Rechazo general a penalizar la crítica
el presidente funes, la iglesia católica, gremiales de la empresa privada y la Asociación de periodistas han reiterado en innumerables ocasiones la importancia de no sancionar con cárcel la libertad de expresión
Desde que en el seno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema se debate la despenalización a la libertad de expresión, autoridades y representantes de la sociedad civil han formulado múltiples llamados a los magistrados para que no declaren inconstitucional la disposición del artículo 191 del Código Penal que exime de cárcel a los periodistas por las críticas que emitan.
Uno de los más contundentes ha sido el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien ejerció el periodismo por más de 20 años antes de llegar al cargo y que externó directamente su preocupación ante la posibilidad de que la Sala emita un fallo en contra de la libre expresión.
"Con ustedes, periodistas, comparto mi preocupación por el fallo que pueda dar la Sala de lo Constitucional en el tema de la despenalización de la crítica periodística. Yo también los acompaño en esa lucha. No podemos penalizar a quienes expresen opinión, no con el afán de dañar imágenes, sino en un afán de construir una sociedad mejor para todos", declaró el mandatario en las celebraciones del Día del Periodista.
A esas exhortaciones se sumó el Arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Escobar Alas, quien pidió a la Sala que declare constitucional el artículo 191. "Es el derecho de un pueblo de estar informado, de conocer la verdad y también el derecho de cada persona de expresarse con toda libertad, tal cual estos artículos tanto de la Constitución y del Código Penal lo señalan", afirmó.
La Cámara de Comercio ha dicho que la libertad de expresión constituye un baluarte de la dignidad humana en las sociedades democráticas "porque favorece la tolerancia en el debate público, permite la fiscalización de poderes políticos, amplía la oferta de opiniones y pule el criterio social".
Mientras que Raúl Melara, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), cree que un fallo que favorezca la penalización vendría a dar un paso a una ley mordaza.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha recordado a la Sala que el desarrollo democrático del país se debe a la irrestricta libertad de expresión y la garantía de que los informadores hagan su trabajo sin el miedo de ser encarcelados.