El funcionario lamentó dicha situación y señaló que personas con intereses particulares están manipulando a los reos y, por ello, los responsabilizó de la ola de violencia que se pueda desatar en las cárceles en los próximos días.
"Queremos denunciar que existen fuerzas oscuras externas detrás de todos estos incidentes, estructuras que de repente están ligadas a pandillas y crimen organizado que tienen sus propios intereses y lo que buscan es desestabilizar al sistema penitenciario y destruir el proyecto de rehabilitación de los reos", dijo.
Por el momento los penales que están en emergencia son Apanteos, en Santa Ana; Quezaltepeque, en La Libertad; Sensuntepeque, en Cabañas; Cojutepeque, en Cuscatlán; Ciudad Barrios, en San Miguel; San Francisco Gotera, en Morazán; Chalatenango; San Vicente, Usulután, La Carcelona, en Sonsonate y La Esperanza, en San Salvador. Estos dos últimos se sumaron ayer a las medidas, el primero por la mañana y el de Mariona por la tarde.
Además de los centros de menores de Ilopango y Tonacatepeque, en San Salvador; y El Espino, en Ahuachapán.
El director de penales confirmó también que desde hace meses han tenido informes de que situaciones anómalas ocurrirían, lo que les ha permitido detectar túneles, evitar fugas masivas, hacer decomisos de objetos prohibidos y que en algunos de los casos son usados para delinquir.
"Se nos ha comunicado que podría haber algunas marchas de parte de familiares de los internos pero será la Policía quien tendrá que corroborarlo", dijo Cáceres.
Añadió que el perímetro de seguridad en las prisiones se mantendrá bajo control de la Policía y el Ejército. Al mismo tiempo dijo desconocer si los grupos externos también estarían financiando de alguna forma las acciones dentro de las prisiones.
Cáceres calificó como curioso que antes de ejecutarse las medidas, los directores de los presidios antes mencionados recibieron de parte de los reos (a partir de las 3:20 de la tarde del sábado) una carta en la que les comunicaban que no acatarían el régimen interno del penal como protesta por los supuestos abusos de las autoridades penitenciarias por lo que se declararon en una "lucha pacífica de brazos caídos".
Como medidas no ingresarán a las celdas, tampoco asistirán a clases y talleres, no permitirán la entrada ni salida de reos, ni visitas ni salidas médicas, entre otras.
Para enfrentar la problemática las autoridades penitenciarias han establecido mesas de diálogo pero los reos han expuesto que no está en sus manos la solución y que están a la espera de indicaciones de los grupos en mención.
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