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Anteproyecto de ley de medicamentos es inconstitucional

Así lo advierten el Colegio Médico y la industria químico farmacéutica, ya que la iniciativa delega al Ministerio de Salud la responsabilidad constitucional del Consejo Superior de Salud Pública. Este sería desmantelado mediante varias derogaciones en el Código de Salud, Ley del Consejo Superior de Salud Pública y Ley de Farmacias

El Diario de Hoy Domingo, 28 de Marzo de 2010

La propuesta del Ministerio de Salud, de hacerse del control irrestricto de la salud, lo ha llevado, según el Colegio Médico y la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar), a descerrajar el artículo 68 de la Constitución de la República que establece al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) como la institución que debe velar por la salud de los salvadoreños.

El artículo 68 de la Constitución, en la sección cuarta, habla de la Salud Pública y Asistencia Social, y asegura textualmente que "un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico-veterinario: tendrá un presidente y un secretario de nombramiento del Órgano Ejecutivo, quienes no pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley determinará su organización".

También manifiesta que "el ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo, será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes con sólo robustez moral de prueba".

En este sentido, los responsables de la vigilancia ya están contemplados en la "Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de los Organismos de Vigilancia del Ejercicio Profesional", la cual establece a la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica (JVPQF) como la garante de esa área desde la perspectiva sanitaria.

Sin embargo, el Ministerio de Salud se ampara en los artículos 1 y 69 de la Constitución para echar en marcha su anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que, entre otras cosas, busca regular el mercado, garantizar la calidad de los medicamentos y que la información de los mismos sea declarada de carácter público.

Una de las apuestas de Salud es hacerse de las responsabilidades de las juntas de vigilancia del CSSP, el cual, según declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, a un canal local, no cumple con sus funciones.

Espinoza afirmó que el CSSP hace sus funciones "marginalmente", amparando la vigilancia de los medicamentos en el Código de Salud, "que es una ley secundaria". Esto —según el funcionario— "es lo que ha viciado todo el asunto, porque el Consejo y las juntas de vigilancia están diseñadas como organismos colegiados que son para vigilar el ejercicio profesional, y no están diseñadas para hacerse cargo del registro de los medicamentos".

Espinoza añade: "Eso crea una situación terrible, porque los que llegan ahí (al CSSP) como representantes colegiados son o están ligados de alguna manera a la industria químico farmacéutica. Entonces, se convierten en juez y parte a la hora de ejecutar el proceso de registro".

No obstante, estas ambiciones, son valoradas como inconstitucionales por el presidente del Colegio Médico, Rodolfo Canizález, quien además critica la exclusión de la institución del Consejo Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CNMPS) que contempla el anteproyecto.

"Que el ministerio quiera llevarse las responsabilidades de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, es inconstitucional", argumentó Canizález, quien observó que las responsabilidades que pretende adquirir el Ministerio de Salud, verdaderamente, serán absorbidas por los galenos y, para ello, no hay ningún financiamiento.

Canizález cuestionó que participen en el CNMPS representantes del Centro Nacional de Registros y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y no ellos que son el Colegiado Médico. "Me pregunto: ¿saben ellos de medicamentos? Además, no hay ningún perfil, dentro de esa ley para los que deben integrar el consejo".

También catalogó como absurdo que se pretenda que los médicos tengan que informar de los efectos adversos que pueden tener los medicamentos en los pacientes, cuando ellos, en muchos hospitales, principalmente los nacionales, no tienen un control total de los medicamentos.

"Las sanciones que ponen a los médicos por no informar, superan los seis mil dólares y, entonces, los compañero que tienen un salario indigno van a pagar esa cantidad por no dar esa información. La calidad de los medicamentos puede mejorar si se facilita la información, pero los médicos no pueden ser sancionados por no hacerlo", expresó.

La anterior tesis es respaldada por el presidente de Inquifar, José Mario Ancalmo, quien argumentó que el anteproyecto "tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que velar por la salud del pueblo incluye el tema de los medicamentos. Si ellos despojan al CSSP de esa potestad, se estaría violando el mandato constitucional".

Carmen Estela Pérez, directora ejecutiva de Inquifar y abogada, explicó que Salud ha realizado una interpretación errónea de una sentencia de la Sala de lo Constitucional para pasar las atribuciones del CSSP al ramo de Salud. "Lo que pretenden con esta ley es vaciar de contenidos todas las funciones del CSSP, y lo despojan de manera absoluta de sus atribuciones relacionadas con los medicamentos. Van a dejar al Consejo, que es una autónoma por mandato constitucional, con nada por hacer. Sólo lo dejarán con la vigilancia de las profesiones", advirtió Pérez.

Otro vicio de inconstitucionalidad señalado es respecto a la fijación de precios, ya que esta función, según Inquifar, está contemplada para casos excepcionales, detallado en el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual "garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social. El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país".

De esta manera, Inquifar subrayó que de ser aprobado el proyecto, "al día siguiente", tendrá un recurso de inconstitucionalidad puesto ante la Corte Suprema de Justicia.

Otros abogados, que pidieron no identificarse, también observan vicios de inconstitucionalidad en la propuesta.

Enrique Valdés, médico y diputado por ARENA, se suma a las críticas. "La ley lo que busca es un Estado controlador e inquisidor porque será el Estado el que decidirá de firma arbitraría la fijación de precios y esto podría llevar a escasez de los productos a los que no tienen acceso los ciudadanos, pero también obligan a las empresas a entregar información que es propia de las empresas y, por lo tanto, atenta contra la libre competencia", asevera el legislador.

Pero del lado del partido oficial, la diputada Zoila Quijada dice que quienes se oponen a esta ley es porque quieren impedir que se controle la calidad de los productos.

Desmantelamiento del CSSP

Más contundentes son las valoraciones de Rosa Margarita Zaldívar, presidenta de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, quien indicó que el manejo de los precios no es competencia del CSSP ni de la Junta de Vigilancia de Profesión Químico-Farmacéutica. Es, asegura, una responsabilidad del Ministerio de Economía.

Zaldívar llamó "falsas" las observaciones en el considerando III del proyecto en el que "las competencias asignadas en el régimen de medicamentos a la Junta de Vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica, ya no se adecuan a las condiciones sociales y sanitarias que demanda el país, siendo necesario un nuevo marco legal que aborde integralmente el tema de los medicamentos, productos naturales, vitamínicos y de otros que ofrezcan o no acción terapéutica, desde su fabricación hasta comprobar la efectividad de los mismos en la población que hace uso de ellos".

Zaldívar dijo que la junta que preside está constantemente actualizándose, por lo cual no se puede justificar la creación del anteproyecto en una valoración falsa.

La propuesta de Salud también contempla, en el artículo 111, que "cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga referencia a atribuciones concedidas al Consejo Superior de Salud Pública o a las Juntas de Vigilancia de las Profesiones relacionadas con la Salud, que por la presente se le hayan confiado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se entenderá que a partir de la vigencia de esta Ley lo serán de éste último". Esto certifica que sólo el Ministerio de Salud tendrá total control del tema.

Además, el artículo 113 explica que el CSSP queda facultado para realizar la transferencia de los activos, consistentes en bienes muebles en favor del Ministerio de Salud, que ya no sean útiles para el cumplimiento de sus fines en virtud de las disposiciones contenidas en la ley, y asimismo, el CSSP transferirá el total de archivos y documentos que constituyen el registro de medicamentos y establecimientos farmacéuticos, para que a partir de la vigencia de la presente ley sean administrados por el Ministerio de Salud.

Por si esto fuera poco, en el artículo 115 pide que se deroguen del Código de Salud: los literales a, g, h, i, k, n, r, s, t, u, v y x del artículo 14, que designan al CSSP como garante de la salud del pueblo.

Incluye la derogaciones en la ley del CSSP, "del inciso segundo del artículo 2", y los literales g, h, i, k, l y o del artículo 11. Y como punto final, ordena la derogación total de la Ley de Farmacias, la que está vigente desde junio de 1927.