Al tratar de conocer si se había llevado a cabo el requerimiento fiscal, las autoridades de la FGR de Cojutepeque, dijeron que la persona encargada de brindar esa información no se encontraba y que por tal motivo no podían dar ningún detalle del caso.
El pasado jueves el sacerdote Meléndez Campos, auxiliar de la parroquia El Calvario de Cojutepeque, se disponía a celebrar la Eucaristía a las 3:00 de la tarde cuando dos sujetos llegaron pidiendo hablar con él para que les realizara un oficio religioso, sin embargo eran detectives de la policía y lo detuvieron.
La detención se produjo ya que sobre él pesa una acusación de haber cobrado a Abel Antonio Artiga Herrera (27 años) y su esposa, María Margarita Reyes (23 años), 17 mil 500 dólares para evitar un supuesto "castigo divino". Tal castigo habría sido revelado durante jornadas de oración en casas en San Juan Tepezontes y Cuscatancingo; por lo que el sacerdote aparentemente exigía el dinero para evitar dicho mal. El dinero, supuestamente lo utilizaría para obras de la Parroquia.
Según trabajadores de la Fiscalía la persona encargada de este requerimiento es el fiscal Roberto Aguiar, a quien en repetidas ocasiones se trato de consultar pero fue en vano, ya que dijeron que estaba realizando otras diligencias.
Fuentes policiales dijeron que Meléndez y sus dos ayudantes se encontraban recluidos en las celdas de la Subdelegación de Cojutepeque. Pero que por la naturaleza del caso no podían brindar información al respecto.
Al consultar a la policía sobre si era posible entrevistar al sacerdote dijeron que eran las autoridades de la División de investigación Criminal (DIC) quienes podía ordenar tal petición.
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