Aunque no detalló cuáles son esos acuerdos alcanzados, el mandatario adelantó que los mismos están relacionados con la reducción de la tarifa y servicios adicionales que las empresas telefónicas están en la capacidad de brindar a sus usuarios.
"Me he estado reuniendo con representantes de las empresas telefónicas y estamos llegando a acuerdos que permitan beneficiar la economía familiar, especialmente los más pobres", afirmó Funes.
El jefe del Ejecutivo también anticipó que están negociando que la nueva tarifa de cargo básico esté equiparada con las que se cobran en el resto de países de Centroamérica, tal como lo propuso el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
En la actualidad, en el país los operadores telefónicos cobran arriba de los nueve dólares en concepto de cargo de acceso a la red, pero según el gobierno, se busca bajar ese monto.
"Y eso estamos negociando con las empresas telefónicas, ha habido una disposición de las empresas a hacer los ajustes que sea necesario hacer para no afectar tanto el bolsillo del consumidor, y ha habido disposición también de este gobierno para buscar una solución", explicó el mandatario.
Funes ha prometido dar "en su momento" el anuncio sobre los acuerdos con las telefónicas.
Las negociaciones surgen al margen de la decisión que la Presidencia tome respecto al decreto legislativo, el cual fue enviado hasta ayer por la tarde al Ejecutivo, un día antes del vencimiento del plazo que manda la ley para ese proceso.
En resumen, los diputados han tardado nueve días hábiles en mandar el documento a Casa Presidencial. La ley establece que el término para hacerlo son diez días hábiles.
El Ejecutivo tiene ocho días para decidir si lo sanciona, lo veta o lo observa, y luego enviarlo de nuevo a la Asamblea.
El Presidente dejó en claro ayer que no sancionará el decreto porque no aprueba el método seguido por la Asamblea. A su juicio no fue el adecuado porque no había ninguna prisa para introducirlo al pleno con dispensa de trámite, en vez de enviarlo a la comisión respectiva para que fuera discutido con más tiempo y tomar una decisión más pensada.
La negativa del Ejecutivo ha generado críticas de partidos políticos, incluso del FMLN, cuyo vocero Sigfrido Reyes llegó a plantearle que su decisión debía demostrar si estaba del lado de los salvadoreños o de las compañías telefónicas.
ARENA también ha defendido que su decisión de pedir dispensa de trámite para el decreto y haberlo respaldado fue pensando en "el bolsillo de los salvadoreños".
"No es el fondo de la cuestión lo que yo he cuestionado, no es que yo haya cuestionado la eliminación del cargo básico porque quiera proteger a las empresas de telefonía. Es un dilema mal planteado, incluso, en mi opinión es un dilema demagógico que pretende meter en problemas a la Presidencia de la República", se quejó Funes.
El Legislativo y el Ejecutivo han mantenido diferencias en torno al decreto. La semana pasada, Funes tildó de irresponsables a los diputados por tomar esa decisión sin ser analizada ni consultada con él ni con las telefónicas.
Ayer volvió a arremeter contra los diputados que, según él han puesto en duda la "vocación" de su gobierno por los más pobres, pues dice hay acciones concretas que lo respaldan. "Entonces la crítica no va para todos los diputados, va para aquel que se sienta aludido", manifestó.
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