El congresista republicano Nathan Deal presentó la propuesta H.R. 1868 el 4 de abril de 2009, con la cual pretende cambiar la política federal que concede automáticamente la ciudadanía a cualquier niño nacido en territorio estadounidense, una medida que cuenta con una fuerte oposición de los defensores de los derechos de los inmigrantes.
"La propuesta intenta burlar la Constitución y no sigue más propósito que el de crear división y discriminación en nuestra sociedad. Los hijos de inmigrantes siempre han sido ciudadanos de este país y una minoría con ideas retrógradas y proteccionistas no cambiará este hecho", dijo Jorge Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (Chirla).
"Para evitar la continuación de propuestas mal intencionadas necesitamos empujar soluciones verdaderas al problema de la migración indocumentada. Una solución que promovemos es una reforma justa que permita que nuestra comunidad salga de las sombras y no sea blanco de medidas divisivas".
La H.R. 1868 propone eliminar el derecho a la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense de padres que no posean residencia legal en el país. Únicamente se aceptaría otorgar el derecho a la ciudadanía a aquellos bebés que posean al menos un padre padres con ciudadanía, con residencia permanente, o con estatus de ilegal pero que preste servicios a las fuerzas militares.
Los partidarios de la iniciativa dicen que otorgar la ciudadanía por nacimiento alienta la inmigración ilegal y permite que la aplicación de la ley migratoria sea más complicada.
La ciudadanía por nacimiento se concede automáticamente y está consagrado en la 14a. enmienda de la Constitución de Estados Unidos. "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen". Esta disposición fue ratificada en 1868.
Deal y sus partidarios dicen que la enmienda nunca tuvo la intención de dar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales. La propuesta de ley tiene actualmente el apoyo de 83 congresistas.
En marzo del año pasado, otro grupo de legisladores de Sacramento, presentó un paquete de reformas para frenar la inmigración ilegal.
Ellos pretenden limitar el acceso a la educación, requerimiento de prueba de estatus legal en el país para recibir beneficios del estado y sanciones a las empresas que contraten indocumentados.
Añadieron que la inmigración ilegal le cuesta a los contribuyentes del estado aproximadamente 9,000 millones de dólares cada año
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