sino a toda la población, porque regula el ingreso de los trabajadores a Salud, lo cual es competencia del Servicio Civil".