Los juzgados especializados a discusión

» Dependiendo de la evaluación esta instancia podría ser eliminada y sus titulares absorbidos por los tribunales comunes

La sede de los Juzgados Antimafia en San Salvador está localizada en la 49a. Avenida Sur. En dicho edificio, funcionó la Fiscalía General de la República.FOTO EDH / ArCHIVO

Los juzgados especializados contra el Crimen Organizado están bajo la lupa del actual gobierno, bajo la representación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Su titular, Aída Santos de Escobar afirmó que tras una evaluación de estos tribunales estos podrían desaparecer y sus titulares pasar a la planilla de jueces de legislación común.

Agregó que este tipo de decisiones, pese a no depender directamente del Presidente de la República Mauricio Funes, ya que es competencia del Órgano Judicial, la Constitución de la República contempla una coordinación entre ambos poderes, que perfectamente Funes puede pedir un análisis de los tribunales antimafia en el cual se puede basar la decisión de eliminar dichas instancias.

"No puedo recomendarle al presidente Funes que se meta directamente en ese tema, él ha sido bien claro al decir que va a respetar la independencia de poderes", aseveró la funcionaria.

De Escobar siempre expresó su oposición al funcionamiento estos tribunales porque consideraba que el sistema de justicia estaba suficientemente preparado para abordarlo.

El principal argumento de la funcionaria es que los jueces antimafia absorbían el 70% del trabajo que tenían el resto de juzgados comunes, ya que los casos de personas que delinquen sin estar agrupadas son aislados. "Cuando estuve de jueza escuché a los jueces especializados decir que no aguantaron el trabajo y es que casi absorbieron el 70%", dijo.

Además que considera que estos juzgados fueron creados con el único fin de emitir condena. "Hay muchos jueces de paz, instrucción y sentencia que pueden estar mucho más especializados que los jueces (antimafia), y que respetan la Constitución de la República", acotó la ex jueza.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, indicó que sería interesante recibir la propuesta del Gobierno, aunque admitió que la creación de los juzgados ha tenido sus bondades.

"En el tema de seguridad le cabe al Presidente de la República dirigir esa política interna. Es obvio que cuando esa se refiere al área judicial es la Corte quien tiene que ver y en su momento ha reaccionado de manera positiva a no ser un estorbo de las medidas ejecutivas en la lucha contra la delincuencia", indicó García Calderón.

El funcionario afirmó que esperarán las medidas que pueda proponer el Ejecutivo, y si entre estas se encuentra incorporar los jueces antimafia a la nómina del que denomina juez general penal, la escucharían con mucha atención. "La parte de los jueces especializados tenía un sabor como temporal ante la crisis, esperemos que esta crisis de seguridad y de lucha contra el delito, todos estamos esperando que nos baje y al bajar no hay más lógica que desde luego los jueces desaparezcan", afirmó García.

Por su parte, Ulices del Dios Guzmán, uno de los magistrados impulsores del proyecto, indicó que antes de dar una opinión previa a los hechos se debería hacer un análisis objetivo y comparativo entre los juzgados especializados y los comunes para determinar la eficiencia que se ha logrado en ambas materias.

En el primer año de funcionamiento, el promedio de eficacia era de 87 por ciento, frente a 47% de los juzgados comunes, según la CSJ.

"Una propuesta en ese sentido debe de ser estudiada, no debe ser una manifestación de voluntad, sino que lo que se debe de analizar con cuanta eficacia y eficiencia se produce la administración de justicia penal común y con cuanta lo hace la del crimen organizado. No estoy diciendo que no se pueda o no se deba, es más, soy partidario de que se deben hacer unas revisiones, y tras un análisis ver lo que más conviene", dijo.

El funcionario aseveró que deben evaluarse aspectos como la carga laboral, competencia, perfil de los delitos de los cuales ellos conocen, tipo y fase de proceso y como esto ha dado resultados.

Defienden papeles

La idea de eliminar los juzgados especializados contra el crimen organizado ya tienen opiniones encontradas entre los jueces de las instancias aludidas.

Mientras Carlos Linares, juez especializado de sentencia de Santa Ana opina que sería un error eliminar a los tribunales debido a las condenas que se han logrado y la independencia con la que han trabajado, el juez presidente del Tribunal Tercero de Sentencia, Martín Rogel Zepeda, mantiene que el trabajo de los juzgados antimafia es innecesario y sólo acarrea más gastos para el Órgano Judicial.

"Los jueces especializados le hemos cumplido a la ley, le hemos cumplido a la población. Y el hecho de que haya bastante criminalidad no significa que no hayamos hecho nada", dijo Linares.

Rogel opinó que "están juzgando hechos delictivos que no tienen la magnitud de crimen organizado.

Los juzgados contra el crimen organizado nacen a finales de 2006, pero no fue hasta el 1 de abril de 2007 que iniciaron sus funciones. Según lo establece la ley especial, los antimafia conocen de delitos de crimen organizado y realización compleja.

Un mes después, estos tribunales fueron saturados con casos de extorsión, que si bien es un delito complejo, pero no se habían ventilado procesos por crimen organizado.

Uno de los casos de mayor trascendencia ventilado en dicha instancia es el de más de 100 pandilleros de la MS que fueron capturados en el velatorio del cabecilla Rigoberto del Tránsito Mejía y quienes están esperando juicio.

A diciembre de 2008, algunos jueces y magistrados especializados señalaron que la carga laboral había alcanzado altos niveles, al punto que recibían de 30 a 40 causas mensuales.

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