Viaje seguro y sentado en un microbús pirata

» Ventajas que un usuario no tiene en el transporte legal, las halla en los otros

La mayoría de unidades de la ruta pirata vía Bulevar Constitución-Quezaltepeque es de 2006, 2007, 2008. FOTOs edh / Luis Villalta

A diario y desde hace más de cinco años, microbuses sin rótulo que los identifique como unidades del transporte colectivo transportan a un buen grupo de usuarios fijos que viajan entre Quezaltepeque, La Libertad, y la capital.

Los 40 microbuses son ilegales, carecen de permisos de línea que otorga el Viceministerio de Transporte.

"Somos piratas", dice abiertamente Guillermo Melara, tesorero de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Quezaltepeque (Socotraque).

Se sienten con el derecho a contar con los permisos porque son quienes llegaron al VMT con la idea de circular por la prolongación del Bulevar Constitución. Al final, los 15 permisos que el VMT calculó suficientes para cubrir la demanda fueron repartidos entre la ruta 109 de microbuses y la de buses legales.

"Aún así nosotros trabajamos porque hay que ganarnos la vida, compramos unidades y hemos hecho préstamos. La gente nos prefiere", destacó Mauricio Hernández, uno de los socios.

Los usuarios consultados los prefieren por varias razones: son más rápidos, más seguros y no hacen paradas intermedias. Hablar de seguridad en El Salvador es siempre algo relativo, pero la realidad es que los asaltos son menos frecuentes que en las unidades que circulan por la Troncal del Norte.

"Yo viajo en los piratas porque en la Troncal asaltan en el mismo viaje unas tres veces en distintos puntos; acá el camino es más corto", expresó Benjamín Lemus, un empleado de la capital.

Todos viajan sentados y no hay paradas intermedias. El viaje dura 30 minutos, además los socios hacen hincapié en buen trato al usuario. Todo eso tiene un costo: $0.65, casi $0.10 más que en la ruta 109. Después de las 8:00, el costo es $1.

"Las unidades siempre quedan limpias, no se nos quedan varadas porque las cuidamos y corregimos al cobrador en el trato al usuario", comentó un directivo.

La última vez que la sociedad hizo un trámite de legalización ante el VMT fue en 2006. La petición les fue denegada porque su solicitud fue declarada como "no factible". Después de eso, las jornadas han transcurrido entre esquivar los retenes que monta la Policía de Tránsito y las gestiones para recuperar las licencias y unidades decomisadas.

"Nosotros incurrimos en la falta 76 de la Ley de Transporte que es transportar personas en función comercial sin el permiso correspondiente. Esa esquela es de $57.14, pero como somos reincidentes la pagamos al doble", detalló Carlos Aquino, dueño de un vehículo, quien a fuerza ha tenido que aprenderse los procedimientos en materia de transporte.