"Just Garments", una fábrica promocionada en el extranjero como la maquila "limpia" fue oficialmente encadenada por el Ministerio de Trabajo.
Una serie de denuncias laborales, acciones estatales y demandas privadas, revelan que Just Garments no sólo fue un foco de explotación laboral masiva, sino también una herramienta para defraudar a individuos y a organizaciones en los Estados Unidos.
Al centro de estas pugnas legales se encuentra Gilberto Ernesto García Dueñas, fundador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL) y un asesor en el tema para el FMLN, que alcanzó notoriedad internacional en el 2002 por su activismo y sus denuncias contra las condiciones de las trabajadoras en las maquilas textiles.
García, que se presentaba como el "administrador único suplente" o el "único representante legal" de Just Garments, recaudó cientos de miles de dólares en donaciones, préstamos e inversiones en Estados Unidos.
A pesar de decir que representaba a una fábrica textil, García no vendía prendas, vendía una idea.
Just Garments, afirmaba él, era el ejemplo que los sindicalistas y las organizaciones que trabajaban por mejorar las condiciones de las trabajadoras de las maquilas necesitaban.
Durante cuatro años, Just Garments fue internacionalmente promocionada como la única maquila donde las trabajadoras mismas eran las propietarias y donde, por lo tanto, las condiciones laborales y salariales estaban muy por encima de lo habitual.
Docenas de documentos oficiales, incluyendo escrituras públicas y registros de instituciones gubernamentales, demuestran que ni una de esas afirmaciones era cierta.
Si bien las empleadas de Just Garments tenían sillas ergonómicas, pero en un sentido muy real eran esclavas.
la pesadilla
El salario fijado para los trabajadores de Just Garmentes, mujeres en su mayoría, no sólo estaba por debajo del mínimo.
La verdad, confirmada por una abundancia de testimonios y documentos generados por 19 demandas laborales, es que no se les pagaba lo pactado.
Bajo falsas promesas y la presión social de un proyecto de "empleo justo", las empleadas sufrían este abuso por meses y hasta años en silencio, hasta que, presionadas por su situación económica, abandonaron la fábrica.
Debido a este ciclo vicioso que obligaba a las empleadas a buscar trabajo en otras partes, ninguna de las "propietarias" originales quedaba cuando García cerró la empresa el 2 de abril de 2007.
El fracaso de Just Garments se debió a "la falta de órdenes de producción y apoyo financiero para sobrevivir", argumentó García en "Una aclaración necesaria", su respuesta a una denuncia hecha por el Comité Nacional Laboral de los Estados Unidos el 24 de abril de este año.
En esa carta García se lamenta de "que se está circulando información haciendo creer que ha habido fraude o malversación de fondos en Just Garments".
El propósito real de la carta es representar como culpables del fracaso de la fábrica a los individuos y organizaciones que habían iniciado demandas contra él.
Estos acreedores son Carlos Simán Safie, el propietario del local a quien García le debe 40 mil dólares, y SEAC Internacional, a quien le debe 148 mil dólares.
Esas no son las únicas deudas de Just Garments. Hay otra con CAESS por 6 mil dólares.
Más significativas son las deudas que demuestran una falta de compromiso social con las trabajadoras, a quienes se les debe 20 mil dólares en cuotas de pensiones y cerca de 7 mil 700 dólares en cotizaciones del Seguro Social, parte de una deuda de 65 mil dólares en salarios y prestaciones no pagadas a 55 de las empleadas.
Este fue el patrón de comportamiento que García le imprimió a la empresa.
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social demandó en dos ocasiones a Just Garments por no pagar las cotizaciones de sus empleadas durante casi dos años, entre enero de 2004 y octubre de 2005, por una deuda total de 17 mil 669 dólares.
En un comunicado publicado el primero de mayo, Oscar Bolaños, presidente de CEAL, reafirmó su apoyo a García.
Al mismo tiempo, Bolaños admitió que CEAL también apoyó a Just Garments "con préstamos sin intereses y sin garantía de nuestros limitados fondos, para ayudar a cubrir las necesidades de las trabajadoras en momentos críticos", préstamos que "no pudo pagar totalmente".
El derrumbe
El 2 de abril, acosado por demandas inminentes, García encadenó las puertas de la fábrica, según el testimonio de una empleada, e inició una batalla política para salvar su reputación.
El Mandamiento del Embargo, librado por el Juez Primero de lo Civil el 29 de junio de 2007 es la pieza que da un golpe letal al castillo de naipes que García había construido.
En este documento, anexado a la carpeta de Just Garments en el Registro de Comercio, el Estado salvadoreño declara por primera vez y de forma inequívoca que Just Garments "no ha cumplido con sus obligaciones de Comerciante Social al no haber matriculado su Empresa Mercantil".
Es decir, más allá del registro comercial de su Constitución Legal el 8 de abril de 2003, Just Garments era una empresa fantasma, sin libros legítimos de contabilidad, y al margen de la legalidad y de los controles estatales.
El documento de constitución establece que el propietario legítimo de Just Garments, dueño del 99% de las acciones, es Tao Chang Wu, un empresario chino. García, a título personal, es dueño de una sola acción que compró por 120 dólares.
Ninguna de la empleadas fue nunca propietaria legal de la empresa, de manera cooperativa, tal y como se hizo creer en el extranjero.
Otro documento, un Poder General Judicial, suscrito el mismo día que la constitución de la empresa, informa que García no ha tenido nunca la autoridad legal para adquirir fondos o préstamos a nombre de la empresa.
Se estima que García recibió, sólo en el 2006, unos 200 mil dólares en donaciones, pero sólo informó 31 mil en un informe financiero que publicó a finales de abril y que no cuenta con el respaldo de un auditor.
También hay correspondencias y documentos elaborados por García que proponen acciones fraudulentas o que demuestran malicia: una intención deliberada para defraudar sobre la base de falsas atribuciones.
Varias organizaciones, incluyendo dos que tienen capacidad de acción legal, Las Dignas y el instituido de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), han acogido las demandas de 19 ex empleadas de Just Garments.
Mientras tanto, policías resguardan lo poco que queda de un sueño robado.El viernes 20 de julio un sueño fue embargado. Just Garments, una fábrica promocionada en el extranjero como la maquila "limpia" fue oficialmente encadenada por el Ministerio de Trabajo.
Una serie de denuncias laborales, acciones estatales y demandas privadas, revelan que Just Garments no sólo fue un foco de explotación laboral masiva, sino también una herramienta para defraudar a individuos y a organizaciones en los Estados Unidos.
Al centro de estas pugnas legales se encuentra Giberto Ernesto García Dueñas, fundador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL) y un asesor en el tema para el FMLN, que alcanzó notoriedad internacional en el 2002 por su activismo y sus denuncias contra las condiciones de las trabajadoras en las maquilas.
García, que se presentaba como el "administrador único suplente" o el "único representante legal" de Just Garments, recaudó cientos de miles de dólares en donaciones, préstamos e inversiones en los Estados Unidos.
A pesar de decir que representaba a una fábrica textil, García no vendía prendas, vendía una idea.
Just Garments, afirmaba él, era el ejemplo que los sindicalistas y las organizaciones que trabajaban por mejorar las condiciones de las trabajadoras de las maquilas necesitaban.
Durante cuatro años, Just Garments fue internacionalmente promocionada como la única maquila donde las trabajadoras mismas eran las propietarias y donde, por lo tanto, las condiciones laborales y salariales estaban muy por encima de lo habitual.
Docenas de documentos oficiales demuestran que ni una de esas afirmaciones era cierta.
Las empleadas de Just Garments tenían sillas ergonómicas, pero en un sentido muy real eran esclavas.
La pesadilla
El salario fijado para los trabajadores de Just Garmentes, mujeres en su mayoría, no sólo estaba por debajo del mínimo. La verdad, confirmada por una abundancia de testimonios y documentos generados por 19 demandas laborales, es que no se les pagaba.
Bajo falsas promesas y la presión social de un proyecto de empleo justo, las empleadas sufrían este abuso por meses y hasta años en silencio, hasta que, presionadas por su situación económica, tenían que abandonar la fábrica.
El fracaso de Just Garments se debíó a "la falta de órdenes de producción y apoyo financiero para sobrevivir", argumentó García en "Una aclaración necesaria", su respuesta a una denuncia hecha por el Comité Nacional Laboral de los Estados Unidos el 24 de abril.
En esa carta García se lamenta de "que se está circulando información haciendo creer que ha habido fraude o malversación de fondos en Just Garments".
El propósito real de la carta es representar como culpables del fracaso de la fábrica a los individuos y organizaciones que habían iniciado demandas contra él.
Estos acreedores que ahora buscaban recuperar sus pérdidas incluyen a Carlos Simán Safie, el propietario del local a quien García le debe 40 mil dólares y SEAC Internacional, a quien le debe 148 mil dólares.
Esas no son las únicas deudas de Just Garments. Hay otra con CAESS por 6 mil dólares.
Más significativas son las deudas que demuestran una falta de compromiso social con las trabajadoras, a quienes se les debe 20 mil dólares en cuotas de pensiones y cerca de 7 mil 700 dólares en cotizaciones del Seguro Social, parte de una deuda de 65 mil dólares en salarios y prestaciones no pagados a 55 empleadas.
Este fue un patrón de comportamiento. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social demandó en dos ocasiones a Just Garments por no pagar las cotizaciónes de sus empleadas entre enero de 2004 y octubre de 2005, por un total de 17 mil 669 dólares.
En un comunicado publicado el primero de mayo, Oscar Bolaños, presidente de CEAL, reafirmó su apoyo a García. Al mismo tiempo, admitió que CEAL también apoyó a Just Garments "con préstamos sin intereses y sin garantía de nuestros limitados fondos, para ayudar a cubrir las necesidades de las trabajadoras en momentos críticos", préstamos que "no pudo pagar totalmente".
El derrumbe
El 2 de abril, acosado por demandas inminentes, García encadenó las puertas de la fábrica, según el testimonio de una empleada, e inició una batalla política para salvar su reputación.
El Mandamiento del Embargo, librado por el Juez Primero de lo Civil el 29 de junio de 2007 es la pieza que da un golpe letal al castillo de naipes que García había construido.
En este documento, anexado a la carpeta de Just Garments en el Registro de Comercio, el Estado salvadoreño declara por primera vez y de forma inequívoca que Just Garments "no ha cumplido con sus obligaciones de Comerciante Social al no haber matriculado su Empresa Mercantil".
Es decir, más allá del registro comercial de su Constitución Legal el 8 de abril de 2003, Just Garments era una empresa fantasma, sin libros legítimos de contabilidad, y al margen de la legalidad y de los controles estatales.
El documento de constitución establece que el propietario legítimo de Just Garments, dueño del 99% de las acciones, es Tao Chang Wu, un empresario chiño. García, a título personal, es dueño de una sola acción que compró por 120 dólares.
Ninguna de la empleadas fue nunca propietaria legal, de manera cooperativa, de la empresa.
Otro documento, un Poder General Judicial, suscrito el mismo día que la constitución de la empresa, informa que García no ha tenido nunca la autoridad legal para adquirir fondos o préstamos a nombre de la empresa.
Se estima que García recibió, sólo en el 2006, 200 mil dólares en donaciones, pero sólo reportó 31 mil. También hay correspondencias y documentos elaborados por García que proponen acciones fraudulentas o que demuestran malicia: una intención deliberada para defraudar sobre la base de falsas atribuciones.
Varias organizaciones, incluyendo dos que tienen capacidad de acción legal, han acogido las demandas de 19 ex empleadas de Just Garments. Mientras tanto, policías resguardan lo poco que queda de un sueño robado.
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