"Les pido ese favor (a los medios de comunicación), sería bueno que al final le comunicaran a los empleados públicos que no se va a crear una situación de inestabilidad, eso sería una locura. Además, cómo vamos a despedir a 30 mil empleados, de dónde vamos a sacar los sustitutos de esos 30 mil", aseveró Funes.
El mandatario reiteró que, por un lado, enfrenta presiones de ARENA a través del acompañamiento a empleados que dicen haber sido despedidos por razones ideológicas, pero por el otro, los sindicatos estatales le piden "la cabeza de gentes". Dijo que él no actuará por presión de nadie y que "al final van a conservar sus cargos aquellos que los necesite la administración pública".
ARENA ha dicho que los contratos de seis mil a 40 mil empleados podrían no ser renovados.
Al cierre del año se vencen más de 33 mil contratos en el sector público. Hasta la fecha la gran mayoría de los mismos se han venido renovando cada año, pero con el cambio de gobierno y de partido, surge la zozobra.
Desde el 1 de junio, día de asunción de la administración Funes, se han registrado decenas de despidos en distintas instituciones públicas, tal es el caso de los más de 150 personas cesadas en el Centro Nacional de Registros y la Secretaría de Inclusión Social. El argumento de las autoridades es que han sido puestos de confianza, que no cuentan con presupuesto para sostenerlas o que eran ocupados por activistas de ARENA.
El presidente Funes dijo ayer que se está analizando la situación de los 30 mil contratos. "Lo que le puedo garantizar es que a nadie se le va a despedir por razón de su afiliación partidaria. Aquel que se necesite porque ha prestado un servicio que debe de seguir siendo prestado, no tenemos porqué no renovarle su contrato", aseguró el mandatario.
El gobernante, quien dijo que se está utilizando el tema de los despidos como una "cortina de humo", afirmó que ha dicho a sus ministros que no tolerará que hagan despidos por razones partidarias, sino por "razones de peso" y de "carácter legal".
El caso FosaludMientras el gobierno intenta tranquilizar a los trabajadores estatales, seis empleados del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) libran su propia batalla porque se les respete el término de su contrato o se les despida e indemnice conforme a la ley.
Ayer sostuvieron una reunión con el gerente técnico y el asesor jurídico de la institución para negociar la salida de la institución. Algunos de los afectados dijeron que no podían aceptar la oferta que se les hizo de firmar un nuevo contrato para desempeñar un cargo de menor jerarquía al de supervisor técnico del trabajo que realizan los 148 centros de salud que desempeñan actualmente y con una remuneración menor.
Los afectados, tres médicos, dos odontólogos y una enfermera, tienen entre tres y cuatro años de laborar para la institución.
La directora ejecutiva de Fosalud, Verónica Villalta, dijo que los supervisores no han desempeñado el trabajo que exige su puesto porque sólo hacen visitas esporádicas y no hay constancia de que hayan resuelto problemas que se registran en los centros de salud.
En el caso de los médicos dijo que les han propuesto plazas en las clínicas en San Salvador en vista de que se ha iniciado una reestructuración interna la labor de supervisor recaerá en Salud.
SAN MIGUEL 31° C
CORREO
