El nuevo Código Procesal Penal, abierto a mejoras

» Magistrado de la CSJ insiste en que se falló al no simplificar el proceso judicial

Participantes. El magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán; el juez de sentencia Carlos Sánchez y el magistrado de Cámara, Sergio Luis Rivera, durante un foro al que también se invitó a la Fiscalía.FOTO EDH / mauricio caceres

El nuevo Código Procesal Penal establece controles sobre las instancias judiciales, derechos a las víctimas y testigos y regula los beneficios para los imputados confesos, expusieron los jueces que participaron de su elaboración en la Asamblea Legislativa, aunque reconocen que el documento puede ser mejorado.

Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, insistió en que se debió simplificar la estructura del proceso y que aún se puede hacer.

Estos son parte de los principales razonamientos vertidos durante un foro sobre la temática organizado por El Diario de Hoy, al cual también se invitó a la Fiscalía General de la República pero minutos antes desistieron de participar.

El Juez Tercero de Sentencia, Carlos Sánchez, declaró que en la normativa aprobada hace un par de semanas no sólo se ha establecido más control a los fiscales y abogados, sino también a los juzgadores a través del cumplimiento de plazos y de apelaciones en instancias superiores.

"Todas las instituciones están sujetas a un control. Muchas de las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces, criticadas por los medios de comunicación y por la sociedad civil, partían de la base que no se tenía control suficiente. Todos estos aspectos se trataron de regular", indica el funcionario.

Para el caso, se establecen plazos para las diligencias judiciales, para pedir revisión de la decisiones de jueces y la interposición de recursos contra resoluciones.

La reincorporación de la apelación de la sentencia es uno de estos nuevos controles. Actualmente, fiscales y defensores sólo pueden pedir una casación (revisión de la legalidad de un fallo final), pero el tribunal superior no puede definir si se hizo una buena valoración de la prueba y los testimonios.

La FGR debe negociar

Además, seguirá siendo responsabilidad de la Fiscalía negociar el criterio de oportunidad (beneficios judiciales a un reo confeso que colabora con las autoridades), pero un juez deberá avalarlo si este cumple con los requisitos legales (ver nota aparte).

Lo que especialistas como el magistrado Guzmán no avala, es que no se haya aprovechando la oportunidad para simplificar el proceso penal, tal y como se planteó en el primer proyecto entregado por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.

En el proyecto aprobado se determina que los jueces de sentencia conocerán individualmente del 90% de los casos. Sólo los juicios complejos o previos a la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado serán estudiados por el tribunal colegiado, es decir, por tres jueces.

No obstante, para el magistrado Guzmán sigue existiendo exceso de personal en la planta judicial, ya que el trabajo de cinco jueces pueden hacerlo dos.

"Hay que admitir que hay cambios técnicos que quedaría un Código Procesal Penal mejor. Sin embargo, la estructura del proceso no cambió y eso pudo haber reducido costos económicos o se pudieron reforzar otras jurisdicciones que necesitarán más planta judicial", explicó.

Para el magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal, Sergio Luis Rivera, la estructura de los tribunales de sentencia (de tres jueces) se mantuvo porque es más difícil corromper a tres jueces que a uno. Además, en casos complejos, donde se procesan a más de 40 imputados, un juez puede confundirse o caer en un error, al procesar tanta información, justificó.

"Pensamos que hay casos complejos que requieren de varios jueces porque la probabilidad de incurrir en un error es bastante grande. Un tribunal colegiado se convierte en una garantía", dijo Guzmán.

ABIERTOS AL CAMBIO

Pese a estar satisfechos por el apoyo unánime que recibió la normativa procesal penal de parte de la Asamblea Legislativa, Carlos Sánchez y Sergio Rivera expresaron su disposición que ésta pueda ser modificada para bien.

"Toda normativa es perfectible y es mucho más cuando se ha visto su desarrollo", afirmó Sánchez.

Los jueces proponen que una vez la ley entre en vigencia, el gobierno haga un diagnóstico constante, cada tres meses o cada año, todo dependerá. Para ver qué ha funcionado o no y hacer los correctivos necesarios.

"Tiene que ser diagnosticado. Somos humanos, tenemos en nuestra condición la imperfección... entonces es por eso que las leyes y las decisiones tienen que ser revisadas", acotó el juez.

Agregó que el primer proyecto que entregó la Comisión Coordinadora del Sector Justicia fue rechazado en el proceso de consulta al que fue sometido a jueces, abogados, representantes de universidades, entre otros.

Incluso, cuando se elaboró el segundo proyecto, se pidió a todos los sectores que hicieran sus observaciones, las cuales fueron consideradas y, en algunos aspectos, modificados.

Indicó que todos tuvieron que ceder, en algún aspecto, para lograr consenso y realizar un mejor proyecto que cumpla las necesidad actuales de la sociedad.

La legislación aprobada es una recopilación que extrae "lo mejor" del primer proyecto del año anterior, la normativa actual y la de 1974, que rigió hasta 1998.

Funcionarios de la secretaría de asuntos jurídicos de la Presidencia, la Fiscalía General y el Ministerio de Seguridad analizan el nuevo código para entregarle un informe al presidente Saca, a fin de que decida si le pone reparos, lo veta o lo sanciona.

El Ministerio de Seguridad adelantó que se está estudiando especialmente lo relativo a quién otorgará los beneficios para los imputados confesos, que no se enfrente a niños y adolescentes con imputados, sanciones a fiscales, los plazos procesales y las prescripciones (extinción del tiempo de persecución).